APUNTE.COM.DO.- El proceso de negociación entre el régimen chavista y la oposición venezolana, con el respaldo de Estados Unidos, ha comenzado su segundo ciclo. El objetivo central es avanzar en la reforma del sistema de justicia y tratar el tema de los derechos y garantías políticas en el país.
La mesa se instaló formalmente el 1 de agosto. La primera etapa del diálogo concluyó con dos acuerdos anunciados el 12 de ese mes: unir esfuerzos para recuperar las reservas de oro venezolano, valuadas en 4 mil millones de dólares, que se encuentran en el Banco de Inglaterra, y trabajar en la transformación del sistema de justicia, actualmente bajo control total del oficialismo.
En el marco de ese pacto, la Asamblea Nacional, dominada por el chavismo, aprobó la reforma de la Ley Orgánica del Tribunal Supremo de Justicia (TSJ). Esta reforma otorga una mayoría de 12 representantes a la sociedad civil frente a los 11 diputados que integrarán el comité de postulaciones judiciales.
Además de abordar la constitución del comité de postulaciones judiciales, se espera que las partes definan la estructura de un consejo de revisión de credenciales y requisitos de los postulados al TSJ. Todo esto debe impulsar el proceso de renovación del máximo tribunal del país.
También está previsto que se instale la mesa de garantías políticas y libertad de expresión, donde la oposición busca sumar condiciones que contribuyan a la integridad electoral.
Los principales partidos políticos del país, entre los que figuran organizaciones que apoyaron al chavismo, han sido intervenidos por el TSJ, que les ha arrebatado sus símbolos y designado a sus directivos de manera irregular.
Igualmente, el régimen chavista ha inhabilitado políticamente a distintos voceros de la disidencia, incluida la líder de la oposición venezolana y premio Nobel de la Paz, María Corina Machado.
La delegación opositora, encabezada por Dinorah Figuera, apuesta por recuperar a los partidos y eliminar las inhabilitaciones en el marco de una negociación que ha sido diseñada y promovida por la administración de Donald Trump.
Aunque no forma parte de la agenda, un tema planea sobre el proceso de diálogo: la situación de los más de 300 presos políticos que aún están tras las rejas. El Comité por la Libertad de los Presos Políticos (Clippve) publicó una carta el 1 de septiembre mediante la cual solicitó un encuentro con ambas delegaciones, con el fin de exponer la realidad que enfrentan los detenidos.
Figuera acusó recibo de la comunicación y manifestó "mi solidaridad y compromiso de seguir buscando las vías urgentes, justas y necesarias para la libertad de todos los presos políticos".
En contraste, Jorge Rodríguez, jefe de la delegación chavista, presidente del Parlamento y hermano de la gobernante interina, Delcy Rodríguez, no respondió a la petición de Clippve.
