La deuda pública dominicana, de Hartmont a Leonel Fernández

El empréstito con la Hartmont y Compañía

El cuarto gobierno de Báez se decidió por buscar los recursos que tanto necesitaba a través de un préstamo internacional. Para tal propósito, utilizó a su socio de Curazao Abraham Jesurum para gestionar un empréstito en Estados Unidos, donde no pudo lograrlo. El agente del gobierno dominicano viajaría después a Europa, donde entró en contacto con un aventurero inglés llamado Edward Hartmont, quien le ofertó un préstamo por 420 mil libras esterlinas, equivalentes a casi 2 millones de dólares. Según el contrato con la empresa Hartmont y Compañía, ratificado en junio de 1869 por el Congreso dominicano, el gobierno se comprometía a pagar la deuda en un plazo de 25 años, a un interés de un 6 por ciento anual y pagando de inmediato, por comisión, la cantidad de 100 mil libras esterlinas al prestamista.

Como garantía del empréstito, Báez hipotecó las recaudaciones de las aduanas, los bienes nacionales, las minas de carbón y los bosques del país. Tales garantías significaban la entrega del país a los ingleses. Aparte de los altos intereses y la elevada “comisión” que implicaba ese primer préstamo internacional, con el cual se inició el endeudamiento externo del Estado dominicano, Báez apenas recibió 38,095 libras esterlinas, pues en su desesperación por obtener dinero fresco, el gobierno no esperó que el agente inglés consiguiera la cantidad convenida y autorizó a un banco de Londres a emitir bonos sobre el empréstito dominicano por una suma muy superior. En opinión de César A. Herrera, esa operación representó "la más colosal estafa de que ha sido víctima el Estado dominicano" (César A. Herrera, De Hartmont a Trujillo, p. 15).

Para el gobierno de Báez lo más importante era utilizar los recursos del préstamo en la compra de armas y mantener fieles y contentos a su numerosa clientela política que combatía a los líderes nacionalistas (Luperón, Cabral y Pimentel) que desarrollaban una tercera guerra de independencia nacional llamada “guerra de los seis años”.

La noticia de que Báez había negociado “la operación Hartmont” causó mucho recelo en la persona del nuevo Presidente norteamericano, el general Ulysses S. Grant, ascendido al poder en enero de 1869. La principal preocupación estaba en que el artículo 9 del contrato establecía que si el Estado dominicano no cumplía sus compromisos de pago, el territorio dominicano sería ocupado por una nación europea, aspecto que entraba en conflicto con el contenido de la Doctrina Monroe, de “América para los americanos”.

En la época en que Báez negociaba el préstamo con los ingleses, buscando dinero rápido a cualquier precio, otorgó también una concesión a favor de la firma Prince & Hollester, de New York, para la creación de un Banco Nacional que realizaría todas las operaciones de la banca moderna (hipotecas, cambio, emisión, descuentos y depósitos). El banco empezó sus operaciones en enero de 1870, pero al no poder cumplir con sus primeras obligaciones, entre ellas, la compra de un millón de “pesos fuertes” en bonos del gobierno, que era la intención oculta del Presidente, el intento por establecer un primer banco de capital foráneo en Santo Domingo terminó fracasando, cinco meses después.

La necesidad urgente de dinero que a diario confrontaba la dictadura baecista la empujó a firmar un contrato de arrendamiento de la península y bahía de Samaná con una empresa estadounidense  por 150 mil dólares anuales. "La primera entrega fue recibida en efectivo y armamentos, pero inmediatamente el gobierno gestionó un nuevo empréstito, poniendo en garantía la totalidad de la próxima entrega.

Esta negociación se llevó a efecto con Jay Cooke y Compañía, de Nueva York, y sólo pudo concertarse por la suma de 50 mil dólares, al 10 por ciento anual, pagaderos semestralmente.

El acuerdo se firmó el 26 de julio de 1970 por el coronel Joseph W. Fabens, en su calidad de Agente Fiscal de la República Dominicana" (Ibídem, p. 28).

Tras la caída del cuarto gobierno de Báez en enero de 1874, los sucesivos gobiernos del país intentaron contratar nuevos préstamos internacionales, pero todas esas iniciativas fracasaron hasta la aparición en la vida dominicana de la Westendor y Compañía.

 

Los empréstitos con la Westendorp y Compañía

 

Nuevos préstamos internacionales se hicieron durante la dictadura de Ulises Heureaux (Lilís), iniciada en enero de 1887. El antiguo lugarteniente del general Gregorio Luperón se vio tentado a tomar un préstamo superior a los 300 mil pesos a comerciantes extranjeros radicados en Puerto Plata para comprar a los más importantes jefes militares, seguidores de Casimiro Nemesio de Moya, quien había encabezado una rebelión armada en julio del año anterior en protesta por el fraude electoral que llevó a Lilís al poder por segunda vez.

Y para vencer al general Luperón, que había expresado públicamente su decisión de participar en las futuras elecciones de diciembre de 1888, Lilís envió a Europa a su socio y amigo Eugenio Generoso de Marchena a gestionar un préstamo que le permitiera cubrir los enormes gastos que implicaba mantener la fidelidad de una extensa clientela política, en la que había una amplia red de “calieses” que demandaban dinero para hacer su trabajo.

Según el historiador Frank Moya Pons, "Marchena viajó a Londres y a Ámsterdam y allí se entrevistó con varios grupos financieros, hasta que en junio de 1888 logró un empréstito por 770,000 libras esterlinas al 6 por ciento de interés anual pagaderos en 30 años. De esa suma, el Gobierno Dominicano destinó 142,860 libras para pagar las 38,095 libras recibidas del empréstito de Hartmont que había contratado Báez en 1869; otra parte la utilizó para saldar parte de la deuda interna dejada por los gobiernos anteriores. El resto del dinero lo utilizó Lilís para mantener su nueva maquinaria política funcionando, comprar nuevas armas y uniformes para el ejército, ordenando la adquisición y construcción de barcos de guerra que sirvieran para defender las costas y transportar tropas rápidamente de un sitio a otro del país.

"El empréstito fue contratado con la casa Westendorp y Compañía, de Ámsterdam, Holanda. En garantía por el dinero recibido Heureaux hipotecó a esa compañía las rentas de las aduanas de la República hasta un 30 por ciento de los ingresos. Para el cobro de las cuotas de amortización del capital y los intereses que le correspondían, la Westendorp nombró en el país varios agentes fiscales que se encargarían de retener el dinero que entraba por las aduanas y de entregar al Gobierno Dominicano el resto de lo que se produjera una vez deducido el porcentaje de los ingresos que le correspondían en virtud de lo estipulado. El contrato fue ratificado por el Congreso el 26 de octubre de 1888, y con él comenzó la República a ser objeto de una serie de manejos financieros por parte de Lilís que terminarían arruinándola económicamente y sometiéndola políticamente a los intereses de varias potencias extranjeras" (Moya Pons, Manual de Historia Dominicana, pp. 402-403).

Luperón y los demás líderes azules quedaron convencidos de que las elecciones serían una farsa que buscaban darle apariencia legítima a la nueva dictadura. El caudillo revolucionario, ante la represión desatada por el gobierno contra sus seguidores, retiró su candidatura y volvió a abandonar el país. Desde entonces, Lilís aprendió a organizar “elecciones” cada cuatro años, las cuales sirvieron de “modelo” a futuros dictadores dominicanos. Lilís se juramentó por tercera vez en febrero de 1889. Su régimen tiránico se consolidó definitivamente. El Partido Azul desapareció junto con el liderazgo del general Luperón.

Para 1890, la dictadura de Lilís necesitaba más dinero. Las entradas del gobierno habían mermado mucho. Esa reducción en los ingresos fiscales se debía a que las exportaciones de azúcar y tabaco, que en conjunto representaban el 60 por ciento de los productos exportables del país, habían bajado considerablemente. Los precios del azúcar bajaron en el mercado norteamericano y los del tabaco, que se vendía en Alemania, también. Debido a la reducción de los precios de ambos productos, bajó también su nivel de exportación y se redujeron las entradas aduanales, que eran la principal fuente de ingreso del gobierno.

Las aduanas del país estaban controladas por agentes de la Westendorp, quienes habían creado una Caja de Recaudación llamada La Régié, que administraba y distribuía las recaudaciones de acuerdo a lo establecido en el primer préstamo con la compañía holandesa. De manera que el gobierno dominicano sólo recibía una parte de las recaudaciones, porque el 30 por ciento estaba reservado para amortizar las cuotas del capital y los intereses del préstamo de 770 mil libras esterlinas negociado en 1888 y la parte restante era utilizada para cubrir los gastos de la administración aduanal.

Pero las apremiantes necesidades políticas de la dictadura demandaban más recursos. La crisis económica y las mermas en las recaudaciones aduanales condujeron a Lilís a un segundo préstamo con la Westendorp en septiembre de 1890, ascendente a 900 mil libras esterlinas, con el propósito de construir un ferrocarril que comunicaría a Puerto Plata con Santiago. Era una costumbre de Lilís utilizar parte del dinero de los préstamos para ampliar su fortuna personal y para mantener feliz y contenta a su numerosa clientela política.

Para Lilís, la estabilidad de su gobierno se compraba con dádivas y con miedo. Por eso no tenía reparos en endeudar al país. Él acudía a las Juntas de Créditos existentes para tomar préstamos leoninos, que perjudicaban al Estado dominicano, porque se hacían con intereses muy elevados. Cuando no conseguía los préstamos con los comerciantes nacionales, propietarios de las Juntas de Créditos, apelaba al endeudamiento externo, y como todo préstamo requiere una garantía, nada mejor que hipotecar las aduanas del país. Y cuando le cerraban el crédito internacional, intentaba vender o arrendar la bahía y la península de Samaná a los Estados Unidos. Si el dinero no entraba por ese concepto, entonces emitía papel moneda sin respaldo, que es un viejo fraude de los gobiernos dominicanos.

Pero la capacidad tramposa del brillante y sombrío dictador no tenía límites. Siempre se las ingeniaba para seguir adelante. Como las entradas aduanales estaban bajo control de agentes extranjeros, estimulaba a los comerciantes y a sus amigos a introducir mercancías de contrabando, quienes le pagaban secretamente a Lilís. Con esa práctica dolosa llevó a la quiebra a la compañía Westendorp. Cuando en 1892 quiso buscar un tercer préstamo con la empresa holandesa, ya era tarde, pues la compañía estaba al borde del colapso por causa del contrabando estimulado por aquel hombre “ajeno a todo escrúpulo”, según Jimenes-Grullón.

 

La Santo Domingo Improvement Company

 

Presionada por los tenedores de bonos que reclamaban el pago de sus beneficios, la Westendorp decidió vender sus intereses en República Dominicana a un grupo de inversionistas norteamericanos, quienes habían fundado al vapor una compañía llamada Santo Domingo Improvement Company con el propósito de comprar las obligaciones y los acuerdos de la Westendorp con el Estado dominicano.

Cuando Lilís se enteró de esa operación de venta, quiso sacar sus ventajas. Para permitir el negocio, en marzo de 1893, puso como condición que la empresa compradora, la Improvement, le concediera dos nuevos préstamos, uno por 1,250,000 dólares y otro ascendente a 2, 035,000 libras esterlinas para pagar deudas atrasadas. Para ese año, el monto de las deudas del Estado dominicano, internas y externas, sumaban 17 millones de pesos.

"Con la introducción de la Santo Domingo Improvement Company en la vida financiera dominicana, los Estados Unidos adquirían una influencia nunca antes alcanzada en la vida dominicana pues no sólo quedaban en completo dominio de las aduanas, sino también de la industria azucarera con sede en Nueva York, y del tráfico con la República Dominicana que también constituía un monopolio de la Línea de Vapores Clyde, a la cual Heureaux le había entregado el privilegio exclusivo del transporte de pasajeros y cargas entre esa ciudad y Santo Domingo. Esa creciente influencia económica y financiera norteamericana en el país afectó intereses europeos que tradicionalmente habían dominado el comercio dominicano, e hizo resentirse igualmente a los socios de esos intereses en las diferentes ciudades del país" (Moya Pons, obra citada, p. 408).

 

Lilís contra Marchena

 

La política exterior de Lilís estaba dirigida a asociarse con la creciente influencia norteamericana en América latina y el Caribe. Esa asociación terminó desplazando a los intereses europeos en República Dominicana. Las inversiones europeas se habían registrado en áreas vitales de la economía dominicana. Un capitalista escocés llamado Alexander Baird había construido, entre los años de 1882 y 1887, el primer ferrocarril dominicano, que iba desde Sánchez hasta La Vega. Una compañía francesa de telégrafos había instalado, a partir de 1888, las primeras líneas telegráficas y el primer cable submarino que unía al país con el resto de América y el mundo. Capitalistas italianos habían hecho sus inversiones en la industria azucarera. Los alemanes tenían fuertes vínculos económicos con los tabaqueros cibaeños. Los principales accionistas de la Westendorp eran principalmente franceses, belgas e ingleses. Esa misma compañía recibió un contrato, en 1890, para empezar a construir la principal obra de infraestructura de la dictadura, el Ferrocarril Central Dominicano, para enlazar las ciudades de Santo Domingo, Santiago y Puerto Plata.

