APUNTE.COM.DO.- La crisis de Haití es una lanza clavada en el corazón de la seguridad de nuestra isla. Las bandas armadas aterrorizan a comunidades, desplazan familias y debilitan las instituciones haitianas.
Ese conflicto empuja millones de haitianos a la RD, suple de armas de guerra a las pandillas locales, saturan de drogas nuestras calles, por eso, RD no puede mirar esa tragedia con indiferencia. Ni continuar solo demandando ante la comunidad internacional.
Durante años hemos llevado nuestra preocupación a las Naciones Unidas. Debemos seguir haciéndolo, pero las decisiones internacionales deben traducirse en recursos, personal y resultados.
El pasado 23 de septiembre, el presidente Luis Abinader pidió ante la ONU completar el despliegue de la Fuerza de Supresión de Bandas, aportar los recursos pendientes, hacer cumplir el embargo de armas y fortalecer las instituciones haitianas. Esa exigencia merece seguimiento.
La pregunta ya no es si debemos acudir a la ONU. La pregunta es cómo lograr que las acciones aprobadas se cumplan. El Consejo de Seguridad autorizó la Fuerza de Supresión de Bandas para actuar en coordinación con las autoridades haitianas. Se trata de una fuerza internacional respaldada por una oficina de apoyo de Naciones Unidas.
Propongo que la República Dominicana impulse las siguientes prioridades: exigir el despliegue completo y el financiamiento de esa fuerza; reforzar el embargo de armas y las sanciones contra quienes sostienen a las bandas; y vincular los avances en seguridad con el fortalecimiento de la policía, la justicia y las demás instituciones haitianas. Recuperar un territorio serviría de poco si el Estado no pudiera proteger después a sus habitantes.
También debemos discutir con seriedad cuál debe ser el papel dominicano. Nuestro Gobierno ha informado que su cooperación actual es logística y humanitaria, sin participación directa en operaciones contra las bandas dentro de Haití.
Pero si la respuesta internacional continúa siendo insuficiente y la crisis continúa, los riesgos para nuestro país, la República Dominicana tendría que evaluar todas sus opciones de seguridad, incluida la po
