Santo Domingo, República Dominicana (Publicado por Ramiro Estrella (Apunte.com.do).- El Banco Central de la República Dominicana (BCRD) y la Comisión de Liquidación Administrativa del Banco Intercontinental, S.A. (CLAB) emitieron un comunicado en respuesta a la reciente denuncia presentada por Ramón Báez Figueroa ante la Procuraduría General de la República. En su declaración, ambas instituciones enfatizaron en los siguientes puntos clave:

En primer lugar, destacaron que la disolución y liquidación del Banco Intercontinental, S.A. (Baninter) fue una consecuencia directa de las acciones fraudulentas llevadas a cabo por Ramón Báez Figueroa y otros individuos. La magnitud del fraude llevó a la Junta Monetaria a ordenar la disolución y liquidación de la entidad bancaria.

Asimismo, subrayaron que el proceso de liquidación ha sido extenso y complejo debido a la necesidad de regularizar la titularidad de ciertos activos, los cuales fueron ocultados de las autoridades de supervisión bancaria durante el funcionamiento de un banco paralelo operado por Báez Figueroa y otros involucrados.

En respuesta a las solicitudes de información y documentos por parte de Báez Figueroa, el BCRD y la CLAB confirmaron haber proporcionado detalladamente toda la información solicitada en diversas ocasiones a lo largo del año. Estas acciones se enmarcan en el compromiso de ambas instituciones con la transparencia y la legalidad, así como en el derecho de acceso a la información pública.

Además, recalcaron la condena penal y civil de Ramón Báez Figueroa, que incluyó una sentencia de 10 años de reclusión mayor y multas considerables a favor del Estado dominicano, así como de diversas entidades financieras. En este sentido, desmintieron las afirmaciones de Báez Figueroa respecto a la falta de conocimiento sobre el proceso de liquidación y el monto recuperado hasta la fecha.

Por último, reiteraron su compromiso de colaborar diligentemente con el Ministerio Público en la provisión de información necesaria y enfatizaron su continua dedicación a llevar a cabo sus responsabilidades con integridad, responsabilidad y transparencia, en cumplimiento de los mandatos establecidos por la ley.