1 de agosto: un acuerdo entre élites no es un acuerdo nacional, pero ¿es un mal necesario? - Así Lo Digo
Aquí te explico qué puede funcionar, qué puede salir mal y por qué este pacto entre Washington y Caracas todavía no es un acuerdo nacional
Ricardo Sánchez Silva
Ricardo Lo Dice es una publicación apoyada por lectores. Para recibir nuevos posts y apoyar mi trabajo, considera convertirte en suscriptor de contenido gratis o suscriptor de pago.
Actualiza a la versión de pago
Hoy, 1 de agosto, la Comisión Delegada de la última Asamblea Nacional de Venezuela elegida legítimamente y la Asamblea Nacional chavista inician un proceso que han denominado con una palabra que tiene un sabor muy amargo para los venezolanos: diálogo.
La presidenta de la AN de 2015, Dinorah Figuera y su homólogo del régimen, Jorge Rodríguez, sumado a otros diputados de ambos lados, encabezarán esta nueva fase bajo un tutelaje cuyo eje central está precisamente donde escribo estas líneas: Washington, el centro del poder.
Resulta curioso que se hable de diálogo y se mantenga ese concepto fallido del pasado, aun cuando en el presente lo que se va a desarrollar se parecería más a una mesa de trabajo para seguir indicaciones. Esto es así, porque luego de la captura del dictador el 3 de enero, la dinámica política cambió, pero quienes aún conservan el poder continúan usurpándolo, aunque el país funcione como una suerte de protectorado de facto.
Hay una dirección central — ellos lo llaman promoción— de EE. UU. representada por Figuera y su contraparte encarnada en quienes hoy usurpan el poder, en la continuidad del régimen criminal, corrupto y violador de derechos humanos de Nicolás Maduro, representados por Delcy Eloína, Jorge Jesús y Diosdado. De hecho, a través de las cuentas de redes sociales del organismo legislativo en el exilio, así lo han reconocido diciendo que se trata de un “mecanismo promovido por el secretario de Estado, Marco Rubio y por el Departamento de Estado”.
Así pues, lo primero que tenemos que entender es que lo que comienza hoy será un proceso entre dos élites que hasta ahora han demostrado prioridad en sus propios intereses, dejando a los venezolanos por fuera. Esto es así, al menos desde el lado estadounidense, desde que bombardearon Caracas y extrajeron al dictador. El propio presidente Trump lo reconoció públicamente en su primer discurso cuando comenzó una serie de reiteradas desestimaciones e invalidaciones públicas hacia la líder de las fuerzas de la democracia, María Corina Machado, quien representa, junto con Edmundo González Urrutia (como recurso político ante su inhabilitación), la voluntad popular expresada en las primarias del 22 de octubre de 2023 y las elecciones presidenciales del 28 de julio de 2024 respectivamente. Por el lado del régimen, todos sabemos que son parte de un Estado fallido y mafioso, que no representa a los venezolanos.
Teniendo eso claro, el acuerdo que se alcance entre esas élites no será representativo de todas las diversas facciones políticas que están reflejadas en la Plataforma Unitaria Democrática (PUD). Es decir, por el lado de la AN de 2015, según trascendió extraoficialmente, estarían presentes miembros de solo dos partidos: Voluntad Popular y Primero Justicia. Mucho menos podemos decir que representará el mandato soberano, porque por más legitimidad que tenga esa institución legislativa, el pueblo se expresó más recientemente con la mayor contundencia de su historia reciente, hecho documentado y demostrado con las actas. Sin embargo, esa voluntad popular ha sido dejada por fuera de la fórmula de la transición al menos hasta ahora. No obstante, hay una oportunidad abierta y luego explicaré por qué. Ahora, ¿qué podría y qué no podría funcionar de esta forma “a la americana” de proceder?
Apoya al periodismo independiente. Considera una suscripción de paga desde “un café” al mes.
Subscribe
El 3 de enero fue un punto de quiebre
Antes de responder la pregunta anterior, debemos entender el contexto del momento político que vivimos. Sin duda alguna, el 3 de enero reconfiguró el tablero político en Venezuela y otorgó a Washington el control para decidir cómo quería proceder después de capturar a Maduro y trasladarlo a EE. UU. para enfrentar cargos por narcoterrorismo. Antes de esa fecha, la posición de Machado era difícilmente negociable. De hecho, para ese entonces el panorama era claro: el mandato había sido otorgado el 28 de julio de 2024 y González Urrutia debía asumir la presidencia. Mantuvieron la idea de su regreso y así lo reiteraron en repetidas ocasiones, pero eso nunca pasó. La etapa de “cobrar” cada vez se alejaba más.
Repetir elecciones era inviable y equivalía a desconocer el mandato popular y hablar de diálogo era impensable, pues en los intentos anteriores las partes se comprometían, pero el chavismo siempre incumplía sus compromisos y hacía lo único para lo que resultó ser bueno, ganar tiempo. Propuestas como las formuladas por Brasil, por ejemplo, eran rechazadas de forma tajante porque trataban el resultado electoral como un problema no resuelto, a pesar de que era la primera vez que se demostraba públicamente el fraude de la dictadura de forma irrefutable.