Se sabe también que Lilís había aceptado una propuesta de su servidor y amigo Eugenio Generoso de Marchena, principal agente dominicano que negoció el primer préstamo con la Westendorp, “para que se creara en el país, mediante una importante operación con el Crédit Mobilier, organización financiera de Francia, un Banco Nacional con un capital de dos millones de dólares que funcionó con regularidad desde 1889 hasta 1893. El Banco fue creado mediante ley el 26 de julio de 1889 y lo autorizaba a hacer todo tipo de negocios relacionados con los bancarios, cambiables y financieros, y todos aquellos otros que el Banco considere incidentables (sic). Además, estipulaba que en el caso de que el gobierno decida levantar un empréstito en el exterior lo hará por conducto del Banco”, que también podía “adquirir y poseer propiedades en todo el territorio de la República Dominicana, tomar inscripciones hipotecarias, entablar acciones judiciales y defenderse en las que se propongan contra él” (Juan  Isidro Jimenes-Grullón, Sociología Política Dominicana, tomo I, pp. 403-404).

El establecimiento del Banco Nacional de Santo Domingo significó un avance en la organización de las actividades financieras y económicas, pues lo que existía en el país eran las tradicionales Juntas de Créditos, propiedad de comerciantes nacionales y extranjeros que prestaban a los gobiernos de turno y cuando éstos se atrasaban en los pagos, financiaban revueltas armadas, con las cuales mantenían al país en un estado de ingobernabilidad.

De Marchena, artífice de la entidad bancaria, estaba muy vinculado a los intereses europeos. Sucedió entonces que mientras Lilís se identificaba más con la creciente influencia norteamericana, su socio se inclinaba a favor del capitalismo europeo, que ya empezaba a ser desplazado por el capitalismo norteamericano.

Esa confrontación entre Lilís y su socio pasaron luego al campo político. En 1892 se celebraría una nueva farsa electoral. Lilís expresó que no deseaba volver porque se sentía cansado, pero se trató de una trampa tendida por el dictador para saber quiénes eran sus amigos. De Marchena aspiraba a la presidencia porque tanto él como los inversionistas europeos eran contrarios a la creciente influencia del capitalismo estadounidense en el país. Como era de esperarse, De Marchena salió derrotado y en venganza por la nueva farsa, empezó a conspirar contra Lilís. Siendo el principal gerente del Banco Nacional de Santo Domingo, ordenó cerrarle el crédito al dictador, alegando atrasos en los pagos de los préstamos personales que la entidad bancaria le había otorgado. Además, ordenó congelar sus ahorros y embargó las garantías de los préstamos que Lilís había ofrecido para el cumplimiento de sus obligaciones.

Ese conflicto, que duró varios meses, llegó a la Suprema Corte de Justicia, la cual falló a favor de Lilís. Tanto la Justicia como el Congreso estaban sometidos a la voluntad del tirano. Los directivos del Banco apelaron al Cónsul francés, quien pidió varios barcos de guerra para persuadir al dictador que quería recuperar más 60 mil pesos retenidos en la entidad bancaria. La actitud del Cónsul francés fue respondida por Lilís el 23 de febrero de 1893, cuando se hizo acompañar por el Cónsul norteamericano a las oficinas del Banco que fueron violadas y la caja fuerte destruida por sus seguidores. Ese feo incidente, muy parecido a un asalto, provocó el rompimiento de las relaciones diplomáticas entre Francia y República Dominicana.

La conducta de De Marchena hizo que Lilís ordenara su apresamiento, y después de mantenerlo prisionero durante un año, decidió fusilarlo en diciembre de 1893, junto a un grupo de antiguos seguidores de Báez que intentaron rebelarse en Azua. El pleito Lilís-De Marchena había concluido.

Lilís inició luego gestiones para conseguir un arreglo con los accionistas franceses, dueños del Banco. Después de largas negociaciones, en las que intervino un funcionario de la Santo Domingo Imrpovement Company, se llegó a un entendimiento con los accionistas franceses. El 9 de septiembre de 1895 renunció en París el Consejo Directivo del banco y en su lugar fue elegida una nueva directiva, encabezada por el señor Charles M. Wells, el funcionario de la Improvement que negoció el traspaso del banco a la empresa norteamericana.

La nueva directiva del banco hizo causa común con las ambiciones de Lilís, que siempre usó la institución como fuente de recursos financieros para mantenerse en el poder. La vida del segundo Banco Nacional de Santo Domingo se encontraba muy vinculada a la vida del tirano y desapareció del escenario dominicano tan pronto se produjo el magnicidio del 26 de julio de 1899.

 

El desastre financiero de Lilís

 

La catástrofe financiera de la dictadura de Lilís se originó porque los gastos del gobierno siempre superaban los ingresos, lo que provocaba un constante déficit en las finanzas públicas. Con las aduanas dominicanas controladas por la Improvement, la nueva compañía norteamericana que suplantó a la Westendorp, las entradas del gobierno se redujeron a 90 mil pesos de plata al mes, suma insuficiente para cubrir las deudas vencidas y pagar sueldos atrasados.

En 1895 el gobierno de Lilís pagó a Francia una compensación de casi un millón de francos por las violaciones de que fue objeto, a finales de 1892, el Banco Nacional de Santo Domingo, de capital francés. Para conseguir esa suma, Lilís obligó al Presidente haitiano Hippolyte a pagarle varias cuotas atrasadas en virtud de los nuevos acuerdos fronterizos de 1887, mientras solicitaba más préstamos a la Improvement.

El país estaba prácticamente hipotecado a la compañía norteamericana. La deuda pública había crecido a un ritmo devastador. Cuando cayó la dictadura en 1899 ascendía a más de 29 millones de dólares, suma extraordinaria para la época. La mayor parte del dinero proveniente de los préstamos era devorado por la insaciable corrupción de Lilís y sus socios políticos.

El crédito del gobierno se había cerrado dentro y fuera del país. Había llegado el momento en que la Improvement, dueña de las finanzas dominicanas, no podía facilitarle más dinero a la dictadura. Las Juntas de Créditostampoco. Como en los tiempos de Báez, Lilís intentó en varias ocasiones resolver sus problemas financieros mediante la venta de la península de Samaná a los Estados Unidos, pero fracasó.

Otro recurso muy parecido fue el acuerdo secreto que Lilís firmó con el gobierno haitiano en agosto de 1898 para venderle algunas zonas fronterizas por un millón de pesos.

El desorden financiero del gobierno no tenía precedentes. Pero a Lilís le quedan todavía algunas tablas salvadoras. Llegó el momento en que él mismo se convirtió en prestamista de su propio gobierno. Su amplia fortuna, hija de la corrupción administrativa, la utilizaba para pagar gastos corrientes del gobierno y para cubrir deudas vencidas.

El siguiente paso en este apogeo del desastre financiero fue la emisión de otros 5 millones de papel moneda sin respaldo. Los comerciantes y la gente del campo y la ciudad se negaban a recibir esas papeletas a cambio de sus productos y servicios. Las papeletas de Lilís cayeron en el descrédito público. El descontento contra la dictadura se expresaba en el rechazo generalizado de sus billetes. La gente prefirió intercambiar sus mercancías por otras mercancías. La maquinaria represiva de la dictadura quiso forzar, mediante el uso del terror, que la gente aceptara las papeletas. Incluso llegó a planificar expropiaciones contra sectores importantes del comercio, como recurso de última hora para seguir gobernando.

En la medida en que la dictadura carecía del crédito interno y externo, mayor era el desastre de las finanzas públicas. El dictador observaba cómo crecía la inconformidad entre la población y los comerciantes, que eran los grandes perjudicados con la emisión de millones de billetes sin respaldo. En medio de aquella situación, algunos de sus colaboradores más cercanos, entre ellos el general Ramón Castillo, Ministro de Guerra, y el gobernador de San Pedro de Macorís, general José Estay, desertaron del gobierno, pero fueron fusilados a principios de 1897.

Los comerciantes del país, principalmente los norteños, eran los más perjudicados por la política económica y financiera del régimen. En 1898 Lilís obtuvo un nuevo préstamo en Europa por 600 mil dólares para pagarle a los acreedores nacionales, especialmente a los comerciantes e industriales de Santo Domingo y San Pedro de Macorís, “dejando al comercio cibaeño sin recibir un solo centavo”.

Una nueva expedición armada contra la dictadura fue lanzada en junio de 1898. Estaba dirigida por Juan Isidro Jimenes, un rico comerciante de Montecristi, quien había salido del país debido a las depredaciones financieras de Lilís. Jimenes compró un barco en los Estados Unidos llamado Fanita, el cual armó con fusiles, cañones y balas para iniciar una revolución en la Línea Noroeste donde él había sido por muchos años el principal comerciante. Acompañado de Agustín Morales, Manuel de Jesús Mercado y el general Pedro López Villanueva, desembarcó por Montecristi con su barco camuflado con la bandera de la Clyde Line, la línea comercial norteamericana que desde 1893 monopolizaba el transporte entre Nueva York y Santo Domingo.

A pesar de que contaba con el apoyo de los Estados Unidos, la expedición fracasó y Jimenes volvió al exilio, estableciéndose en París, donde se puso en contacto con varios jóvenes dominicanos que regresaban a República Dominicana y los estimuló a organizar una nueva conspiración para matar al dictador. Uno de esos jóvenes se llamaba Jacobito de Lara, hijo de un comerciante y propietario agrario de Moca. Jacobito se unió a otro rico comerciante y agricultor de la región llamado Horacio Vásquez, quien junto a su primo Ramón Cáceres, planificaban la eliminación física de Lilís.

En un intento desesperado por calmar la región cibaeña, la más agitada contra la política financiera del gobierno, Lilís decidió hacer un recorrido por sus distintas comarcas. Estando en La Vega, ordenó quemar públicamente 4 mil de las papeletas emitidas por su gobierno y que eran rechazadas por los comerciantes norteños. De La Vega se dirigió a Moca y allí encontró la muerte, al caer abatido a tiros la tarde del 26 de julio de 1899, tras visitar la casa del comerciante Jacobo de Lara, el padre de Jacobito que junto a Ramón Cáceres decidieron ponerle fin a la primera dictadura moderna de la historia dominicana.

 

Nuevas convenciones, más deudas públicas

 

Las aduanas dominicanas continuaban hipotecadas a la Santo Domingo Improvement Company. Al caer la dictadura de Lilís, la empresa norteamericana entró en negociaciones con el nuevo gobierno de Juan Isidro Jimenes, quien estaba muy interesado en recuperar las aduanas por ser las principales fuentes de ingresos del gobierno dominicano.

La empresa alegaba tener derechos adquiridos en virtud de los contratos fraudulentos y secretos firmados con el gobierno de Lilís y antes de ceder su control, reclamaba el reconocimiento de esos derechos por parte del gobierno . Después de un año de difíciles negociaciones, debates públicos y aclaraciones en torno al monto de las deudas, que era un serio problema, el Presidente Jimenes decidió, en enero de 1901, sacar a la Compañía de la administración de las aduanas y entenderse con los tenedores de bonos europeos, quienes presionaban a sus respectivos gobiernos a cobrar sus acreencias utilizando la fuerza militar.

La Improvement protestó la medida y solicitó la intervención del gobierno de los Estados Unidos que, hasta ese momento, había permanecido al margen de las discusiones. Ante las protestas de los gobiernos europeos y del norteamericano, Jimenes envió a esos países a su Ministro de Relaciones Exteriores, Francisco Henríquez y Carvajal, con instrucciones precisas para negociar nuevos acuerdos con los directivos de la Improvement y luego con los tenedores de bonos europeos.

En Washington, el Ministro dominicano firmó, en marzo de 1901, un primer acuerdo con la Improvement, pero sin aclarar el monto total de la deuda, aspecto crucial que incluso había generado la indignación de los dominicanos, pues muchas de las reclamaciones de la empresa estadounidense eran hijas de negociaciones fraudulentas hechas en tiempos de Lilís. El acuerdo establecía además un Tribunal de Arbitraje, integrado por tres jueces, uno dominicano y dos norteamericanos, para arreglar todas las cuentas, reclamaciones y diferencias que existan entre las partes.

Cuando los acuerdos fueron sometidos al Congreso dominicano, para su ratificación, la mayoría de sus miembros los rechazaron. Entonces arribó al país el Ministro norteamericano William Powel, acompañado del Vicepresidente de la Improvement John Abbott, para reclamarle al gobierno dominicano un mejor tratamiento a la compañía, petición que fue rechazada por el Presidente Jimenes.

La postura nacionalista de Jimenes fue tronchada por la revuelta armada que llevó al Vicepresidente Vásquez al poder por segunda vez en abril de 1902. Tan pronto se instaló el nuevo gobierno, continuaron las presiones de los representantes norteamericanos a favor de las exigencias de la Improvement.

