Filiberto Cruz Sánchez

En medio de las tensiones políticas y militares que aún vivía el país tras concluida la guerra civil de 1965, cientos de estudiantes universitarios y de la secundaria decidieron marchar el 9 de febrero de 1966 hacia el Palacio Nacional para demandar la entrega de la subvención oficial correspondiente a la UASD, cuyas autoridades, elegidas en el claustro que dio inicio al Movimiento Renovador de la academia, aún no eran reconocidas por el gobierno provisional encabezado por Héctor García Godoy.

La marcha fue organizada por la Federación Dominicana de Estudiantes, encabezada por su Secretario General, Amín Abel Hasbún. Los estudiantes, en su mayoría adolescentes, permanecieron durante varias horas de la mañana frente a la puerta Sur del palacio de gobierno esperando que una comisión fuera recibida por el Presidente García Godoy. Mientras la multitud que esperaba en las afueras del palacio era informada por Romeo Llinás, dirigente de la FED, acerca de los acuerdos arribados con las autoridades, desde la verja perimetral de la casa de gobierno, "empezaron a brotar ráfagas de fusiles automáticos que iban gradualmente cobrando víctimas entre los adolescentes y jóvenes allí presentes".

Nuevamente la represión y la intolerancia de la fuerza policial exhibía su brutalidad, ahora contra cientos de jóvenes que clamaban por un mejor futuro para la educación dominicana. Cuatro estudiantes asesinados y cuarenta heridos fue el saldo macabro de aquel acto salvaje que consternó al mundo. Víctimas de las ráfagas aleves fueron los estudiantes Antonio Santos Méndez, Miguel Tolentino, Luis Jiménez Mella y la adolescente, de 15 años, Amelia Ricart Calventi.

El brutal ametrallamiento policial contra cientos de estudiantes indefensos fue difundida al mundo por las agencias de prensa internacionales. El Presidente García Godoy dio reiteradas pruebas de que rechazaba la actitud agresiva de los cuerpos represivos del gobierno que no aceptaban sus órdenes. 

En medio de una huelga general en protesta contra la masacre estudiantil, García Godoy decidió destituir al jefe de la Policía Nacional, general Herman Despradel Brache, designando en su lugar al coronel José de Jesús Morillo López. Despradel Brache pertenecía al bando de Belisario Peguero Guerrero, el ex jefe policial que odiaba a Morillo López desde cuando éste se opuso a la corrupción en el seno de la institución policial.

Días después, García Godoy se presentó al Campamento Militar 27 de Febrero, ubicado en la margen oriental del río Ozama, donde permanecían acorralados los militares constitucionalistas; allí les presentó al coronel Enrique Pérez y Pérez, quien sería designado en marzo nuevo Ministro de las Fuerzas Armadas, en sustitución de Rivera Caminero, enviado a los Estados Unidos como agregado naval de la embajada dominicana en Washington.

La destitución de Rivera Caminero formaba parte de las demandas del movimiento huelguístico que estalló con fuerza en todo el país tras la masacre estudiantil. Pérez y Pérez, por su parte, era un oficial muy vinculado a Balaguer y el preferido por el embajador Bunker de los Estados Unidos para dirigir las Fuerzas Armadas dominicanas.

Los organizadores de la huelga general, que durante siete días paralizó todas actividades económicas, comerciales y de transporte, aún no aceptaban las maniobras del gobierno títere de García Godoy. Los sindicatos de obreros y choferes exigían la salida del país de todos los militares implicados en actos de corrupción, terrorismo y crímenes políticos que seguían ocurriendo en las principales ciudades dominicanas.

La violencia y el caos preocupaba también al gobierno de los Estados Unidos, mientras los militares derechistas no aceptaban las decisiones del Presidente provisional. La huelga general seguía con fuerza en todo el país, situación que perjudicaba a los grandes comerciantes e industriales. En medio de tantas tensiones, los generales Jacinto Martínez Arana, del Ejército; Juan de los Santos Céspedes, de la Fuerza Aérea y Ramón Emilio Jiménez Reyes, de la Marina de Guerra, resistieron, sin éxito, el decreto presidencial que los había destituido de sus cargos. Gracias a la fortaleza del movimiento huelguístico, los tres jerarcas militares protegidos por los invasores se vieron obligados a ceder a los reclamos populares. El coronel Osiris Perdomo Rosario fue nombrado jefe del Ejército y el coronel Juan Folch Pérez, jefe de la aviación militar.

Reestructurado todo el mando policíaco-militar, el gobierno provisional se concentró en la organización de las elecciones nacionales para elegir un gobierno definitivo que fuera de la entera confianza de los Estados Unidos y de las fuerzas conservadoras dominicanas que vivían fuertemente influenciadas por los temores y la propaganda norteamericana que asociaba a los líderes democráticos del país con "el comunismo internacional, ateo y disociador".