Luego de la extracción del dictador, la correlación de fuerzas fue alterada y EE. UU. se impuso por la fuerza, la única manera en la que el régimen podía ser doblegado. Se estableció, entonces, una dictadura interina, ahora apoyada por el gobierno de Trump, pero igual de ilegítima, usurpadora y criminal. Y por otro lado, las fuerzas de la democracia empezaron a flexibilizar sus posturas y a adaptarse a lo que quería EE. UU.
El 3 de enero produjo un antes y un después, pero no logró la transferencia del poder que millones de venezolanos esperaban. Y he allí la importancia de esta nueva fase, a la que se ha llegado quizás con más concesiones y complacencias de las que esperábamos.
La movida de Washington: “a la americana”
“A la americana” resultó ser una vía en la que Washington priorizó los intereses económicos y negoció con Delcy para comprarle tiempo al régimen, mientras que ella obedecía todas las órdenes, con la justificación de lograr una estabilización y recuperación antes que la transición hacia la democracia, siendo esta última fase, luego de más de medio año, la que parece empezar a moverse, al menos a la manera del tutor.
La urgencia de un cambio se vio acelerada aún más, sin duda alguna, por el doblete sísmico del 24 de junio, que dejó al descubierto la ausencia de Estado ante una tragedia tan grande. Aquí se evidenció una gran desconexión con la gente por parte del régimen, que ya existía, pero que también salpicó a Washington. La inconformidad y críticas hacia esta relación entre las élites han sido más que evidentes.
Lo cierto es que en estos momentos existe una relación general de subordinación —no únicamente del chavismo— hacia la élite representada por EE. UU. Al mismo tiempo, se reconoce que Washington es el único factor con capacidad suficiente para propiciar el cambio de régimen. Tío Sam ha tomado las riendas del tutelaje y hoy respalda “temporalmente”— con repudio de la población, dicho sea de paso— a quienes gobiernan por la fuerza, pues el poder en Venezuela no se ejerce con legitimidad de origen
Washington decidió no imponer a la dictadura el reconocimiento del resultado de 2024, a pesar de que reconoce a González Urrutia como el ganador. Tampoco colocó a Machado al frente de la transición. En su lugar, mantuvo al chavismo, priorizó la estabilidad territorial y administrativa, impulsó la recuperación económica y petrolera, mientras que dejó a la transición hacia la democracia como una fase posterior para la cual designó a la AN de 2015 como instrumento institucional para lograr una supuesta negociación o diálogo.
Estados Unidos parece haber preferido administrar una transformación gradual del chavismo antes que hacer efectivo inmediatamente el mandato expresado en las urnas, ya sea buscando no repetir fracasos previos al intervenir en otros países, por evitar un vacío de poder, porque apoyó antes a la oposición y no funcionó— me refiero al gobierno interino de Juan Guaidó—, por capricho del presidente o sean cuales sean sus razones. Pero lo cierto es que con Machado fuera de la fórmula y dándole más espacio y confianza al chavismo que no ha demostrado ninguna disposición de ceder en el pasado y una probada capacidad para ganar tiempo, se corre el riesgo de que las cosas no terminen saliendo bien.
Entonces respondo la duda que planteaba previamente. ¿Qué puede salir bien y qué no? Entiendo que el uso de una institución legítima que hoy en día afirma mantener su funcionamiento y vigencia, ya que en Venezuela se rompió el hilo constitucional, ofrece una forma de mostrar una especie de árbitro “imparcial” que en estos momentos no tiene aspiraciones presidenciales y coloca en el centro a una figura intermedia que no sea rechazada radicalmente por la dictadura —aunque antes lo era, nunca al nivel de Machado—. Es decir, no pagar y darse el vuelto es positivo, porque al final de cuentas eso es lo que ha hecho el chavismo.
Tanto Rubio como Figuera reconocen que María Corina es “importante” en este proceso, pero aun así no la incorporan todavía.
Ahora bien, un acuerdo entre estas élites, de forma contraria a lo que pudiera pensarse, sí puede sentar un antecedente que propicie aperturas que incluyan, entonces, a otros sectores políticos levantando todas las inhabilitaciones, incluida la de Machado.
También sería muy positivo que las autoridades que se designen tanto en el Consejo Nacional Electoral como en el Tribunal Supremo de Justicia, gocen de la confianza de la gente y que se establezcan por méritos de forma independiente y no a dedo, ni mucho menos otorgando una representación interna al chavismo, que no tiene en la sociedad misma. Y la verdad sea dicha, quien va a tener la última palabra de conformidad sobre si esos son cambios en los que se pueden finalmente confiar, tiene nombre y apellido: María Corina Machado. Le guste o no al tutor.