Para julio, Powel había logrado del nuevo Presidente Vásquez el reconocimiento de una deuda de 4 millones 500 mil dólares a favor de la compañía que, en tiempos de Lilís, había adquirido también las acreencias del BancoNacional de Santo Domingo, había construido un tramo del Ferrocarril Central Dominicano, había emitido bonos en diversas ocasiones y había consolidado en 1897 la deuda pública dominicana.

En enero de 1903, los gobiernos dominicano y estadounidense firmaron un Protocolo o acuerdo diplomático, mediante el cual el primero se comprometía con el segundo a pagarle a la empresa privada la cantidad de 4 millones 500 mil dólares y se establecía también que la forma de pago sería fijada por tres árbitros, uno dominicano y dos norteamericanos.

Sería un año y medio después, en julio de 1904, cuando se supo la decisión de los árbitros. El fallo no favorecía al gobierno dominicano, ahora presidido por Carlos Morales Languasco, quien vivía de rodillas ante los Estados Unidos, haciéndole ofertas secretas que lesionaban la independencia nacional. Los árbitros anunciaron que la Improvement aceptaría el pago de los 4 millones 500 mil dólares por sus bienes e intereses en República Dominicana, pero obligaban al gobierno a especializar los ingresos de las aduanas de Montecristi, Puerto Plata, Sánchez y Samaná para el pago a la compañía norteamericana. Además, el gobierno de los Estados Unidos nombraría un Consejero Financiero, sin cuyo previo consentimiento no podía tener lugar ningún gasto ni ningún pago por parte del gobierno dominicano. El Consejero Financiero resultó ser el mismo John Abbott, Vicepresidente de la Improvement.

Esa sentencia de los árbitros se conoce en la historia dominicana con el nombre de Laudo Arbitral de 1904. A partir de ella, ya no era la Improvement, sino el gobierno norteamericano el que ejercería un control oficial sobre las finanzas dominicanas, situación que equivalía a un protectorado financiero.

El Laudo Arbitral, sin embargo, no fue aceptado ni por los tenedores de bonos europeos, ni por los acreedores nacionales, ni por los caudillos regionales de las provincias cibaeñas, pues al pasar las aduanas de esos puertos al control de un agente extranjero, perdían la fuente de recursos que hacía posible el financiamiento de sus actividades políticas y militares. Por su parte, los acreedores europeos expresaron su descontento de diversas maneras, llegando el gobierno francés a amenazar con apoderarse de la aduana de Santo Domingo.

Para evitar lo ocurrido en Venezuela en 1902, cuando fuerzas navales alemanas, italianas e inglesas tomaron los puertos del país suramericano, como forma de asegurar el cobro de las sumas adeudadas a sus nacionales, el Presidente Roosevelt de los Estados Unidos trazó una política exterior para ayudar a imponer la estabilidad política y financiera en aquellos países latinoamericanos deudores de compañías y de ciudadanos europeos. Esa nueva política fue llamad el Corolario Roosevelt de la Doctrina Monroe, también El Gran Garrote (The Big Stick), porque preveía el uso de la fuerza bruta, las intervenciones militares norteamericanas para imponer la estabilidad política y financiera a varios países centroamericanos y caribeños.

Los Estados Unidos aplicaron su nueva política al caso dominicano. Después de nuevas negociaciones con el gobierno de Morales Languasco, se dejó sin efecto el Laudo Arbitral y se aprobaron nuevos acuerdos entre enero y febrero de 1905. Esos acuerdos, establecidos en la Convención de 1905, incluían los siguientes aspectos para resolver el problema de las deudas dominicanas: El gobierno norteamericano se responsabilizaba de todas las deudas del gobierno dominicano y, a cambio de ese "servicio", tomaba a su cargo el cobro de las entradas aduanales para distribuirlas de la manera siguiente: Un 45 por ciento de las entradas sería entregado al gobierno dominicano y el restante 55 por ciento sería utilizado por el gobierno de los Estados Unidos para pagar a los empleados de las aduanas y para amortizar capitales e intereses vencidos de las deudas dominicanas, tanto interna como externa.

En el convenio se acordaba también que mientras no esté completamente pagado el total de la deuda que el gobierno de Estados Unidos toma a su cargo, no podrá hacerse ninguna reforma arancelaria sino de acuerdo con el Presidente de los Estados Unidos, no pudiendo por tanto reducirse los actuales derechos de aduana y puerto sino es con su consentimiento. Tampoco podía el gobierno dominicano tomar nuevos préstamos y se preveía también que el gobierno norteamericano “auxiliaría” al dominicano para establecer el crédito y conservar el orden, quedando así abierta la posibilidad de la intervención militar.

Pero los acuerdos internacionales deben ser conocidos por el Congreso norteamericano. Cuando el Presidente Roosevelt presentó al Senado el tratado con República Dominicana, el órgano legislativo lo rechazó alegando que el artículo 7 del convenio abría la posibilidad de la intervención militar. De esa manera, todos los acuerdos para solucionar el complicado problema de la deuda dominicana, herencia de las dictaduras de Báez y Lilís, quedaron en el limbo, hasta que el Presidente Roosevelt sugirió a Morales Languasco que el convenio siguiera adelante como un Modus Vivendi, un arreglo temporal entre las partes, hasta que el Senado de los Estados Unidos aprobase otro definitivo. En ese sentido, Morales emitió un decreto el 31 de marzo de 1905, donde autorizaba al Presidente Roosevelt a nombrar una persona encargada de dirigir las aduanas dominicanas, cuyas recaudaciones serían distribuidas en la forma acordada en el convenio anterior.

En abril vino al país el experto financiero estadounidense Jacob Hollander, enviado por Roosevelt para estudiar el monto real de la deuda dominicana, sobre la cual existía mucha confusión debido a los manejos secretos y fraudulentos entre Lilís, la Improvement y los acreedores europeos y nacionales. Después de arduas investigaciones, Hollander estableció que el total de las deudas dominicanas ascendía a 40 millones de dólares, pero que esa suma podía reducirse a más de la mitad por carecer de suficiente legitimidad.

El gobierno de Ramón Cáceres, iniciado en enero de 1906, y el de los Estados Unidos decidieron acoger la idea de Hollander de llevar a cabo un Plan de Ajuste para rebajar la deuda a menos de veinte millones. Hollander logró un acuerdo con los tenedores de bonos residentes en Europa, mediante el cual los 21 millones de pesos oro adeudados quedarían reducidos a 12 millones 400 mil, mientras la deuda pública interna logró reducirla de 2 millones a 655 mil pesos oro. Las protestas de los acreedores nacionales "se produjeron inmediatamente, pero ambos gobiernos se mostraron inflexibles y en septiembre de 1906 la mayoría de los reclamantes aceptaron elPlan de Ajuste, quedando la deuda reducida a 17 millones de dólares solamente, suma todavía alta, pero mucho menor que la anterior” (Moya Pons, obra citada, p.431).

El siguiente paso en este largo viacrucis de la deuda pública dominicana era unificar todas esas deudas en una. Los Estados Unidos estaban muy interesados en eliminar la presencia europea en las finanzas, la economía y en la política dominicana. Hollander y el Presidente Roosevelt y otros funcionarios del Departamento de Estado, eran partidarios de que un banco de los Estados Unidos ofreciera al gobierno dominicano un préstamo que permitiera la compra de las acreencias a los inversionistas europeos, a fin de retener la deuda sólo en manos estadounidenses. Con ese propósito viajó a Washington el Ministro de Hacienda del gobierno dominicano, Federico Velázquez Hernández, y allí se decidió que un banco de Nueva York prestara 20 millones de dólares para cancelar todas las deudas pendientes, fijadas en 17 millones, y que los tres millones restantes se utilizaran en la construcción de obras públicas.

El préstamo fue adquirido en septiembre de 1906, pero el gobierno norteamericano, garante del mismo, exigió a su vez otras garantías al gobierno dominicano. Esas garantías eran casi las mismas establecidas en la Convención de febrero de 1905 y consistían en que las aduanas del país quedaban bajo control de un funcionario norteamericano hasta tanto se saldara la deuda; que el gobierno dominicano no modificaría la tarifa aduanera ni tomaría nuevos préstamos sin el consentimiento previo del Presidente de los Estados Unidos. En cuanto a la distribución de los ingresos aduanales, un 50 por ciento se depositaría en un banco de Nueva York, un 5 por ciento se dedicaría al pago de los empleados de la Receptoría General de Aduanas y el restante 45 por ciento se entregaría al gobierno dominicano para sus necesidades administrativas.

El Congreso dominicano debía conocer y aprobar tanto el préstamo de los 20 millones de dólares como las condiciones exigidas por el gobierno de los Estados Unidos. Esas nuevas condiciones fueron recogidas en un tratado llamado Convención Domínico-Americana de 1907, la cual fue ratificada en mayo, luego de suscitar fuertes debates en un Congreso controlado por los haracistas. El diputado Gabino Alfredo Morales “atacó con elevado sentido patriótico y nacionalista el texto de la Convención”, advirtiendo que la misma “dejaría a República Dominicana en la categoría de Estado semi-soberano, que la República no podrá tratar con ninguna otra Nación de igual a igual, porque un Estado semi-soberano no tiene personalidad internacional” (Citado por Franklin Franco Pichardo, Historia del Pueblo Dominicano, p. 388).

Por medio de la Convención de 1907, los Estados Unidos quedaron en perfecto control de las finanzas dominicanas y con derecho a intervenir en la vida política dominicana cada vez que considerara que sus intereses estaban en peligro, como se establecía en el artículo 2 del convenio.

Nuevos empréstitos internacionales

 

En efecto, en mayo de 1916 se inició la primera ocupación militar norteamericana en República Dominicana y tenía tres grandes objetivos. El primero estaba relacionado con la primera Guerra Mundial en desarrollo, pues la gran nación norteamericana había decidido participar en el conflicto enviando tropas a Europa a partir de 1917 y por eso había que establecer mecanismos de control en los países centroamericanos y caribeños, cuyos productos de exportación tendrían mucha demanda en los mercados internacionales por los efectos inmediatos de la gran guerra europea.

En segundo lugar, los Estados Unidos buscaban desplazar definitivamente la influencia comercial alemana en República Dominicana. Desde el siglo diecinueve, la presencia alemana en el país era fundamental. Los alemanes eran los principales compradores del tabaco cibaeño que se exportaba por el puerto de Puerto Plata y antes del estallido de la guerra europea, controlaban alrededor del 20 por ciento del comercio exterior dominicano. Al concluir la guerra, el gobierno militar había logrado que casi todo el comercio exterior dominicano dependiera del mercado norteamericano.

En tercer lugar, se destaca el propósito de los Estados Unidos de acabar con el caos caudillista interior y reorganizar todo el andamiaje estatal dominicano, que arrastraba muchas debilidades desde su fundación en 1844.

Tan pronto el Capitán Harry S. Knapp se autoproclamó Gobernador Militar de Santo Domingo, nombró a varios oficiales del ejército norteamericano en los altos cargos que los funcionarios del anterior gobierno dominicano se negaron a seguir ejerciendo; disolvió el Congreso Nacional, la Justicia y las fuerzas armadas dominicanas, siendo reemplazadas por las fuerzas militares interventoras. Las medidas del gobierno militar eran anunciadas a través de las llamadas Órdenes Ejecutivas. De esa manera, las principales instituciones del Estado dominicano fueron eliminadas o sometidas a múltiples reformas.

La primera Guerra Mundial, que terminó con la derrota del eje alemán en 1918, produjo sus efectos positivos en la economía dominicana. Como la guerra se había librado en los campos productores de remolacha azucarera en Francia, Rusia, Polonia y Alemania, la escasez de azúcar y otros productos se hizo sentir inmediatamente en todo el mundo y los resultados fueron una enorme demanda de azúcar de caña y un alza en sus precios. Desde finales del siglo diecinueve, la economía dominicana venía dependiendo de la producción de azúcar, cacao, café y tabaco, los llamados productos tradicionales de exportación.

“Al subir los precios, la prosperidad se hizo sentir de inmediato en todo el país, pues aunque la mayor parte de los ingresos quedaban en manos de los dueños de los ingenios, que eran extranjeros, hubo sustanciales aumentos de salarios y, desde luego, considerables beneficios para los colonos dueños de las tierras cañeras. Lo mismo ocurrió con los cultivadores y exportadores de tabaco, cacao y café, quienes al recibir más dinero por sus productos aumentaron su capacidad de compra produciéndose entonces una gran expansión de la demanda de manufacturas y artículos producidos en el extranjero. El comercio, por su parte, empezó a importar enormes cantidades de mercancías y, durante los años de 1918 hasta 1921, la economía dominicana creció hasta alcanzar niveles nunca antes imaginados. El quintal del azúcar, por ejemplo, subió de $5.50 en 1914, a $12.50 en 1918, y de ahí a $22.50 en 1920.

