APUNTE.COM.DO.- Santo Domingo.- Contar con un registro sanitario no asegura que un paciente dominicano pueda acceder a un medicamento innovador para tratar enfermedades oncológicas, cardiometabólicas, inmunológicas y aquellas consideradas raras, que contribuyan a mejorar o recuperar su salud.
En República Dominicana, 40 de las 78 nuevas terapias que cuentan con aprobación local siguen sin disponibilidad, lo que implica que no tienen reembolso público ni privado y, en esos casos, el paciente debe cubrir el costo completo o acudir a mecanismos especiales de acceso.
El dato proviene del índice WAIT 2026, elaborado por Iqvia y la Federación Latinoamericana de la Industria Farmacéutica (Fifarma), que examina el acceso a medicamentos innovadores en América Latina.
El estudio siguió una cohorte de 447 nuevas sustancias activas aprobadas por la Administración de Alimentos y Medicamentos (FDA, por sus siglas en inglés) de Estados Unidos o la Agencia Europea de Medicamentos (EMA) entre 2014 y 2025. De ese universo, solo 78, equivalentes al 17%, cuentan con registro sanitario en el país, lo que representa el 29% del total aprobado a nivel regional en Latinoamérica.
Ninguno de los medicamentos innovadores analizados alcanza en el país la categoría de disponibilidad total, es decir, una cobertura nacional amplia mediante el sistema público y privado, según el informe WAIT (Waiting to Access Innovative Therapies).
De las 78 moléculas registradas, el 51% están aprobadas pero no disponibles; 19 (24%) tienen disponibilidad privada, a través del mercado privado o planes prepago; y 19 (24%) tienen disponibilidad limitada, principalmente mediante programas públicos especializados como el Programa de Medicamentos de Alto Costo (Damac).
En cambio, cero medicamentos cuentan con disponibilidad total mediante una inclusión amplia en el Plan Básico de Salud de la Superintendencia de Salud y Riesgos Laborales (Sisalril).
Esto coloca el foco del informe en una etapa que ocurre después de la autorización sanitaria, que es lograr que el medicamento sea efectivamente financiado y llegue al paciente.
Según el estudio, el proceso tampoco concluye cuando la Dirección General de Medicamentos, Alimentos y Productos Sanitarios (Digemaps) concede el registro sanitario, sino que plantea un panorama de acceso limitado y tiempos prolongados de espera para los pacientes.
En promedio, el trámite desde la aprobación internacional hasta la autorización regulatoria dominicana toma 37 meses. Después de ese registro todavía transcurren aproximadamente 34 a 36 meses adicionales hasta que el tratamiento logra disponibilidad.
En conjunto, el paciente enfrenta una espera promedio de entre 71 y 73 meses, es decir, cerca de seis años y más, situación que se vuelve más crítica en oncología, donde el tiempo total llega a 78 meses, o sea, unos seis años y medio.
Luego le siguen los medicamentos innovadores cardiometabólicos con 67 meses, inflamación e inmunología con 65 meses, sistema nervioso central con 64 y con 63 meses los medicamentos huérfanos, es decir, aquellos para enfermedades raras.
Fernando Vizquerra, director ejecutivo de Fedefarma, advirtió que estas demoras tienen consecuencias que van más allá de los procesos administrativos.
Expresó que "las implicaciones de esta espera para los pacientes son directas y muy significativas. La espera prolongada conlleva un atraso en el inicio del tratamiento, una progresión o agravamiento de la enfermedad, y, por lo tanto, una menor calidad de vida, sobre todo en personas con enfermedades crónicas, donde la intervención temprana es clave".
El informe identifica la subinversión pública en salud como uno de los obstáculos estructurales para ampliar el acceso, ya que el país destina 2.9% de su producto interno bruto (PIB) al gasto público en salud, frente al 4.4% promedio de América Latina y el 6.5% de la OCDE.
En el caso específico de las terapias innovadoras, la inversión representa apenas 0.09% del PIB, frente al 0.19% regional y 0.44% de la OCDE.
De acuerdo con Fifarma e Iqvia, a esto se suman procesos regulatorios secuenciales, fragmentación entre instituciones y dificultades para evaluar, financiar y comprar terapias cada vez más complejas.
Entre las medidas planteadas están fortalecer la capacidad técnica de Digemaps, avanzar hacia mecanismos de revisión basados en la confianza regulatoria (reliance) y mejorar la coordinación entre Sisalril, Senasa, Servicio Nacional de Salud (SNS), Promese/Cal y Damac.
También propone consolidar la Evaluación de Tecnologías Sanitarias (Evtesa), modernizar las compras públicas mediante mecanismos de acceso gestionado y contratación basada en valor, fortalecer el Damac y aumentar progresivamente la inversión sanitaria.
