APUNTE.COM.DO.- La organización no gubernamental israelí Betselem acusó este lunes a Israel de promover un supuesto "proyecto de eliminación" de la población palestina en Cisjordania, a través de políticas que, según su interpretación, buscan volver su existencia "cada vez más fragmentada, vulnerable y dependiente".
La acusación aparece recogida en un informe de 249 páginas titulado "El proyecto de eliminación", dado a conocer este lunes en una rueda de prensa celebrada en Jerusalén.
De acuerdo con Betselem, ese supuesto plan busca "desmantelar los cimientos" de la existencia palestina y reordenar las condiciones de vida en Cisjordania con el fin de afianzar el control israelí y extender la presencia judía en ese territorio.
La organización afirma que estas políticas se sostienen desde 1967, pero que se aceleraron a partir de finales de 2022, cuando asumió el Gobierno presidido por el primer ministro Benjamín Netanyahu, con el respaldo, entre otros sectores, de partidos de ultraderecha nacionalista.
El informe señala cinco mecanismos que, según Betselem, forman parte de ese proceso: violencia e intimidación, restricciones de movimiento, estrangulamiento económico, destrucción sociopolítica, limpieza étnica y apropiación territorial.
La ONG sostiene que estos elementos "operan simultáneamente y están interconectados", mientras diversas instituciones y actores israelíes los aplicarían dentro de un sistema que, a juicio de la organización, favorece la continuidad del control sobre el territorio.
Betselem dedica además un capítulo a la Franja de Gaza, donde asegura que esta lógica "ha alcanzado su forma más extrema" por la intensidad de la violencia y la destrucción registradas durante la guerra.
La directora de la organización, Yuli Novak, declaró durante la presentación que las violaciones denunciadas forman parte de las políticas estatales israelíes y pidió a la comunidad internacional pasar de las declaraciones a acciones concretas.
El documento se apoya, según Betselem, en unos 2.000 testimonios de residentes de Cisjordania recogidos en los últimos tres años.
La organización subraya una "distinción institucional" entre los ciudadanos judíos que viven en asentamientos, sujetos a la legislación civil israelí, y los palestinos, que siguen bajo un régimen militar.
Betselem sostiene que ese sistema facilita la expansión de asentamientos, puestos de avanzada y explotaciones agrícolas, al tiempo que permite que tierras y recursos pasen progresivamente a control israelí.
Según el informe, desde 1967 Israel se ha apropiado de más de 200.000 hectáreas, equivalentes a más de un tercio de Cisjordania, mediante mecanismos legales, urbanísticos y administrativos.
La organización también califica la violencia en Cisjordania como un "mecanismo central de control, desplazamiento y desmantelamiento" de la población palestina.
Betselem asegura haber documentado casos en los que colonos israelíes desempeñan funciones similares a las militares, lo que, según la ONG, difumina la diferencia entre civiles armados y soldados.
Entre 2016 y 2024 se presentaron ante el sistema de justicia militar israelí 2.427 denuncias por daños causados por soldados a palestinos y sus propiedades. De esos casos, el 22,7 % derivó en investigaciones y solo el 0,9 % concluyó en acusaciones formales, según el informe.
Asimismo, Betselem afirma que entre el 7 de octubre de 2023 y el 30 de junio de 2026 las fuerzas israelíes y los colonos mataron a 1.087 palestinos en Cisjordania y Jerusalén Este, incluidos 242 niños y 21 mujeres.
El informe también cuestiona las políticas económicas aplicadas por Israel en Cisjordania desde 1967.
Betselem sostiene que Israel ha limitado el desarrollo económico palestino independiente al controlar recursos, pasos fronterizos y parte del mercado laboral, lo que habría generado una fuerte dependencia de la economía israelí.
La organización afirma que esta situación se agravó tras los ataques de Hamás del 7 de octubre de 2023, cuando Israel revocó 140.000 permisos de trabajo para palestinos en territorio israelí.
Según Betselem, esa medida contribuyó al aumento del desempleo y profundizó las dificultades económicas que enfrentan los palestinos en Cisjordania.
