APUNTE.COM.DO.- Antes de volver a dividir el mapa dominicano, convendría preguntarnos cuánto cuesta cada nueva raya y, sobre todo, qué problema público resuelve. La República Dominicana tiene hoy 31 provincias y el Distrito Nacional. Y, sin que el tema haya provocado todavía una discusión nacional de la magnitud que merece, el Congreso tiene sobre la mesa dos proyectos que podrían llevarnos a 33 provincias.

Uno propone crear Santa Lucía, separando de San Juan los municipios de Las Matas de Farfán, El Cercado y Vallejuelo. El otro plantea crear Matías Ramón Mella, tomando de la actual provincia Santo Domingo los municipios Santo Domingo Norte, Santo Domingo Oeste, Los Alcarrizos, Pedro Brand y La Victoria. Ambas iniciativas comenzarán a ser estudiadas en la nueva legislatura.

Podemos discutir los méritos particulares de cada propuesta. Pero hay un asunto previo que rara vez forma parte de la discusión pública dominicana: ¿cuántas provincias necesita realmente un país de nuestro tamaño para ser bien administrado? No cuántas quieren sus comunidades. No cuántas resultan políticamente convenientes. No cuántos nombres de próceres quedan por honrar en el mapa.

¿Cuántas necesitamos? La pregunta parece sencilla, pero obliga a revisar una práctica dominicana muy arraigada: cuando una comunidad siente que el Estado está lejos, tendemos a crear otra demarcación, otra oficina, otra estructura administrativa. Suponemos que acercar físicamente la burocracia equivale a descentralizar el poder.

No necesariamente. Nuestra propia Constitución hace una distinción que ayuda a entender el problema. La provincia es definida como una demarcación política intermedia y el gobernador provincial es designado por el Poder Ejecutivo. En cambio, son el Distrito Nacional, los municipios y los distritos municipales los que constituyen la base de la administración local, tienen patrimonio propio y autonomía presupuestaria y administrativa.

Más aún, la Constitución ordena propiciar la transferencia de competencias y recursos hacia los gobiernos locales. Esto obliga a mirar el tema desde otra perspectiva. Crear una provincia no equivale, por sí mismo, a descentralizar. Una nueva provincia sigue dependiendo en gran medida del Gobierno central. Lo que hacemos es crear una nueva unidad política y administrativa dentro del mismo Estado centralizado. Y esa unidad viene acompañada de consecuencias.

Hay que designar una gobernación. Hay que elegir un senador adicional, porque la Constitución establece uno por cada provincia y uno por el Distrito Nacional. Aparece la necesidad de reorganizar la representación electoral y, en la práctica, comienzan las demandas para establecer oficinas provinciales de ministerios y direcciones generales, estructuras judiciales, electorales y administrativas. Todo eso requiere locales, personal, vehículos, seguridad, tecnología, mantenimiento y presupuesto año tras año.