Era el 4 de noviembre de 1981 y se acercaban nuevas elecciones presidenciales. El PLD empezaba a crecer en el electorado dominicano y su líder histórico pensaba que denunciando la corrupción administrativa atribuida al gobierno de don Antonio Guzmán podía tener un mejor desempeño en las elecciones del año entrante.
De manera que recogiendo todo el material necesario (copias de cheques, fotografías de residencias, etc.) se podía hacer una edición especial del periódico “Vanguardia del Pueblo”, preferiblemente meses antes de las elecciones. Se tiraron 100 mil ejemplares del aquel “Álbum de la Corrupción” que los simpatizantes y miembros del viejo PLD distribuyeron con orgullo por todo el país.
En la presentación del Álbum, de 8 páginas en formato tabloide, se dice tener “pruebas” de todo lo que en él se denuncia.
Allí aparece una lista de 12 funcionarios del gobierno y dirigentes del PRD, a quienes el fardo de la prueba los libera de culpas, porque la mayoría de ellos viven ahora con evidente moderación.
Al vicepresidente Jacobo Majluta, que los impolutos líderes del PLD llamaron “Gatobo”, le atribuyeron haber construido tres residencias y como director de CORDE lo acusaron de haber pagado “más de 92 mil pesos a 160 personas que no eran empleados” de ese emporio estatal; al secretario particular de Peña Gómez, Aridio García De León, le sacaron una inversión de 475 mil pesos; a Henry Blanco le sacaron unos boletos aéreos; a Frank Desueza Fleury, director del IDSS, lo denunciaron por cometer “fraudes escandalosos”, pero sin presentar pruebas; a Gustavo Sánchez Díaz, director del INESPRE, le publicaron una auditoría donde aparecen donaciones por 203 mil pesos en tres años; al “turpén” de Vicente Sánchez Baret, Secretario de Deportes, lo acusaron de haber derrochado 175 mil pesos en la remodelación del palco presidencial del Estadio Quisqueya; al ingeniero Hipólito Mejía, Secretario de Agricultura, lo acusaron de comprar fertilizantes “de forma irregular” por 10 millones de dólares a favor de una empresa privada, supuestamente de su propiedad.
El “Álbum de la Corrupción” trajo denuncias sin pruebas y estará registrado en la historia contemporánea dominicana como un libelo, que es un escrito infamatorio.
