La reelección por definición no es la llegada del infierno o la caída en el abismo. Tampoco es la inminencia de un tsunami devastador.

Entendemos que si un presidente va bien, exhibe ejecutorias de alta aprobación popular y no tiene colas que le pisen, tiene todo el derecho a aspirar a un nuevo mandato constitucional.

En dos o tres ocasiones, con la humildad innata que le caracteriza, el Presidente Medina dijo que no repetiría y que “gobernar no es nada fácil”, quizás aduciendo al gran sacrificio que en términos privados y personales significa el cumplimiento cabal de las responsabilidades que supone el cargo.

Pudo haber reflexionado y ser ahora otra su determinación, por lo que creemos saludable considerar varios elementos: 

a)    Si se aprueba una Reforma Constitucional, se hace para legalizar una reelección ahora o después, sea por las veces que se convenga, sea siguiendo el modelo norteamericano como se ha comentado, el cual no goza, en absoluto, con el beneplácito del suscrito.

Como hace meses diversos sectores allegados al Presidente, con todo derecho, han estado en campaña reeleccionista, debemos suponer que la Reforma se avanza para asegurar al Presidente Medina la continuidad de su mandato.

No obstante, no puede perderse de vista que el Presidente se abstuvo de votar en el proceso y que no ha dicho si finalmente se decide por una reelección.

Si en sus fueros internos no quiere la reelección, debe plantearlo públicamente, y si es su determinación reelegirse, lo aconsejable entonces es que lo justifique con la claridad y precisión que les caracterizan de cara a sus correligionarios, aliados y pueblo dominicano.

b)  Para aprobar una Reforma Constitucional, como primer ineludible paso para lanzar de nuevo la candidatura de Medina, es necesario contar con el 66.7% del voto de los legisladores en funciones, reunidos en Asamblea Nacional.  

Sabemos que la composición actual del Congreso no es totalmente favorable al proyecto reeleccionista y que, a juzgar por los últimos acontecimientos, no cederán sin ganar algo en la controversia, o por lo menos intentar, con ostensibles ventajas de negociación, asegurar la continuidad en sus dignos cargos por cuatro años más.

En los momentos en que escribimos estas líneas, los representantes de ambas cámaras expresan su oposición a una Reforma Constitucional en la forma en que se ha planteado.

c)    Como no se cuenta con la mayoría  requerida en el Congreso, todo el mundo sabe que podría recurrirse a la compra de los votos congresuales, lo cual supone una multimillonaria inversión innecesaria que posiblemente duplicaría la que demandaría un referéndum.

Tomando en consideración que el soborno, nefasto por naturaleza, es una figura anticonstitucional, la reforma de la Constitución por esa vía no tendría legitimidad, en el sentido de conformidad y adecuación al ordenamiento jurídico vigente.

Sería, además, declarar nuestra anuencia respecto a una racionalidad política nada conveniente (aunque predominante y recurrente): “los intereses y no las leyes, deben dictar el curso de los acontecimientos de la Nación”.

d)  Para evitar que las manos se levanten en el Congreso a favor de la Reforma sobre la base del funesto mecanismo del soborno o de una negociación de corto plazo tendente a extender el período de los actuales legisladores, el referéndum es la vía más recomendable en la actual coyuntura.

Es una fórmula jurídica por la que se sometería a juicio popular la reelección, ensayada en varios países, particularmente en Venezuela durante los años de Chávez, sin que  con ello la figura pueda ser asociada al populismo o a los afanes dictatoriales. El ejemplo de Lula en Brasil vale la pena una lectura repetida. 

e)    El Referéndum forma parte de todo un régimen de participación directa de la ciudadanía, siendo de mayor auge en aquellos países donde la democracia directa se refleja en las decisiones más relevantes de un país.

A nuestro entender es una de las formas más evolucionada de hacer política, ya que no solamente existe un compromiso gubernamental de hacer correctamente y con apego a la ley las cosas, sino que la sociedad en su conjunto resulta más concientizada de formar parte activa en los diversos asuntos políticos de interés común, que se estén consultando en su comunidad.

Recordemos que con el objeto de restaurar el orden constitucional, Benito Juárez convocó a elecciones generales en todos los estados de la Federación el 14 de agosto de 1867.

Entre los considerandos del decreto emitido en esa ocasión memorable, se expresaba que era oportuno, en vista de la grave crisis que acababa de sufrir el país, "hacer una especial apelación al pueblo, para que en el acto de elegir a sus mandatarios" manifestara si podría autorizar al Congreso de la Unión para adicionar o reformar el Código Fundamental en algunos puntos de interés y urgencia encaminados a afianzar la paz y consolidar las instituciones.

Otros innumerables ejemplos los encontramos en varios países de la región. En el período 1900-1980 América Latina conoció 38 referendos y desde 1981 hasta  la actualidad se celebraron 103 eventos de este tipo. 

Es decir, las consultas populares, como uno de los mecanismos más  idóneos de la democracia directa y de pleno ejercicio de la soberanía ciudadana, casi se  triplican en los últimos años.

Mediante el uso de este recurso se han promovido o impedido reformas constitucionales, vetado leyes aprobadas por el Parlamento y ratificado acuerdos internacionales.

Detrás de los muchos impedimentos logrados, siempre podían vislumbrarse planes contra los intereses nacionales. Por otro lado, los países occidentales desarrollados, cada vez con mayor frecuencia, lo proponen como un dispositivo eficaz de legitimación e inclusión de la ciudadanía en calidad de actor de veto en los procesos de toma de decisiones, y lo mismo comienzan a hacer las llamadas democracias emergentes.

El PLD debe salvar la alianza con la Fuerza Nacional Progresita (FNP) porque fracturarla o liquidarla es objetivo supremo de una agenda ajena a sus sagrados objetivos fundacionales y a los intereses supremos del país.

La Fuerza conoce las interioridades de esa agenda y, para neutralizar a sus gestores mercenarios, recurrir al referéndum en breve plazo evitaría costos políticos y económicos a la Nación absolutamente innecesarios.

Primero, llevaría la popularidad del Presidente a la categoría de una aprobación popular incuestionable; segundo, evitaría los derroteros de la disgregación y de rupturas indeseables en un contexto de geopolítica regional y mundial en el que, como nunca antes, hace falta la más férrea unidad de los dominicanos. 

Estamos seguros que la razón y el interés del país finalmente prevalecerán, que el gran Partido de Bosch seguirá unido, fortalecido y avanzando en sus notables ejecutorias de bien social y que sus enemigos externos y los carreristas dentro de sus filas resultaran finalmente aislados y desenmascarados.

La fórmula para preservar la unidad peledeísta y la integridad de las viejas y probadas alianzas, la garantía de diafanidad, pulcritud y legitimidad de un proceso reeleccionario, es el referéndum nacional: organizarlo bien es cuestión de unas cuantas semanas.