En la actualidad, Venezuela está sumergida en una severa crisis económica, caracterizada por una inflación ascendente al 180,9%, una caída del PIB en un 5,7% y un desabastecimiento de alimentos que está llevando al país al borde de una crisis humanitaria.

A la debacle económica se suma la extrema confrontación política, que a raíz del triunfo de la oposición en las pasadas elecciones legislativas, ha devenido en un enfrentamiento permanente entre los distintos poderes públicos.

Analistas internacionales responsabilizan al chavismo de llevar al país suramericano al caos económico e institucional. Sin embargo, entendemos que a la hora de repartir responsabilidades en Venezuela, es indispensable repasar su pasado reciente. En tal sentido, hay que comenzar preguntándose: ¿Qué había antes de Chávez? ¿Era Venezuela un país desarrollado? Desde 1959, tras la caída de la férrea dictadura del general Marcos Pérez Jiménez, Venezuela fue gobernada por dos partidos: Acción Democrática y COPEI. Las sucesivas administraciones adecas y copeyanas interpretaron la democracia sólo como la celebración de periódicas elecciones, mas no como la consolidación de derechos sociales y económicos, política fundamental en una nación con enorme deuda social acumulada. Hasta los años setenta, Venezuela fue el mayor productor de petróleo del mundo, por encima de Arabia Saudí, ¿Y qué ganó el país con esto? Para 1999, año en que Hugo Chávez llega al poder, más del 40% de la población vivía en la pobreza.

La elección de Chávez como Presidente fue la consecuencia política de los errores cometidos por los gobiernos que se sucedieron en Venezuela entre 1959 y 1994. Chávez, líder arbitrario y autócrata, se presentó como la solución mesiánica a los graves males sociales que desde hacía décadas aquejaban al país, pero sus medidas simplistas y populistas terminaron por agravarlos.

Con la muerte de Chávez, la simultánea elección de Nicolás Maduro y la baja en los precios del petróleo, la ya crítica situación venezolana ha adquirido nuevas dimensiones.

Para comprender esta nueva coyuntura, es fundamental lograr identificar las causas estructurales de tipo político y económico que la han desencadenado.

Desde el punto de vista político, uno de los elementos claves es el hecho de que al presidente Maduro, desde el momento mismo de su elección, lo ha perseguido la puesta en dudas de su legitimidad, ya que en las elecciones del 14 de abril de 2013 derrotó a Henrique Capriles por una mínima ventaja de un 1.49%, como era de esperarse, la oposición relacionó este resultado con el fraude.

Esta cuestionable legitimidad de origen y el estilo comunicacional del Presidente han hecho imposible cualquier tipo de entendimiento entre el gobierno y la oposición.

Durante dieciséis años, el oficialista Partido Socialista Unido de Venezuela (PSUV) controló la Asamblea Nacional, llegando al extremo de ver al Poder Legislativo como una mera extensión del Ejecutivo. Esta situación cambiaría tras la oposición obtener la mayoría de escaños en las elecciones parlamentarias del 6 de diciembre de 2015. Sin embargo, la mayor parte de las leyes aprobadas por el actual Congreso opositor han sido declaradas inconstitucionales por el Tribunal Supremo de Justicia (TSJ), a decir de algunos, compuesto por chavistas. En algunas sentencias, el referido tribunal ha llegado incluso a despojar a la Asamblea Nacional de facultades legislativas que le vienen dadas por la propia Constitución.

Por lo anteriormente señalado, somos de la idea de que en Venezuela se ha pasado del mero enfrentamiento político a un conflicto de competencia entre los distintos poderes del Estado.

Al momento de señalar las erróneas políticas económicas que han provocado el colapso, debemos indicar que, además de la improvisación económica y la guerra declarada al sector privado, la prolongación de un modelo productivo basado en la renta petrolera y la no diversificación de la economía han sido factores determinantes en el actual caos económico.

Desde los años cincuenta, la estabilidad de la economía venezolana ha estado condicionada a la variación en los precios del barril de petróleo.

La exportación del crudo representa para Venezuela el 93% de la entrada de dólares, divisa indispensable para un país que importa el 80% de lo que consume. Por esta razón, a medida que caen los precios del oro negro, la nación caribeña ve reducido el flujo de moneda estadounidense, situación que obliga al gobierno a establecer un fuerte control cambiario para prevenir el acaparamiento. La insuficiente entrada de dólares ha provocado que las empresas venezolanas se vean en la imposibilidad de poder importar la materia prima que necesita, desencadenando esto la escasez de alimentos y bienes de consumo.

Es erróneo atribuir solo a las nefastas políticas de los últimos 17 años la actual crisis venezolana. El actual contexto político y socioeconómico es producto de un largo deterioro de las instituciones democráticas y de la prolongación de un sistema económico mono-productivo, centrado en la extracción y exportación de petróleo. Las medidas cortoplacistas, populistas y personalistas de Chávez terminaron por hacer salir de control el manejo de problemas complejos, que requerían soluciones complejas.