“Esa súbita y gigantesca expansión de la vida económica y de los negocios en el país recibió el nombre de la Danza de los Millones. Durante este corto período, algunos pueblos como Santiago, La Vega, San Pedro de Macorís y Puerto Plata adquirieron una categoría urbana que no habían conocido anteriormente. El azúcar hizo de Macorís una ciudad con grandes casas de concreto armado y tranvías en las calles para el transporte de pasajeros. Puerto Plata y Santiago con el tabaco, y La Vega y Sánchez con el cacao, favorecidas por los ferrocarriles, también se convirtieron en bulliciosos centros comerciales en donde día tras día se levantaban nuevos edificios y almacenes y las familias que tenían intereses comerciales se enriquecían de la noche a la mañana. Algunas ciudades instalaron alumbrado eléctrico y, por primera vez, pavimentaron sus calles y construyeron sistemas de alcantarillado, mientras también proliferaban los clubes sociales, se fundaban sociedades literarias o se construían teatros y parques” (Moya Pons, obra citada, pp. 463-464).

Favorecido por la bonanza económica, el régimen de los marines inició un ambicioso programa de construcciones de obras públicas, algunas de las cuales, como las carreteras del Norte y la del Sur, las había iniciado el gobierno de Cáceres. Por la región Norte se reanudó la construcción de la “Carretera Duarte” que une a la capital con Santiago y Montecristi, con una extensión de 292 kilómetros; por el Sur la “Carretera Sánchez” que enlaza la capital con Azua, San Juan de la Maguana y Comendador, con una extensión de 235 kilómetros; por el Este se construyó un tramo de la “Carretera Mella” hasta San Pedro de Macorís. En total se construyeron 467 kilómetros de carreteras y quedaron pendiente de construcción 230 kilómetros. Sobre las nuevas carreteras se construyeron también varios puentes de acero y hormigón armado en algunas ciudades del país. Esas nuevas vías de comunicación terrestre permitieron el uso, por primera vez, de vehículos de motor.

La situación económica era tan holgada que la deuda externa con los Estados Unidos pudo ser saldada en 1919, pero si se pagaban los 20 millones de dólares, los ocupantes ya no tendrían motivos aparentes para permanecer en el país y la desocupación inmediata sería una demanda de las fuerzas vivas de la nación.

A pesar del crecimiento económico, los ocupantes norteamericanos encontraron algunas dificultades para concluir las obras públicas. La más importante de ellas fue la gran depresión de la economía norteamericana iniciada en 1920, la cual empezó a reflejarse en la economía dominicana con una brusca caída en los precios de los principales productos de exportación y en una progresiva disminución de los ingresos fiscales del gobierno militar.

Para concluir las construcciones, los gobernadores militares que sucedieron a Knapp negociaron nuevos empréstitos internacionales, entre ellos, uno por 2 millones 500 mil dólares contratado con banqueros de Nueva York en 1921 y otro ascendente a 10 millones de dólares en 1922, cuando se inauguró la “Carretera Duarte”.

El gobierno militar carecía de legitimidad para endeudar más a República Dominicana. Es más, los nuevos préstamos violaban el artículo 3 de la Convención Domínico-Americana de 1907, que prohibía al Estado dominicano concertar más préstamos hasta tanto se saldara la deuda de los 20 millones de dólares con el gobierno norteamericano.

Tan pronto se previó el retiro de las tropas norteamericanas, se eligió en marzo de 1924 al general Horacio Vásquez nuevo Presidente de la República. Su tercer y último gobierno sería otra de las múltiples consecuencias inmediatas de la ocupación norteamericana. El gobierno del viejo caudillo no se diferenció mucho del gobierno militar anterior en materia de política económica. Las obras públicas iniciadas por los ocupantes fueron concluidas y algunas ampliadas a lugares más lejanos, como fueron las tres principales carreteras nacionales.

Para continuar con ese amplio programa de construcciones, Vásquez tomó nuevos préstamos internacionales, siempre con el aval del gobierno norteamericano, pues el Estado dominicano seguía atado a una especie de protectorado financiero. Las libertades públicas, que habían mejorado bastante desde que se conocieron los primeros planes de desocupación, fueron ejercidas sin restricciones durante el sexenio horacista.

En diciembre de 1924, el gobierno firmó un nuevo convenio que modificaba ligeramente la Convención Domínico-Americana de 1907, pero que prolongaría hasta 1947 el control financiero de los Estados Unidos sobre República Dominicana. Los debates que ese nuevo convenio provocó en el Congreso, que lo ratificó en abril de 1925, originaron la ruptura política entre los partidos Nacional y Progresista.

Vásquez llegó al poder en medio de una situación económica muy difícil, resultante de los bajos precios de los productos de exportación y el agotamiento de los recursos del último préstamo de 10 millones de dólares contratado por el gobierno militar en 1922. En septiembre de 1926 gestionó otro préstamo para pagar deudas vencidas y para atender a su vasto programa de inversiones públicas. Con ese propósito insistió ante el Congreso, donde los velazquistas habían perdido fuerza, para que le autorizara la emisión de bonos por 10 millones de dólares, solicitud que fue aprobada sin dificultad, pues curiosamente, los oficialistas recibieron el apoyo de laCoalición Patriótica de Ciudadanos, la cual había competido contra Vásquez en las elecciones de 1924.

Con esos nuevos recursos el gobierno se pasó todo el año de 1927 construyendo. Por primera vez, se construyó el acueducto de Santo Domingo, se dragaron los principales puertos del país, se construyeron nuevas escuelas y se ampliaron las tres carreteras troncales hasta llegar a provincias más lejanas, acelerando así el proceso de modernización en República Dominicana.

 

Más empréstitos en tiempos de Trujillo

 

Trujillo alcanzó el poder político en medio de los efectos negativos generados por La Gran Depresión de la economía mundial iniciada en octubre de 1929. En ese año se derrumbaron los valores de las acciones en Wall Streetde Nueva York, que era el centro del capitalismo mundial. Desde entonces, se generó la más prolongada y profunda crisis del sistema capitalista en toda su historia, teniendo repercusiones sobre prácticamente todas las zonas del planeta. La crisis arruinó las principales fuerzas productivas de los países desarrollados, especialmente en los Estados Unidos, donde sus empresas quebraron como resultado de la caída general de los precios y de la escasa demanda. La crisis causó además en la gran nación norteamericana un aumento explosivo del desempleo que afectó a millones de trabajadores y los que conservaron sus puestos vieron reducir sus salarios en un 50 por ciento.

En República Dominicana, cuya economía se había especializado en la producción de materia primas exportables, la crisis en los Estados Unidos tenía que afectarla profundamente. Se recuerda que desde las últimas décadas del siglo diecinueve, en el país empezó a desarrollarse una economía agro exportadora, basada en la producción de azúcar, café, cacao y tabaco, productos que eran exportados hacia los mercados de los países industrializados, principalmente a los Estados Unidos. Los precios de esos productos cayeron estrepitosamente en el mercado norteamericano y, como era de esperarse, la economía dominicana fue arrastrada por la crisis mundial que duró cinco años, una situación sin precedentes en la historia del capitalismo mundial.

La población dominicana, de un millón de habitantes, vivía en 1930 una de las peores crisis económicas de su historia. El gobierno de Trujillo había heredado una deuda externa de 20 millones de dólares y otra interna, con los comerciantes nacionales, de 3 millones de dólares. Para cubrir las amortizaciones y los intereses de la deuda externa, el gobierno destinaba el 25 por ciento del Presupuesto Nacional. Los ingresos del gobierno seguían dependiendo básicamente de las recaudaciones aduanales y éstas habían mermado mucho debido a la crisis que afectó a los países desarrollados. Las compañías azucareras extranjeras permanecieron al borde del colapso durante varios años, situación que afectó a miles de trabajadores, mientras la burguesía comercial, que era el sector económico más poderoso, volvía a la quiebra al disminuir los intercambios con el exterior.

Para empeorar aún más la grave situación económica, un poderoso ciclón llamado San Zenón azotó República Dominicana en septiembre de 1930, derribando miles de viviendas en la capital, donde murieron más de dos mil personas y devastó la agricultura en las regiones Sur y Este del país. De acuerdo a cálculos de la época, el ciclón causó pérdidas superiores a los 20 millones de dólares.

La bancarrota de la economía dominicana, agravada por el huracán, empujó al gobierno a gestionar un préstamo por 25 millones de dólares con banqueros de Nueva York, pero fracasó en el intento debido a que el mercado financiero norteamericano sufría los efectos de La Gran Depresión, el gran trueno de octubre, cuya onda expansiva afectó a todo el planeta. Urgido de recursos para encarar la situación, Trujillo se inclinó luego por enviar al Congreso un proyecto de Ley de Emergencia, el cual fue elaborado con la asesoría de los representantes norteamericanos en Santo Domingo. Después de recibir la aprobación de Washington, la legislación fue aprobada y promulgada en octubre de 1931. La ley establecía una moratoria sobre el pago de la amortización del capital de la deuda externa, no así en el pago de los intereses, lo cual era un gran alivio para Trujillo, pues el pago del capital de la deuda ascendía a un millón 850 mil dólares anuales y el mismo quedaba suspendido hasta que las recaudaciones aduanales volvieran a subir.

Asimismo, aplicó severas restricciones en los gastos corrientes del gobierno, congelando los pagos de la deuda interna, paralizando las construcciones de obras públicas, despidiendo empleados públicos y reduciendo los sueldos a otros. Mientras restringía los gastos corrientes, tomaba otras medidas para aumentar los ingresos del gobierno, como fueron las leyes 140 y 247 de octubre y diciembre de 1931 que creaban dos nuevos impuestos, uno del “manifiesto aduanero” y otro que obligaba a las personas mayores de 16 años a poseer una Cédula Personal de Identidad mediante el pago de un dólar.

Con idénticos propósitos, arrendó la Lotería Nacional por la suma de 4 mil dólares semanales al señor Agapito del Toro y el acueducto de Santo Domingo a una firma de Illinois, Estados Unidos, por un único pago ascendente a 750 mil dólares, “suma que sería aplicable a un contrato que esa misma empresa firmó con el gobierno dominicano de 3 millones 800 mil dólares para la construcción de puentes, calles y carreteras afectadas por el ciclón” (Franklin Franco Pichardo, obra citada, p. 510). Trujillo vendió el servicio telefónico a una empresa norteamericana, arrendó el Ferrocarril Central Dominicano y otorgó una serie de concesiones mineras a ciertos amigos norteamericanos para la explotación de las minas de oro y hierro del país.

Todas esas medidas de emergencia le permitieron al nuevo tirano sortear la grave situación encontrada cuando llegó al poder en 1930, demostrándole a los Estados Unidos que era la única salida para garantizar sus intereses y la estabilidad del Estado dominicano.

La recién instalada dictadura encajaba perfectamente con la política exterior norteamericana de la época, consistente en apoyar regímenes de fuerza en aquellos países de la región donde los efectos recesivos de La Gran Depresión podían provocar convulsiones políticas y sociales nada agradables para los intereses estadounidenses.

 

La “independencia financiera” de los años '40s

 

Al iniciarse la segunda Guerra mundial, en septiembre de 1939, el gobierno dominicano proclamó su neutralidad, pero tan pronto los Estados Unidos decidieron participar en ella, después que Japón atacó a Pearl Harbor en diciembre de 1941, República Dominicana le declaró la guerra al imperio japonés, a Italia y Alemania, potencias que luchaban aliadas contra Inglaterra, Francia, Estados Unidos y la antigua Unión de Repúblicas Socialistas Soviéticas (URSS). En represalia a tan absurda decisión, los submarinos alemanes iniciaron ataques despiadados contra buques de transporte dominicanos en el Mar Caribe, hundiendo siete barcos mercantes y provocando la muerte de 34 dominicanos, siendo esa la única actividad bélica del país en medio de la gran conflagración.

Trujillo se encontraba en Francia cuando estalló la guerra, ostentando el rango de Embajador Extraordinario y Ministro Plenipotenciario del gobierno dominicano. Antes de regresar al país, visitó brevemente a los Estados Unidos, donde ofreció el apoyo del gobierno que representaba a cualquier decisión que adoptara el gobierno norteamericano con relación a la gran guerra europea.

En septiembre de 1940 volvió a Washington, donde firmó un tratado con el Secretario de Estado Cordell Hull que anulaba los compromisos de las convenciones de 1907 y 1924. A través del Tratado Trujillo-Hull el Estado dominicano recuperó el control de las aduanas nacionales, se eliminaba la Receptoría y el país quedaba en libertad de manejar su deuda externa, recuperando así su soberanía financiera, medida que de inmediato fue aprovechada por el Congreso Nacional, denominando a Trujillo “Restaurador de la Independencia Financiera” de República Dominicana. Asimismo, el Presidente títere Troncoso de la Concha promulgó una ley para que la efigie de Trujillo fuera colocada en las escuelas y oficinas públicas, mientras la Universidad estatal lo designaba “Catedrático de Economía Política”.

El Tratado Trujillo-Hull se realizó en una coyuntura internacional de guerra y cuando el gobierno del Presidente Franklin Delano Roosevelt inauguró la política del Buen Vecino, la cual propició un clima favorable para que la dictadura tomara un conjunto de medidas que disminuyeron la influencia norteamericana en el país. Además, la coyuntura de la guerra internacional volvió a paralizar la producción de azúcar de remolacha en Europa, situación que causó un alza en los precios del dulce y de otros productos de exportación dominicanos. El alza acarreó grandes beneficios a las finanzas del gobierno y a los dueños de ingenios.

