APUNTE.COM.DO.- El ransomware BlackCat, también conocido como ALPHV, se ha consolidado como una de las amenazas más peligrosas en el ciberespacio y ya tiene presencia activa en América Latina. El grupo de hackers rusos que lo dirige, con supuestos vínculos con el Kremlin, exige millonarios rescates cada vez que logra vulnerar la infraestructura de empresas o individuos. Su nombre, que coincide con el del programa, ha ganado notoriedad entre las firmas de ciberseguridad a nivel mundial.

Según la empresa Akamai, especializada en servicios en la nube, distribución de contenido y seguridad informática, "desde su primera aparición en 2021, BlackCat se ha convertido en una de las formas más activas de ransomware. Se cree que una nueva variante llamada Sphynx funciona con una velocidad y una eficacia aún mayores. BlackCat está escrito en el lenguaje de programación Rust y es más difícil de eliminar que otros tipos de amenazas de ransomware".

El grupo, comandado por Nikolay Antonovich Toporkov, ya opera en América Latina. Sus operaciones no suelen trascender públicamente, pero bancos, empresas energéticas, mineras, redes financieras y otras corporaciones estratégicas, así como gobiernos, están en alerta por su actividad.

Uno de los ataques más resonantes de los últimos años ocurrió en febrero de 2024, cuando BlackCat atacó a Change Healthcare, una empresa tecnológica de United Healthcare en Estados Unidos. Esta compañía es una de las más relevantes del sector salud norteamericano, ya que ofrece una amplia gama de servicios que incluyen pagos y facturación, procesamiento de recetas y análisis de datos. El hackeo afectó a unos 190 millones de personas y se prolongó durante una semana. Se pagaron 22 millones de dólares en criptomonedas como rescate a los ciberdelincuentes, aunque el costo total se estima en 3.000 millones de dólares. El pago fue confirmado por Andrew Witty, director ejecutivo de la empresa, ante el Congreso de Estados Unidos.

BlackCat ha dirigido parte de sus ataques en América Latina hacia infraestructuras críticas, organismos públicos y compañías de alto valor. La organización emplea un esquema de triple extorsión: cifra los archivos de la víctima, roba información confidencial y amenaza con publicarla. En algunos casos, añade ataques de denegación de servicio distribuido (DDoS) para incrementar la presión sobre las organizaciones afectadas.

En Ecuador, el grupo atacó en abril de 2022 al Municipio de Quito. La ofensiva afectó trámites ciudadanos y dejó al descubierto documentación financiera y legal. Este episodio fue uno de los primeros casos atribuidos a ALPHV contra una entidad gubernamental en América Latina.

Brasil ha aparecido de forma recurrente entre los cinco países con más infecciones de BlackCat a nivel global, según informes de firmas de ciberseguridad. En México, los reportes documentaron ataques contra más de una docena de empresas industriales y manufactureras, lo que evidencia el interés del grupo por organizaciones que dependen de sistemas operativos y cadenas de suministro.

Sin embargo, uno de los casos más llamativos ocurrió en Cuba, un "aliado protegido" por Rusia. Sucedió casi al mismo tiempo que el ataque a Change Healthcare, pero en este caso los rusos vinculados al Kremlin atacaron una de las instituciones financieras más importantes de La Habana. La Corporación CIMEX y su filial financiera Fincimex fueron los objetivos de Toporkov y sus hackers.

CIMEX es el conglomerado estatal de empresas más grande de la isla. Depende del Grupo de Administración Empresarial SA (conocido por sus siglas, GAESA), los jerarcas militares que controlan de facto la economía cubana. Opera en casi todos los sectores bajo tutela militar: comercio minorista, combustibles, gastronomía, servicios, finanzas, turismo y transporte. Todo pasa por CIMEX, es decir, por GAESA y los militares del régimen.

Por eso, muchos jerarcas cubanos mostraron su ira, aunque contenida, contra Rusia cuando desde Moscú les aseguraron que no tenían nada que ver con el ataque. La suma exigida como extorsión también se aproximó a las dos decenas de millones de dólares que fueron a parar a manos de los hombres de Toporkov. El régimen nunca informó lo ocurrido a la opinión pública, pero hubo consecuencias drásticas: destituyeron a Alejandro Gil Fernández, ministro de Economía y Finanzas; a Manuel Sobrino Martínez, ministro de Industria Alimentaria; y a Elba Rosa Pérez Montoya, ministra de Ciencia y Tecnología. Todos fuera del Estado. Al primero, además, lo condenaron a prisión perpetua, acusado de espionaje.

Cuando sospecharon de los actores detrás de BlackCat, el Kremlin intentó encubrir a Toporkov. Afirmó que el responsable había sido Oleg Nefedov, líder de BlackBasta, otra red también rusa que ya estaba desarticulada. Nadie creyó del todo la explicación que dieron funcionarios del embajador de Rusia en La Habana, Viktor Koronelli. El diplomático es muy conocido en América Latina: estuvo destinado en Chile, México y Argentina.

En La Habana se preguntan cada vez con más frecuencia hasta cuándo pueden seguir confiando en Moscú. Los generales más veteranos saben que los días están contados y que solo les queda aferrarse a ellos. Pero las dudas surgen entre los oficiales más jóvenes. Creen que los rusos los engañaron y que prefirieron encubrir a sus hackers antes que honrar sus compromisos con su socio histórico. Otros, más indulgentes, prefieren dudar: ¿son ineptos o encubridores?

Mientras tanto, BlackCat continúa operando en América Latina. Lo hace con la misma estructura pero en escalas menores. El Departamento de Justicia de Estados Unidos abrió una investigación que avanza no solo en ese país sino en toda la región. Además, hay una recompensa pendiente.