APUNTE.COM.DO.- Por Jhonny Trinidad

La pregunta se repite en cada elección y esta vez mi respuesta es distinta. ¿Por quién voté? No voté solo por mí. Voté por los inmigrantes que no pudieron hacerlo, por todos los que han sido abusados y maltratados por ICE.

Voté con la conciencia de que en Estados Unidos hay millones de personas que sostienen la economía, que pagan renta, que pagan impuestos, que crían hijos que son ciudadanos estadounidenses, pero que no tienen derecho a marcar una boleta. Son once millones de indocumentados según las estimaciones más conservadoras, y si se cuentan sus familias directas, el número se duplica.

Entrar a la cabina el pasado 4 de noviembre fue entender que el voto no es solo un derecho individual, es una responsabilidad colectiva, un voto prestado que carga con historias que no salen en televisión.

UN VOTO PRESTADO QUE CARGA CON HISTORIAS SILENCIADAS

Durante mucho tiempo se habló de la inmigración como una cifra, como un problema fronterizo. Pero la realidad de los últimos dos años ha cambiado el foco hacia el interior del país y hacia el funcionamiento de la propia agencia encargada de hacer cumplir la ley migratoria. El Servicio de Inmigración y Control de Aduanas (ICE) ha sido objeto de una cascada de denuncias documentadas no por activistas, sino por el propio Inspector General del Departamento de Seguridad Nacional, por la Unión Americana de Libertades Civiles y por decenas de bufetes legales que llevan casos pro bono.

Hablamos de detenciones sin orden judicial en las que el detenido pasa horas sin saber por qué está esposado, sin acceso a un abogado y sin una llamada. Hablamos de traslados nocturnos, una práctica cada vez más común, en la que una persona detenida en Nueva York amanece en un centro en Luisiana o Mississippi, lejos de su familia, lejos de su abogado, lejos de cualquier red de apoyo. Hablamos de centros de detención privados que operan con contratos millonarios por cama ocupada, donde el incentivo es mantener a la gente encerrada el mayor tiempo posible. Allí se han reportado condiciones de hacinamiento extremo, falta de atención médica básica, uso del confinamiento solitario como castigo por quejarse, y mujeres que denuncian que no se les permite siquiera una toalla sanitaria digna.

EL MIEDO COMO HERRAMIENTA DE CONTROL

El caso más doloroso, y el que más se repite en los testimonios que he recogido en Washington Heights, en Providence y en Lawrence, es el miedo. El miedo que impide a una madre denunciar violencia doméstica porque le han dicho que ICE puede estar afuera de la corte. El miedo que hace que un padre no lleve a su hijo a la sala de emergencias. El miedo que hace que un trabajador no reclame salarios robados porque el patrón amenaza con llamar a inmigración.

Ese miedo no es un efecto secundario, es parte del sistema. Cuando un trabajador tiene miedo, acepta menos salario. Cuando una madre tiene miedo, no denuncia. Cuando una comunidad tiene miedo, no se organiza. Y eso termina beneficiando a quien quiere mano de obra barata y silenciosa.

EL ROSTRO DOMINICANO DE LA VULNERABILIDAD MIGRATORIA

Para la comunidad dominicana este tema no es abstracto. Somos una de las diásporas más grandes de Estados Unidos, con más de dos millones y medio de personas entre primera y segunda generación. Según datos del Banco Central de la República Dominicana, solo en remesas enviamos más de 12 mil millones de dólares al año, sosteniendo a cientos de miles de familias en la isla. Pero al mismo tiempo somos una comunidad marcada por la vulnerabilidad migratoria.

Muchos dominicanos llegaron en los ochenta y noventa, regularizaron a parte de su familia y se quedaron con un hermano, un primo, un hijo en un limbo legal que se ha prolongado por décadas. Conozco bodegueros en el Alto Manhattan que tienen ITIN (Número de Identificación Personal del Contribuyente) desde 2008, que han pagado impuestos religiosamente cada abril esperando