La bonanza económica del régimen le permitió comprar, en octubre del 1941, las sucursales del First National City Bank y con ellas fundó el Banco de Reservas, "la primera entidad bancaria estatal de carácter eminentemente comercial, despojada de capacidad emisora”, en opinión de Julio C. Estrella. Esa compra favoreció mucho al tirano, pues el nuevo banco pasó a ser depositario de todos los fondos del gobierno. Años después, mediante ley del primero de junio de 1945, creó el Banco Agrícola e Hipotecario, para incentivar la producción agrícola e industrial dominicana.

Aprovechando la coyuntura de la postguerra, que disparó el valor de las exportaciones dominicanas, principalmente los precios del azúcar, el gobierno saldó la deuda pendiente con los Estados Unidos, ascendente a 9.2 millones de dólares en julio de 1947. En ese mismo año creó el peso dominicano con un valor igual al dólar estadounidense, que era la moneda oficial del país desde el 30 de septiembre de 1899.

La creación del peso dominicano condujo a la fundación del Banco Central de la República Dominicana, con facultad para emitir moneda nacional en billetes, “hecho que tuvo gran relevancia porque ponía todo el sistema financiero, monetario y crediticio en manos del Estado dominicano” (Julio C. Estrella: La moneda, la banca..., p. 417 y siguientes). Ambas disposiciones eran demandadas por el recién creado Fondo Monetario Internacional (FMI) a los países signatarios que carecían de una moneda propia y un banco central.

Para el economista e historiador Bernardo Vega, dos grandes mitos se han difundido con relación a Trujillo y la deuda externa. Niega, en primer lugar, que Trujillo fuera el "redentor" de la deuda, sino más bien su "diferidor" porque debió pagarla en 1942, según se había acordado anteriormente con el gobierno norteamericano. "El segundo mito es el que atribuye a Trujillo no haber contraído nuevos préstamos internacionales y que, como consecuencia de esa política conservadora o 'patriótica', dejó al país sin deuda externa en 1961", recordando que el dictador "solicitó y obtuvo en diciembre de 1959 un préstamo stand-by por un año por 9 millones de dólares" con el FMI (Bernardo Vega, En la década perdida, pp. 315-316). Otros economistas sostienen que Trujillo saldó la deuda externa en 1947 tomando un préstamo al Banco de Reservas, convirtiendo así la deuda externa en deuda interna.

En la década de 1950, Trujillo continuó con su política de “nacionalización económica y financiera”, comprando otras empresas de inversores norteamericanos.

 

 

 

Primer préstamo con el FMI en 1960

 

Para las festividades de la Feria de la Paz y la Confraternidad del Mundo Libre , celebradas en diciembre de 1955, el gobierno construyó un amplio complejo de edificaciones y dos grandes hoteles, cuyo costo real jamás fue conocido, aunque estimaciones posteriores señalan que en ellas se gastaron más de 70 millones de pesos y ese enorme costo marcó, paradójicamente, el inicio de la decadencia económica de la dictadura. Agréguese a esa suma los 13 millones de dólares emitidos para comprar la Compañía Eléctrica de Santo Domingo y los 39 millones invertidos en la compra de los ingenios. Esas erogaciones millonarias obligaron al gobierno a emitir dinero sin respaldo y a negociar préstamos por 18 millones de dólares con el Bank Of  Nova Scotia que desde 1920 venía operando en el país.

En 1955 empezaron a declinar los precios del café y del cacao y debido a que en el país existía una economía dependiente, que producía para satisfacer la demanda de algunos mercados extranjeros, tan pronto empezaron a bajar los precios de los productos de exportación comenzó a declinar la economía dominicana. Esa declinación se acentuó con los exorbitantes gastos de la Feria de la Paz, cuyos efectos se sintieron con fuerza a partir de 1957, cuando, en opinión de Juan Bosch, en los Estados Unidos se vivió una “pequeña crisis”.

De manera que 1955 es el año de mayor esplendor de la economía dominicana, pero al mismo tiempo, es el año que marcó el inicio de la crisis económica de la dictadura y esa crisis económica se asoció con factores políticos, internos y externos, hasta terminar con la muerte violenta del Generalísimo.

Los últimos años de la dictadura fueron un verdadero desastre económico. En 1959 Trujillo había gastado casi el 50 por ciento del Presupuesto Nacional en compras de armas y durante el año 1960 la crisis financiera lo obligó a firmar un primer préstamo con el FMI por la suma de 11.2 millones de dólares, mientras la deuda con los tenedores de bonos, que Trujillo había saldado en 1947, volvía a aumentar a 20 millones de dólares. Para empeorar aún más la situación económica del país, el gobierno del Presidente Eisenhower, acatando las sanciones económicas de la Organización de Estados Americanos (OEA), dispuso retirar el 35 por ciento del valor total de un embarque de azúcar dominicano vendida a precio preferencial en el mercado norteamericano. Con esa medida el gobierno de Estados Unidos le embargó a Truijillo casi 23 millones de dólares, en un momento muy tétrico para la economía dominicana.

 

La deuda pública dominicana en la época contemporánea

Tras la muerte de Trujillo, la deuda pública de Estado dominicano inició una ruta sin retorno. Trujillo la había dejado en 11. 2 millones de dólares, debido a un primer acuerdo con el FMI. La economía dominicana atravesaba por un momento muy crítico debido a las grandes sumas de dinero sacadas del país por los Trujillo y sus allegados. Se calcula en 400 millones de dólares la fuga de capitales, desde los días finales de la dictadura hasta su derrumbe definitivo.

Para mejorar la situación financiera del Consejo de Estado encabezado por Rafael F. Bonnelly, los Estados Unidos le otorgó, en febrero de 1962, un préstamo ascendente a 25 millones de dólares para desarrollar un plan que buscaba elevar el empleo. Con ese préstamo empezó la vorágine del endeudamiento externo del país en la época contemporánea. El Consejo también fue favorecido, en los meses siguientes, con el aumento a 350 mil toneladas de la cuota azucarera en el mercado preferencial norteamericano y con la devolución de 22 millones de dólares retenidos por la OEA por concepto de exportación azucarera, de acuerdo a las sanciones aplicadas al régimen de Trujillo en agosto de 1960 por su participación en el atentado contra el Presidente venezolano Rómulo Betancourt. 

En marzo de 1963 el gobierno de Juan Bosch firmó un convenio para el financiamiento de créditos por 150 millones de dólares con el consorcio suizo Overseas Industrial Construction, para la construcción de las presas de Tavera y Valdesia, más el muelle de Puerto Plata. Ese contrato de préstamo fue gestionado por Bosch durante su gira por Europa que incluyó a Suiza. El mismo fue ratificado por el Congreso dominicano y generó una larga polémica entre el gobierno y la oposición. Juan Isidro Jiménes-Grullón, un acérrimo enemigo de Bosch, hizo coro con Viariato Fiallo, quienes acusaron de corrupto y oneroso el contrato con la Overseas, que nunca se cumplió, ni las obras fueron construidas.

Gestionar préstamos en los países europeos fue una decisión nada agradable para el gobierno norteamericano. Más adelante, el Presidente Bosch tomó otras importantes medidas que agriaron las relaciones entre Washington y el gobierno dominicano. En ese mismo mes el gobierno anunció que dejaba sin efecto el contrato con el empresario estadounidense Thomas Pappas, accionista principal de la Esso Standard Oil, de Nueva Jersey, para la construcción de un monopolio en la Refinería Dominicana de Petróleo. Ese contrato, muy lesivo al interés nacional, fue otorgado a la empresa estadounidense en septiembre de 1961, durante el gobierno títere de Balaguer. La supresión del contrato con la Esso creó ciertos disgustos entres inversionistas norteamericanos.

Los meses siguientes al derrocamiento del Presidente Bosch no fueron muy propicios para contraer nuevas deudas. El gobierno ilegal del Triunvirato, surgido del golpe de Estado, se hundió en el fango de la corrupción administrativa y la represión política y, aunque sería reconocido por el gobierno norteamericano, no tuvo acceso a ningún préstamo. Los conflictos armados iniciados en abril de 1965, que originaron la ocupación militar de Estados Unidos en República Dominicana, obligaron al gobierno norteamericano a erogar fuertes sumas de dinero para sostener a sus secuaces en el poder.

Y para salvar al gobierno surgido de las negociaciones políticas que pusieron a la guerra civil, el gobierno norteamericano y sus agencias se vieron obligados a brindarle un fuerte respaldo económico, a través de asistencia, préstamos y donaciones. El gobierno provisional de Héctor García Godoy dependía enteramente de los Estados Unidos y sus agencias para poder cubrir los gastos de la administración pública. Con los ingresos de préstamos y las donaciones de la Agencia Internacional de Desarrollo (AID) y la Alianza para el Progreso, más la entrada de divisas para mantener y alimentar las tropas de ocupación a cargo de la OEA, el gobierno de García Godoy pudo sobrevivir, durante nueve meses, a la difícil situación en que quedó la economía dominicana después de la guerra civil. Entre abril de 1965 y junio de 1966, la asistencia económica de los Estados Unidos y sus agencias ascendió a 122 millones de dólares, casi el monto del Presupuesto Nacional que en 1965 fue de 149.2 millones de pesos.

Según Julio C. Estrella, "hasta el 30 de junio de 1966, la deuda externa dominicana, incluyendo al gobierno central y sus organismos descentralizados, llegaba a un balance adeudado de 139 millones de dólares, resultado de créditos contratados por valor de 202 millones de dólares, de los cuales se había desembolsado un monto de 156.8 millones, habiéndose amortizado un valor de 17.7 millones de dólares hasta esa fecha. El sector privado, por su parte, había incurrido en deudas reconocidas por el Banco Central cuyo balance pendiente de pago en la citada fecha llegaba a 1.8 millones, resultado de préstamos contratados con el exterior ascendentes a 7.6 millones, de los cuales se habían recibido 2.6 millones y se había amortizado la cantidad de 713 mil dólares. En resumen, la deuda externa del país pendiente de pago llegaba, en conjunto, a 141 millones de dólares" cuando se inició el gobierno de los doce años de Joaquín Balaguer  (Julio C. Estrella, La moneda, la banca..., pp. 203-204). Las estadísticas del Banco Central sostienen que el total de la deuda externa dominicana para 1966 era de 158.1 millones de dólares.

 

La deuda externa en los doce años de Balaguer

 

Con el gobierno de los doce años se inició el empeño oficial de utilizar los recursos externos para crear la infraestructura económica y social del crecimiento, aunque seguía prevaleciendo la práctica gubernamental de usar los fondos internacionales para atender necesidades clientelares y equilibrar el déficit tradicional de la balanza de pagos. Para agosto de 1970, la deuda externa dominicana había subido a 253.3 millones de dólares.

La permanencia de Balaguer en el poder durante tres períodos consecutivos se sustentó en la masiva asistencia económica otorgada por el gobierno de los Estados Unidos y los organismos internacionales de financiamiento controlados por el imperio. Es cierto que Balaguer aplicó, a partir de 1966, una rígida política de austeridad en los gastos corrientes, pero su permanencia por tantos años al frente del gobierno se debió a que los Estados Unidos le inyectaron más de 700 millones de dólares en sus primeros seis años.

Las grandes inversiones extranjeras efectuadas en la década de 1970 ayudaron a que las tasas de crecimiento del país fueran impresionantes. En 1969, cuando se inició el período de auge de la economía dominicana, el Producto Interno Bruto creció un 12.2 por ciento; en 1970, un 10.2 por ciento; en 1971, un 9.2 por ciento; en 1972, un 12.5 por ciento y en 1973, un 11.9 por ciento, para un promedio de crecimiento anual superior al 11 por ciento, uno de los más altos del mundo en aquellos años de bonanza.

Favorecido con esa nueva “danza de los millones”, el gobierno de Balaguer aceleró un amplio programa de construcciones de obras públicas. Muchas de esas obras eran sugeridas por la Agencia Interamericana de Desarrollo (AID) de los Estados Unidos, para satisfacer sus planes de contra insurgencia. La adjudicación de las obras del Estado se hacía con el corrompido sistema de “grado a grado”, no mediante concursos públicos que garantizaban una valoración más transparente y una mejor calidad de las obras a construir.

Las principales ciudades del país pasaron por un proceso de modernización y desarrollo nunca antes conocido. Proyectos habitacionales, presas hidroeléctricas, carreteras, caminos vecinales, canales de riegos, hospitales, centros culturales y recreativos y cientos de escuelas fueron parte del proyecto desarrollista del gobierno que invirtió cientos de millones de pesos en obras y creó 300 nuevos millonarios durante los doce años.

Debido a las grandes construcciones y el surgimiento de nuevas empresas, el país pasaba a ser más urbano que rural y las principales ciudades se llenaban de la nueva migración campesina. Al diversificarse la economía dominicana, nuevas fuerzas sociales y empresariales se abrían paso en la sociedad. El país ya no dependía tanto de las exportaciones de azúcar, café, tabaco y cacao, los productos tradicionales de exportación.

