El trabajo es un derecho, un deber y una función social que se ejerce con la protección y asistencia del Estado, según el artículo 62, de la Constitución Dominicana. Es finalidad esencial del Estado fomentar el empleo digno y remunerado.
Entonces, si el Estado tiene imposibilidad de cumplir con este deber constitucional, por las razones que fueren en estos momentos, tampoco puede impedir que personas desempleadas realicen trabajos particulares amparado en la Ley, en busca de ese objetivo, como pretende el alcalde de Santo Domingo Oeste, José Andújar, con los vendedores del mercado de Pulgas.
Estos trabajadores informales tienen el total derecho de ganarse el sustento de ellos y de su familia, de una manera digna como lo vienen haciendo desde hace años, y ninguna persona por un simple capricho se lo puede impedir.
Andújar está obviando las necesidades de esas personas y pensando en su situación particular, porque de seguro tiene resuelto su problema económico y el de su familia, pero este no es el caso de estos vendedores, donde muchos de ellos dependen de las ganancias que pueden generar de la venta de sus mercancías cada domingo.
Si el alcalde no quiere que estos vendedores informales sigan haciendo su trabajo en el kilómetro 12 de la Carretera Sánchez, por un razón particular o por su interés en proteger a quienes alegan sentirse afectados con el trabajo de éstos en ese lugar, está en la obligación y en el deber de buscar una solución, de común acuerdo con los involucrados en el problema. No imponerla a su antojo.
El señor Andújar no puedes pretender cambiar una realidad social, partiendo de ligero y tomar una decisión unilateral, queriendo trasladarlo para un solar valdío de la Autopista Seis de Noviembre, en dirección hacia San Cristóbal o cualquier otro espacio público.
Además, hay que tomar muy en cuenta que, con su trabajo, dichos vendedores contribuyen a dinamizar la economía dominicana, que es uno de los deseos marcados del presidente de la República, Luis Abinader, en momentos en que la misma ha sido seriamente diezmada por la pandemia.
Entonces, ¿cuál es la razón tan poderosa que tiene este alcalde para negarle ese derecho?
Los vendedores de Pulgas tienen derecho a trabajar y el alcalde José Andújar no se lo puede impedir