Entonces, ¿qué podría salir mal? Bueno, que no se concrete parte o todo de lo que menciono en los párrafos anteriores, que se repitan las fórmulas del pasado, que hicieron al régimen ganar tiempo y que se reciclen personajes que no representen los intereses de los venezolanos. Tampoco sería bueno que haciendo honor a la palabra que han escogido, que supone una conversación o negociaciones reconociéndose entre iguales —“diálogo”—, terminen acordando imponer facciones que solo representen a estos corruptos y criminales, así como otros sectores de la llamada “oposición alacránica”, que está fuera de la PUD y que la población rechaza.
También sería muy negativo no dar prioridad a las elecciones presidencial y legislativa —que deberían ser el foco— y colocar por encima cualquier comicio local o regional, que también deben desarrollarse, pero cada proceso a su tiempo. La única excepción sería que se propusiera una elección general, aunque, en teoría, el cronograma debería establecerlo la nueva autoridad electoral una vez designada.
Y por supuesto, sería inaceptable para la población que dejaran a Machado fuera de la participación electoral, más allá de que ella no forme parte de esta agenda que buscaría reinstitucionalizar al país. Creo que cualquier movimiento en falso será rechazado rotundamente y tendrá consecuencias políticas y sociales.
Certezas y dudas
Me quedo con algunas ideas que creo debemos conservar y con otras preguntas.
Ciertamente, no toda negociación es una traición, pero sí hay actores en ambos lados de la mesa en quienes los venezolanos no confían. Sin embargo, será necesario que en algún punto cuenten con esa confianza, que solo Machado podrá garantizar, para poder avanzar. Por supuesto, habrá que alcanzar acuerdos transitorios con sectores que participaron en el chavismo —probablemente tragarse algunos sapos—, pero esta nueva etapa que comienza hoy necesita garantías: no es viable excluir a Machado y, con ella, a la voluntad popular.
Este es un diálogo muy diferente a los procesos anteriores, pues EE. UU. ejerce una tutela inédita sobre la dictadura. No obstante, ante el accionar errático e impredecible de Trump, su respaldo a Delcy y sus contradicciones y mentiras constantes, hay que mantenerse vigilantes, pues al final de cuentas, lo que se acuerde allí debe beneficiarlo a él políticamente y no necesariamente estará orientado por completo a la democratización de Venezuela. Eso ha quedado demostrado. Además, el partido republicano está quedando atrás en las encuestas de cara a las próximas elecciones del Congreso en noviembre y eso es algo que el presidente necesita cambiar, pues su gestión está siendo muy cuestionada por los estadounidenses dentro de su país. La nación caribeña debe seguir siendo vendida como un “logro” en política exterior, como gente “feliz” y “bailando en las calles”, así como una mina de petróleo y otras riquezas, tal como él mismo lo ha afirmado antes reiteradamente.
Así que no se nos olvide que la estabilidad que ha buscado Washington no significa automáticamente democracia; tampoco la recuperación económica es sinónimo de transición ni la representación institucional reconocida por Trump posee el mandato popular más reciente, ya que la AN de 2015 no sustituye la voluntad expresada en 2023 y 2024.
Si bien un pacto entre Washington y Caracas no puede llamarse un acuerdo nacional, como el que mencionan Machado y González en su carta más reciente, sí puede ser un paso previo que abra las puertas a tal acuerdo. Pero el que Washington esté guiando el proceso no garantiza que este deje de ser frágil. Lo sigue siendo. Si los gringos no terminan de leer correctamente el momento político crítico que vive el país ni los cambios que exige, se habrá desperdiciado una oportunidad de oro para recuperar nuestra democracia y eso sí podría abrir la puerta a un gran y riesgoso descontento social, ahora no solo contra la dictadura sino contra todos los actores involucrados en este intento.
Para finalizar, como periodista me planteo estas preguntas:
Si María Corina Machado posee la legitimidad más reciente y es tan importante en este proceso, ¿por qué EE. UU. la ha excluido desde el mismo 3 de enero? ¿Por qué la han dejado por fuera en estas negociaciones hasta ahora? ¿Cuándo serán incorporados Machado y González?, ¿cuál será el rol de ambos? ¿La ciudadanía conocerá las condiciones del acuerdo antes de que sea aprobado? ¿Cuándo se liberará a todos los presos políticos de forma incondicional? ¿Cuándo se designarán un CNE y TSJ nuevos, independientes y transparentes? ¿Cuándo autorizará el tutor que regrese Machado?, ¿podrá participar libremente en las próximas elecciones? Si se están sentando con el verdugo, ¿qué ocurrirá con los responsables de violaciones de derechos humanos?
¿Cómo puede una negociación afirmar que busca devolver el poder a los venezolanos si comienza subordinando la voluntad popular a un acuerdo entre Washington y Caracas? Lo que resulte de este acuerdo debe ir necesariamente un paso más allá, y así lo exigiremos los venezolanos.
¡Así lo digo!