A partir de 1974, la situación de la economía dominicana empezó a variar, afectada por los mismos factores externos que antes ayudaron a su recuperación. La dominicana era y sigue siendo una economía pequeña, abierta y muy vulnerable a las fluctuaciones de los precios en los mercados internacionales. Los precios del petróleo empezaron a subir y los precios del azúcar, que en 1974 llegaron a 65 centavos la libra, empezaron a bajar hasta situarse a 9 centavos en 1977.

Además, el gobierno de los Estados Unidos redujo la cuota azucarera dominicana. Debido al aumento de los precios del petróleo, la factura petrolera dominicana pasó de 42 millones en 1973, a más de 168 millones de dólares en 1975. Sin embargo, el aumento de los precios del petróleo sería compensado por el aumento de los precios internacionales del azúcar, el café y el cacao. Esos tres rubros tradicionales de exportación, al aumentar de precio en los mercados externos, "le aportaron al país, entre los años de 1974 y 1975, alrededor de 677 millones de dólares"  (Carlos Despredel, 40 años de economía dominicana, p. 26).

 La inversión extranjera directa, que creció en los primeros años del gobierno, empezó a “congelarse” a partir de 1974, pues los inversionistas extranjeros orientaron sus capitales hacia otros países de la región con mejores atractivos y un vasto mercado interno. Así, la repatriación de dividendos empezaba a sustituir la reinversión de capitales en la economía dominicana.

Los gastos corrientes del Estado aumentaron de 286 millones en 1975 a 405 millones en 1978, mientras el Producto Interno Bruto empezó a decrecer. Después de alcanzar niveles de crecimiento impresionantes, entre 1969 y 1973, se observa una tendencia decreciente a partir de 1974, cuando bajó a un 6 por ciento; en 1975 siguió bajando y se situó en un 5.19 por ciento; en 1976 se recuperó un poco, al crecer un 6.73 por ciento; pero en 1977 bajó a 4.98 por ciento y en 1978 la tasa de crecimiento de la economía dominicana se contrajo a un 2.1 por ciento.

El deterioro del sector externo se reflejó en el déficit de la balanza de pagos, que en 1978 alcanzó los 80.7 millones de dólares. La deuda externa, que en 1966 era de 158.1 millones de dólares, creció a 1,375.8 millones en 1978. Otra vez la economía dominicana entraba en una nueva fase recesiva, la cual se reflejó en el creciente desgaste político del gobierno de los doce años de Balaguer.

 

Los gobiernos de Guzmán y Jorge Blanco triplicaron la deuda externa

 

El ascenso al poder de Antonio Guzmán Fernández en 1978, representó una mayor apertura política en República Dominicana, aunque en materia de reformas sociales y económicas dejó mucho que desear. La consigna del "cambio sin violencia", que atrajo a las multitudes en la campaña electoral, muy pronto pasó al reino de la desilusión.

En sus primeros meses, el gobierno se vio forzado a sacrificar casi toda la ganadería porcina del país para poder eliminar la llamada "fiebre porcina africana", una bacteria muy peligrosa que afecta también a los humanos. El sacrificio alcanzó un alto costo económico para el gobierno y los criadores de cerdos del país.

Después vinieron los devastadores efectos del ciclón "David" y la tormenta "Federico" que azotaron al país en septiembre de 1979. Cientos de muertos, miles de damnificados, las redes eléctricas colapsadas, las ciudades sin el servicio de agua potable y la agricultura destruida en un 70 por ciento, fueron parte de los graves daños causados por ambos fenómenos atmosféricos. Debido a la asistencia económica y financiera otorgada por el gobierno a los agricultores, la producción agrícola fue recuperada en seis meses, evitando la hambruna que los dominicanos esperaban.

En octubre, el gobierno compró la empresa minera Rosario Dominicana a sus propietarios extranjeros por un monto de 75 millones de dólares.  Hacía varios años que la empresa venía extrayendo y exportando oro y plata de la mina de Pueblo Viejo. Tres años después, en 1981, el gobierno había acumulado ingresos ascendentes a 339 millones de dólares por concepto de extracción y venta del doré en el mercado internacional. Los recursos de la nueva empresa estatal eran utilizados para financiar los continuos déficits del gobierno central, una política que la llevaría a la quiebra, años después.

Meses después se produjo "el segundo gran choque petrolero" de la década, que dislocó la economía mundial, provocando "una paralización del crecimiento económico de las grandes potencias, un aumento de la inflación mundial, un incremento de las tasas de interés internacionales y una agudización del desempleo, nunca antes visto, desde la Gran Depresión de los años '30. En República Dominicana los efectos del alza del petróleo no pudieron ser más negativos. Hubo que desembolsar, cada año, un promedio de 300 millones de dólares adicionales, sólo para pagar las nuevas alzas del petróleo. Además, aumentaron los precios de los bienes importados y se incrementó también la deuda externa, al subir las tasas de interés en los mercados financieros internacionales", según Carlos Despradel.

Guzmán Fernández rescató también la suma de 38 millones de pesos que la Gulf and Western adeudaba al Estado dominicano por concepto de venta de azúcar en el mercado norteamericano entre los años de 1974 y 1976, cuando los precios del edulcorante alcanzaron niveles sin precedentes.

El gobierno de Guzmán Fernández se caracterizó por un excesivo derroche en los gastos corrientes y por escasas inversiones en obras reproductivas. Al disponer reajustes de salarios en tres ocasiones y aumentar la cantidad de servidores públicos, que pasaron de 130 mil en 1978 a 200 mil en 1982, más del 75 por ciento del Presupuesto Nacional era consumido en gastos corrientes, quedando muy poco para las reformas económicas y sociales que el mandatario había prometido a la población.

Para justificar esa política de expansión del gasto público, algunos funcionarios del gobierno la defendían, argumentado que al aumentar la demanda de bienes y servicios crecía la economía. "El criterio era que el efecto multiplicador del dinero adicional puesto en manos de los empleados públicos y privados induciría un aumento de la demanda agregada, que a su vez generaría un crecimiento sustancial en la producción de las empresas nacionales, según el clásico modelo keynesiano. Pero las empresas nacionales no tenían capacidad para hacerle frente a esa 'demanda inducida' por mucho tiempo y, para poder adecuar su producción a la demanda aumentada, debieron adquirir una mayor cantidad de dólares para ampliar sus capacidades y para comprar más materias primas. Esto sin contar con que muchas empresas y personas, desconfiando del PRD durante años..., reforzaron la fuga de capitales"(Orlando Haza del Castillo, Nuestra generación. Una crónica. Editora Taller, Santo Domingo, 1991, p. 112).

El fracaso de la política neo keynesiana se evidenció en los déficits presupuestarios del gobierno central, que promediaban los 318 millones de pesos cada año, situación que empujó al Banco Central a la emisión de dinero artificial. El crédito interno del Banco Central aumentó de 573 millones de pesos en 1978 a 1,539.5 millones en 1982.

Durante el cuatrienio de Guzmán Fernández, la inflación alcanzó un promedio anual de un 9 por ciento, mientras la tasa de cambio del peso con relación al dólar estadounidense pasó de 1.28 en 1978 a 1.44 en 1982. Como consecuencia de las nuevas alzas internacionales en los precios del petróleo, que llegó a cotizarse a 39 dólares el barril en su peor momento, el valor de las importaciones del crudo y sus derivados aumentó de 199 millones de dólares en 1978 a 451.6 millones en 1982.

En los primeros meses de 1980 el gobierno enfrentaba dos grandes déficits, uno fiscal y otro comercial. El primero se originó en el aumento de la nómina pública, en los aumentos de sueldos, en los "Bonos del Huracán David" por 80 millones de pesos emitidos por el gobierno para recuperar la agricultura y en los subsidios millonarios a favor de empresas deficitarias del Estado. En todo el año de 1979, el déficit del sector público consolidado alcanzó un 6.2 por ciento del PIB, considerado muy excesivo, si se compara con el "conservadurismo fiscal" que caracterizaron los doce años de Balaguer.

El segundo déficit se originó en el exterior, con las descomunales alzas en los precios del petróleo, de las materias primas importadas y las tasas de interés en los mercados financieros. En 1980,el déficit comercial llegó a 536.5 millones de dólares.

Para encarar ambos déficits, el gobierno aumentó el medio circulante, a través de bonos internos y la emisión de dinero "inorgánico", medidas que provocaron la renuncia de Eduardo Fernández, gobernador del Banco Central, el 6 de mayo de 1980. El Presidente Guzmán Fernández reestructuró su equipo técnico y designó a Carlos Despradel, nuevo gobernador del Banco. Después del cambio del equipo económico, que Juan Bosch llamó "escuadrón de la muerte", vino una rígida política de austeridad en las finanzas públicas. Incluso, los nuevos funcionarios del área económica elaboraron un proyecto de reforma tributaria que contemplaba la creación de un Impuesto al Valor Agregado (IVA) de un 7                                                                              por ciento, pero el PRD estaba dividido en varias tendencias y el proyecto fracasó en el Congreso Nacional.

Entonces el Presidente Guzmán Fernández se vio compelido a realizar los ajustes por vía administrativa. El 27 de mayo anunció al país aumentos a la tarifa eléctrica y al precio de la gasolina, provocando otra huelga nacional de choferes y oleadas de protestas violentas en todo el país, que fueron estimuladas por la oposición, los sindicatos y los grupos populares que ya se hacían sentir por los reclamos de la población. Las protestas fueron reprimidas con saña por el gobierno que envió cientos de soldados a las calles y mientras Majluta Azar llamaba a darle "candela a los huelguistas", Peña Gómez intervino y concilió con ellos para ponerle fin a la jornada nacional de protesta.

Al final del cuatrienio, los precios del azúcar en el mercado internacional bajaron a 13 centavos la libra, el precio del oro bajó a 370 dólares la onza, la exportación de ferroníquel se paralizó, mientras las tasas de interés en Estados Unidos sobrepasaban el 20 por ciento, afectando los servicios de la deuda externa dominicana que aumentaba cada año. De 1,375.8 millones en 1978, aumentó a 2,965.6 millones de dólares en 1982, para un incremento superior al ciento por ciento.

Las construcciones de obras públicas disminuyeron su ritmo, en comparación con el pasado gobierno, lo que causó una recesión que afectó a miles de trabajadores de ese importante sector que tanto dinamiza la economía. El gobierno construyó escuelas, clínicas, caminos vecinales, proyectos habitacionales, pero nunca construyó una obra faraónica, al estilo de los tiranos de otros tiempos.

Las empresas de CORDE, que en 1978 arrastraban grandes déficits por los manejos políticos y la mala administración, continuaron acumulando pérdidas y muchas de ellas fueron paralizadas, a pesar de que en junio del 1979 el gobierno empezó a utilizar los recursos de un préstamo de 185 millones de dólares que había contratado con un pool de bancos extranjeros para aplicar un plan de saneamiento financiero y administrativo en las empresas públicas que fueron propiedad de los Trujillo. Se sabe que el Estado dominicano había heredado las empresas industriales, comerciales, agrícolas y ganaderas que fueron propiedad del tirano y sus familiares. Los gobiernos posteriores al magnicidio nombraban en esas empresas a funcionarios depredadores. La corrupción y el clientelismo neo patrimonialista llevaron a la mayoría de esas empresas a operar con pérdidas que eran cubiertas con subsidios del gobierno. Por eso, a pesar de los esfuerzos del nuevo gobierno por hacerlas autosuficientes y rentables, terminaron acumulando pérdidas millonarias que acarrearon la desaparición del emporio estatal con el correr de los años.

En 1978 el Producto Interno Bruto alcanzó los 4,774.4 millones de dólares; al crecer un promedio anual de un 4 por ciento, terminó en 4,965.3 millones, en 1982.

Guzmán Fernández había cumplido su mandato sin que llenara las expectativas creadas en la campaña electoral de 1978 que lo catapultó al poder. Su popularidad había descendido tanto que el 29 de junio de 1981 se vio obligado a desistir de los planes continuistas que atizaban en la sombra sus más cercanos colaboradores. Su renuncia a la posible reelección presidencial fue un gesto de grandeza, muy escaso de encontrar en la historia política dominicana.

Al igual que Guzmán  Fernández, Salvador Jorge Blanco arribó al poder en 1982 con una enorme aceptación popular, pero sus tempranas negociaciones con el Fondo Monetario Internacional (FMI) y la profunda división del PRD lo condujeron a un proceso de ajustes económicos brutales y a un rápido desgaste político. Contrario a su predecesor, que hablaba de “su gobierno”, Jorge Blanco prometía hacer un gobierno socialdemócrata, en armonía con el PRD, para darle contenido social y económico a una democracia política deformada, que garantizaba las libertades públicas, pero sin la sustancia que le garantice a la población una vida mejor.

En su discurso de jura advirtió que recibía "el Estado dominicano en plena bancarrota material y también moral...No exageramos al decir que se nos entrega la Nación en su peor crisis económica en cincuenta años... Las cifras y los números no solamente son elocuentes y significativos sino también dolorosos" (Salvador Jorge Blanco, Discursos presidenciales, Tomo I, publicaciones de la ONAP, Santo Domingo, 1983, pp. 4-5).

Jorge Blanco encontró las arcas del erario vacías, sin dinero para pagar sus compromisos. Las empresas autónomas del Estado (CEA, CDE, INESPRE y CORDE) estaban al borde de la quiebra, con pérdidas anuales de más de 650 millones de pesos. La crisis fiscal del gobierno impedía seguir subsidiando a esas empresas públicas. El déficit de la balanza de pagos superaba los 400 millones de dólares y las reservas internacionales netas del Banco Central reflejaban un déficit de 700 millones. Los vencimientos por concepto de pago de la deuda externa alcanzaban los 458 millones de dólares. El Presupuesto Nacional, de 1,000 millones de pesos, arrastraba un déficit de 400 millones para 1982. Las emisiones monetarias llegaron a 1,830 millones, mientras las exportaciones, que no excedían los 1,000 millones de dólares, cayeron en más de un 40 por ciento. Para un país pequeño, con una población de 5.6 millones de habitantes, la situación de la economía dominicana era tétrica para 1982.

Los organismos internacionales de financiamiento (BM, BID, FMI y PNUD), que otorgaron varios préstamos al gobierno de Guzmán, en principio le cerraron el crédito al nuevo gobierno para forzarlo a un primer acuerdo con el FMI. El equipo técnico del gobierno, integrado por economistas liberales, vinculados al sector privado, ponderó diversas alternativas antes de decidir que lo inevitable era negociar un acuerdo con el FMI, decisión que algunos de ellos venían barajando desde los últimos meses del gobierno anterior, del cual formaron parte.

Se inició así un largo proceso de negociaciones con el organismo internacional que se convirtió en un componente esencial de la vida política dominicana. Todas las demás iniciativas del gobierno, anunciadas por Jorge Blanco en su discurso de jura, fueron opacadas por las negociaciones y las medidas impuestas por el organismo gendarme. Un primer acuerdo se firmó el 21 de enero de 1983, llamado de facilidad ampliada, con vigencia de tres años, que incluyó un crédito de 450 millones de dólares.

En aquellos años, para tener acceso a un préstamo del FMI, los gobiernos solicitantes debían cumplir con sus rígidas exigencias draconianas, entre ellas, la devaluación monetaria, la liberalización del mercado de divisas, la reducción de los gastos corrientes, la eliminación del control de precios, aumento de los impuestos indirectos y fuertes restricciones a las importaciones. Con esa política de ajustes brutal fue que el gobierno de Jorge Blanco buscó corregir la bancarrota en que encontró las finanzas públicas, afectando a la clase media y aportando más penurias a la población de menos ingresos. Jorge Blanco y su equipo económico aplicaron al pie de la letra las recetas del FMI, devaluando el peso frente al dólar estadounidense y legalizando más de 400 casas de cambio que operaban el mercado negro de divisas.

Así se inició en República Dominicana la época de las reformas económicas neoliberales que los siguientes gobiernos continuaran aplicando para 'corregir' las distorsiones en las finanzas públicas y reorientar la economía dominicana, de manera que entrara en correspondencia con la nueva tendencia de la economía mundial gestada por los gobiernos ultraconservadores de Ronald Reagan de los Estados Unidos y la Primera Ministro británica Margaret Thatcher.

Las reformas neoliberales coincidían también con la llamada "década perdida de América latina", que se refería a las crisis económicas vividas en la región, compuestas por deudas externas impagables, grandes déficits fiscales y volatilidades inflacionarias y de tipo de cambio, que en la mayoría de los países latinoamericanos era fijo. La expresión comenzó a usarse en 1982, cuando México no pudo afrontar los pagos de su voluminosa deuda externa, debido al aumento de las tasas de interés en los mercados financieros internacionales. Fue una década turbulenta en toda la región, a la cual no escapó la economía dominicana, tan pequeña, abierta y tan vulnerable ante los factores externos.

Mientras tanto, el gobierno dominicano no pudo cumplir con la reducción del déficit fiscal, mientras el Banco Central continuó emitiendo dinero "inorgánico" para cubrir los déficits del gobierno central y las empresas del Estado. Una misión del FMI que visitó el país en diciembre de 1983 comprobó el fracaso de las metas acordadas en el primer acuerdo y no se pudo lograr un entendimiento con relación a la continuidad del programa para el año siguiente. Se creó así un clima de desconfianza entre los agentes económicos que presionó hacia arriba la tasa de cambio, uno de los más graves problemas que encaraban las autoridades monetarias.

Tratando de allanar el camino hacia un segundo acuerdo con el FMI, la Junta Monetaria, en su sesión del 25 de enero de 1984, volvió a tomar otras medidas de ajustes y reformas, entre ellas, "dejar flotar por primera vez la moneda dominicana, para que la tasa de cambio dependiera de las fuerzas del mercado y se institucionalizó el nuevo mercado cambiario, permitiendo a los bancos comerciales operar en el mercado libre y creando  la figura jurídica de los bancos de cambio. También se pasaron todas las importaciones para ser financiadas con las divisas del mercado libre y flotante, quedando solo con divisas oficiales el petróleo y el servicio de la deuda externa" (Eduardo J. Tejera, Cincuenta años de democracia..., p.275). Se prohibió también la emisión de dinero sin respaldo, siempre buscando "sincerizar" el  valor de la moneda dominicana.

Los especialistas consideran que la paridad del valor del peso dominicano con respecto al dólar estadounidense era una ficción para la década de 1980. En torno a la real o supuesta paridad existe una historia que se remonta a los últimos años de la dictadura de Trujillo, cuando hubo una escasez de divisas por la fuga de capitales y por las sanciones económicas impuestas por la OEA al régimen. El Banco Central, dirigido por Diógenes Fernández, implantó en octubre de 1959 un severo control cambiario que logró reducir considerablemente las importaciones en los dos años siguientes, cuando se aprobó que los exportadores deberían entregar más del 90 por ciento del valor de sus exportaciones al Banco Central. En tiempos del Triunvirato se dictó otra medida que regulaba todas las transferencias internacionales de fondos, creando un estricto control cambiario. Era la época en que un peso valía lo mismo que un dólar. Pero esa paridad se hizo insostenible con el correr de los años. El 7 de julio de 1967, el Presidente Balaguer, mediante decreto, creó un sistema de prioridad en el canje de las divisas, liberando al Banco Central del canje de los pesos por dólares, medida que afectó a los importadores que pronto se vieron en la imposibilidad de comprar sus mercancías en el exterior. Esa situación anormal se corrigió días después, con la emisión de otro decreto que autorizaba a los importadores comprar sus mercancías con "dólares propios", creando un mercado "paralelo" que vendía sus dólares a una tasa diferente a la del mercado oficial. En 1978, cuando Balaguer abandonó el poder, el peso se vendía a 1.24 por dólar; en 1982, cuando Guzmán Fernández dejó la presidencia, el peso se vendía a 1.44 por dólar y durante el cuatrienio de Jorge Blanco subió a 2.80 por dólar en el mercado paralelo.

Cuando la tasa de cambio rondaba el 3 por 1, la Junta Monetaria dictó nuevas medidas el 17 de abril de 1984, tratando de agilizar un nuevo acuerdo con el FMI que exigía mayores sacrificios para estabilizar la tambaleante economía dominicana a costa del pueblo. En esos mismos días, Jorge Blanco visitó la Casa Blanca, invitado por el Presidente estadounidense Ronald Reagan, cuyos funcionarios, en vez de ayudar, presionaban al gobierno dominicano "a poner la casa en orden". En efecto, todas las importaciones, exceptuando los hidrocarburos, fueron traspasadas al mercado libre de divisas. Días después empezaron a subir los precios de los productos de mayor consumo entre la población, provocando un estallido popular de tres días que sólo fue sofocado utilizando tropas del ejército, ocasionando la muerte violenta de más de 100 personas en todo el país. La rebelión popular, que se inició el lunes 23 de abril, tan pronto terminó el asueto de Semana Santa, selló la suerte del gobierno "salvadorista" y le mostró al mundo el rostro inhumano de las políticas de ajustes recetadas por el FMI, un organismo gendarme, que representa al capital usurero internacional.

En realidad, la economía dominicana había sido víctima de una serie de factores externos e internos que la empujaron a la crisis más profunda desde la muerte de Trujillo. El incremento de los precios del petróleo, la caída simultánea de los precios de los principales productos de exportación, las altas tasas de interés en los mercados financieros internacionales que dispararon los servicios de la deuda externa y las políticas corruptas, clientelistas y neo patrimonialistas de los gobiernos dominicanos, fueron parte de las causas de la crisis que estalló durante el gobierno de Jorge Blanco. Se recuerda también la enorme especulación con el dólar desatada por las casas de cambio, que operaban el mercado negro de divisas. De ese negocio se aprovecharon los grandes comerciantes e industriales inescrupulosos que compraban dólares cada vez que sabían que vendría una nueva devaluación del peso dominicano. Era una crisis estructural profunda, agravada por factores coyunturales, internos y externos. Esa era la realidad de la época.

Más adelante, en mayo de 1984, la Junta Monetaria decidió pasar al mercado libre todas las cartas de crédito autorizadas por el Banco Central, los dividendos de la inversiones extranjeras y otros pagos pendientes en divisas, medida que afectó a muchas industrias que habían entregado sus divisas al Banco Central para la apertura de cartas de créditos, pero que en lo adelante debían buscar los dólares en el mercado libre, no en el Banco Central, que se los entregaba a un tercio de su valor de mercado, disfrutando así de un irritante privilegio.

La poblada de abril, más los conflictos de intereses que ocurrían en el primer equipo económico del gobierno, provocaron un cambio gradual entre sus integrantes. Bernardo Vega, que entró en fricciones con Hatuey Decamps Jiménez, influyente Secretario de la Presidencia, fue sustituido por José Santos Taveras en la gobernación del Banco Central, la institución más sólida del país. Meses después, Santos Taveras sería cambiado por Hugo Guiliani Cury, quien había ocupado el cargo de Secretario de Finanzas, en sustitución del renunciante José Rafael Abinader. Completaban el nuevo equipo, Orlando Haza del Castillo, Secretario Técnico de la Presidencia, Manuel Cocco, quien pasó a la Secretaría de Finanzas y Milton Messina, Asesor Económico del Presidente. Carlos Despradel seguía con su función de embajador en Washington, pero muy atento a las negociaciones con el FMI.

Aún estaba muy fresco en la memoria colectiva el levantamiento popular del 24 de abril, por lo que ningún economista o técnico del gobierno podía insistir en darle continuidad al primer acuerdo fondomonetarista, porque sus exigencias eran muy fuertes y casi imposibles de sostener. Después de varias visitas a la sede del FMI en Washington, la capital estadounidense, hechas por los tecnócratas del gobierno, se arribó a la conclusión en el mes de agosto de que lo más viable era un acuerdo especial, llamado acuerdo puente, una salida temporal hasta que el gobierno dominicano estuviese en condiciones de poder cumplir con otro más riguroso.

Mientras continuaban las negociaciones para un segundo acuerdo dentro de los estándares del FMI, el gobierno decidió aumentar los precios de los combustibles en más de un 60 por ciento y los impuestos aduanales. Con ambas medidas, que volvieron a golpear a los consumidores, el gobierno enviaba señales "positivas" a la gerencia del FMI, que en diciembre de 1984 arribó a otro acuerdo en Washington con el equipo económico del gobierno dominicano. Ese año había cerrado con una inflación de un 25 por ciento, con un déficit fiscal consolidado de 598 millones de pesos, equivalente a un 7.5 del PIB; con un saldo negativo de 400 millones de dólares en las reservas internacionales netas del Banco Central y con vencimientos estimados en 177 millones de dólares, por concepto del servicio de la deuda externa.

Con un entorno económico y financiero tan difícil y presionado por el Club de París y la banca comercial internacional, que amenazaban no renegociar el pago de la deuda externa si el país no firmaba con el FMI, el gobierno dominicano anunció el 23 de enero de 1985, a través de la Junta Monetaria, nuevas y más dolorosas medidas de reforma monetaria, cambiaria y fiscal de gran impacto, pues "se eliminaron los subsidios, subía el precio de los combustibles, el de la tarifa eléctrica, volvía a unificar la tasa de cambio, liberalizó el mercado financiero y las tasas de interés, y prohibió totalmente las emisiones monetarias inorgánicas de los años 1983 y 1984". Esas históricas disposiciones fueron aprobadas por el Directorio Ejecutivo del FMI el 15 de abril de 1985, con el nombre de acuerdo de contingencia o stand-by.

Más adelante, en mayo, se renegoció la deuda bilateral, la contratada entre el Club de París y el gobierno, por 360 millones de dólares. También se implantó el oneroso recargo cambiario del 36 por ciento a las exportaciones tradicionales, que golpeó al sector productivo. Como parte de las reformas tributarias, se creó un nuevo impuesto de un 6 por ciento llamado ITBIS, que el gobierno anterior había intentado crear con el nombre de IVA. Para compensar los efectos de los nuevos ajustes, el gobierno creó programas de distribución de alimentos y medicinas. Más tarde, en febrero de 1986, se firmó otra renegociación con la barca comercial internacional, ascendente a 755 millones de dólares.

Aunque encabezó un gobierno liberal, Jorge Blanco jamás cumplió con el programa de gobierno prometido al país. Sus escasas realizaciones en materia de salud, educación y en obras de infraestructuras fueron opacadas por los ajustes y reformas draconianas impuestas por el capitalismo salvaje internacional. Entre sus obras más impactantes se recuerdan la ampliación de la "Carretera Duarte", que une a la capital con el gran Cibao, y las construcción de algunas presas y acueductos. Le correspondió al Presidente Jorge Blanco pagar un alto precio político por sus reformas económicas, impuestas por una realidad avasallante, que tenía al país al borde de la insolvencia y la cesación de pagos interno y externo. Cuando dejó el gobierno, la inflación había bajado abruptamente, los precios del barril de petróleo, después de siete años en alzas, bajaron a 12 dólares en marzo de 1986; la deuda externa había aumentado a 3,810.5 millones de dólares; el peso cerró a 2.80 por dólar, con un Presupuesto Nacional equilibrado y sin usar dinero artificial desde el año anterior. Se iniciaba también el despegue de la nueva economía de servicios, que después suplantaría a la economía tradicional dominicana. Cuando el PRD asumió el poder en 1978, la deuda externa ascendía a 1,375.8 millones de dólares; ocho años después ascendía a 3,810.5 millones, para un crecimiento de 2,434.7 millones de dólares.

Los diez años de Balaguer y la deuda pública

Tan pronto Balaguer retornó al poder en 1986, su administración representó un desastre económico en sus primeros años. La estabilización de las finanzas públicas y la situación cambiaria, logradas con tantos sacrificios a partir de 1985, fue abandonada por Balaguer al implementar una agresiva política de construcciones de obras públicas que inducía a la demanda, pero sin contar con los recursos fiscales requeridos. Se aplicó una política económica superada, pues las construcciones públicas se hicieron con dinero inorgánico, incidiendo en una creciente devaluación del peso y una inflación sin precedentes.

Balaguer quería reactivar la economía incentivando el gasto público y tirando a las calles millones de pesos inorgánicos, sin respaldo en oro o divisas extranjeras. Para octubre de 1990, la cantidad del circulante alcanzó los 6,573 millones de pesos, mientras las reservas en dólares apenas eran de 106 millones. El déficit de la balanza de pagos alcanzó los 1,100 millones de dólares.

Los precios de la gasolina subieron un 67 por ciento hasta octubre de 1989. La inflación en 1990 fue de un 100 por ciento, el nivel más alto del siglo veinte dominicano.

Como no había dólares para pagar el petróleo importado desde Venezuela, las plantas de la Corporación Dominicana de Electricidad se apagaron casi por completo y el país conoció los apagones más prolongados de su historia. La gente que tenía su inversión o su dinero en bancos comerciales, empezó a sacarlo del país y esa fuga de capitales empeoró la situación.

El número de indigentes, que en 1984 era de un millón, pasó a dos millones en 1989. En ese año, el 57 por ciento de los hogares dominicanos vivían en la indigencia. Esa situación aceleró la emigración masiva de dominicanos hacia el exterior. Sólo en los Estados Unidos vivía casi un millón de dominicanos para 1990.

En medio de tan lúgubre situación, se celebraron las elecciones presidenciales de 1990, en las que Balaguer derrotó a Juan Bosch mediante un "fraude colosal". Balaguer continuó gobernando en medio de una gran crisis de la economía originada en la brusca caída de las exportaciones de los productos tradicionales que ya no generaban los dólares suficientes para cubrir las importaciones y los déficits internos. En septiembre de 1990 empezó a realizar por vía administrativa su primer paquete de reformas y ajustes fiscales. Comenzó por una reforma arancelaria por decreto que redujo el pago de impuestos a las importaciones, pero mantuvo la llamada “comisión cambiaria” del 20 por ciento, cuyos recursos fueron destinados al pago de la deuda externa; devaluó la moneda nacional y aumentó el impuesto selectivo al consumo, a los cigarrillos y bebidas alcohólicas.

Dos años después, las reformas económicas fueron aprobadas por el Congreso, donde el PLD tenía una amplia representación. Balaguer aceptaba así las presiones del empresariado dominicano y de los organismos internacionales para encarar los déficits, la devaluación monetaria y otras dificultades. El viejo caudillo se dio cuenta que no poseía la magia para enfrentar eficazmente la parálisis y accedió firmar un acuerdo stand by, de año y medio de duración con el Fondo Monetario Internacional que impuso una rígida disciplina fiscal y monetaria.

Balaguer, que tanto criticó al gobierno de Jorge Blanco por empezar la etapa de los ajustes económicos en 1983, ahora se veía obligado a aplicar las mismas recetas económicas del organismo internacional para volver a estabilizar la economía dominicana. Volver al FMI no fue nada fácil, pues aún estaba fresca en la memoria de los dominicanos la tragedia que significó la matanza de abril de 1984.

A partir de la década de 1990 en República Dominicana se conoció un gran debate entre economistas neoliberales y proteccionistas, los primeros recomendando a los gobiernos de turno la apertura del mercado local y los segundos implorando la protección del Estado a los productores nacionales.

Las reformas neoliberales sugeridas por el FMI empezaron a estabilizar la economía dominicana. El Producto Interno Bruto, que había decrecido 5.4 en 1990, mejoró al año siguiente en 0.9 y en 1992 creció 7.9 y desde entonces ha tenido una tendencia inestable de crecimiento hasta el presente.

Como consecuencia de la reforma tributaria aprobada por el Congreso en 1992, que modificó el régimen de los impuestos internos, los ingresos fiscales del gobierno empezaron a aumentar. La deuda externa, que sobrepasaba los 3,800 millones de dólares y que tanto asfixiaba al gobierno, fue renegociada, mientras crecía el medio circulante y la construcción de obras públicas, que tanto dinamizan la economía.

Tan pronto el Congreso aprobó un nuevo Código Arancelario en 1993, el gobierno firmó otro acuerdo stand by con el FMI. Las reformas en la administración y agilización de los trámites aduaneros, que antes eran una gran odisea, favorecieron la apertura del mercado nacional a las importaciones. Las reformas que aumentaron el valor agregado o ITBIS de un 6 a un 8 por ciento en 1992, hicieron aumentar la presión tributaria, lo que significa que las recaudaciones internas del gobierno habían mejorado. Ahora con una nueva reforma en los aranceles, la economía dominicana afianzó su estabilidad y registró un notable crecimiento. Las inversiones extranjeras, que estaban paralizadas, volvieron al país, siendo los sectores más favorecidos el turismo y las zonas francas industriales, dos de las principales fuentes en la generación de divisas y empleos en la actual economía dominicana.

El Presidente Balaguer había cambiado su política económica en su nuevo cuatrienio. En la República Dominicana empezó a predominar una nueva economía basada en los servicios. Las zonas francas industriales, el turismo, las telecomunicaciones, las remesas de los trabajadores dominicanos residentes en el exterior, los servicios bancarios y la industria de la construcción son ahora los sectores predominantes y los que más aportan al crecimiento de la economía dominicana, contrario a lo que ocurría hasta la década de 1980, cuando el país dependía de las exportaciones mineras, de azúcar, café, cacao, tabaco y otros productos de género. La vieja economía básicamente agro exportadora e industrial cedió su predominancia a una economía terciaria, donde predominan los servicios.

Primer gobierno de Leonel Fernández y la deuda

Tras la salida de Balaguer del poder en 1996, se inició el primer gobierno del Partido de la Liberación Dominicana (PLD), encabezado por Leonel Fernández, quien intentó en tres ocasiones aplicar un drástico programa de reformas económicas de contenido neoliberal, aunque fracasó en su iniciativa por no tener ningún respaldo en el Congreso Nacional. Sus nuevas reformas económicas fueron ejecutadas por vía administrativa. Durante el cuatrienio se mantuvo la estabilidad macroeconómica y un crecimiento real del Producto Interno Bruto de un 7 por ciento. Ese crecimiento fue posible porque el gobierno incentivó la inversión privada y extranjera, principalmente en los sectores de la construcción, energía, turismo, zonas francas, telecomunicaciones y en las empresas públicas que fueron capitalizadas o arrendadas.

La producción de energía eléctrica aumentó, pero continuaron las interrupciones del servicio eléctrico. La privatización y arrendamiento de las empresas estatales se realizó mediante una ley cuyos resultados aún son una gran incógnita. En el caso de la Corporación Dominicana de Electricidad (CDE) el modelo aplicado consistió en la capitalización, mediante la venta del 50 por ciento de los activos de generación y distribución a cinco empresas extranjeras. Los nuevos accionistas de la CDE aportaron 643.5 millones de dólares, cuyo destino aún se desconoce. Para el Consejo Estatal del Azúcar (CEA) el modelo seguido consistió en el arrendamiento de los ingenios a capitalistas nacionales y extranjeros.

La inflación promedio en todo el período fue de un 7 por ciento y la cotización del peso con relación al dólar estadounidense terminó al 16.42 por 1.

El gobierno tomó nuevos préstamos internacionales a corto plazo y aumentó la deuda interna, con suplidores y contratistas, por encima de los 20 mil millones de pesos.

También construyó grandes obras de infraestructura, principalmente en Santo Domingo y Santiago, con la construcción de elevados, túneles y bulevares que mejoraron el aspecto urbano de ambas ciudades.

Las construcciones se hicieron con préstamos internacionales contratados a corto plazo, pero con altas tasas de interés. Cuando Leonel Fernández dejó la presidencia en el año 2000, la deuda externa dominicana se redujo a 3,684.7 millones de dólares.

El gobierno de Hipólito Mejía y la deuda

Sería en noviembre del año 2000 cuando el nuevo Presidente Hipólito Mejía pudo rendir un “balance de la situación económica, social e institucional” heredada del primer gobierno de Leonel Fernández. Desde la década de 1980, la nación no conocía un informe presidencial sobre las distorsiones fiscales y financieras del gobierno anterior, pues se sabe que en cada proceso electoral, los gobernantes de turno acostumbran dejar enormes déficits fiscales, grandes deudas, emisiones monetarias sin respaldo y muchas obras públicas sin terminar, situaciones que crean serios problemas al nuevo gobierno porque se contraen el buen ritmo de la economía y las finanzas públicas.

Para encarar esas dificultades, el Presidente Mejía dispuso, días después de su toma de posesión, un aumento en los precios de los derivados del petróleo y redujo el subsidio al gas de consumo doméstico, medidas que el gobierno de Fernández se negó a aplicar en los meses de la transición por razones políticas, pese al aumento significativo en los precios internacionales del petróleo.

Para bajar los impuestos aduaneros y subir los impuestos internos, el gobierno de Hipólito Mejía sometió al Congreso, en noviembre, un nuevo paquete de reformas económicas muy similares a las propuestas por el gobierno del PLD a partir de 1997. Contando con el apoyo de los reformistas y la mayoría del PRD en el Congreso, las nuevas reformas tributarias y arancelarias fueron aprobadas y convertidas en leyes. El ITBIS fue aumentado de un 8 a un 12 por ciento. Se creó un nuevo impuesto de un 1.5 por ciento a las ventas “brutas” llamado anticipo. Se incluyó a la publicidad en el ITBIS con un 6 por ciento y se elevaron los impuestos selectivos al consumo, a los cigarrillos y bebidas alcohólicas, entre otras disposiciones.

En cuanto a las reformas arancelarias, la nueva ley contemplaba un desmonte que iva desde la tasa cero hasta el 20 por ciento a las importaciones. Así, la economía dominicana quedó más abierta al comercio mundial.

El Presidente Mejía promulgó también la nueva Ley de Hidrocarburos, sometida al Congreso durante el gobierno anterior. La legislación sustituyó la forma administrativa en que eran manejados los precios de los combustibles, eliminando así el factor político. En lo adelante, el viejo diferencial petrolero sería un impuesto fijo por galón de cada tipo de combustible y sus precios internos dependerán de los precios mundiales del petróleo, de la tasa de cambio, de los fletes y de la comisión cambiara. Las recaudaciones de ese nuevo impuesto, que ascendieron a miles de millones de pesos cada año, estarían destinadas al pago de la voluminosa deuda externa dominicana.

Con esas y otras disposiciones, la economía nacional empezó a salir de su “resaca electoral” y recobró su anterior dinamismo. El nuevo ciclo expansivo se reflejó durante el año 2001, cuando el crecimiento del Producto Interno Bruto fue de 2.7 por ciento y durante el año 2002 creció un 4 por ciento, muy por encima del promedio latinoamericano. Durante el año 2002 la tasa de inflación alcanzó 10.5 por ciento y la cotización del dólar se situó por encima de los 20 pesos.

En agosto de 2001, el Presidente promulgó la controversial ley que autorizó al gobierno a colocar en el mercado internacional de valores Bonos Soberanos por 500 millones de dólares, para “financiar obras de infraestructura física productiva y de alta prioridad para el aumento de la productividad y competitividad de la economía dominicana”, con vencimiento a cinco años y una tasa de interés anual de un 9.5 por ciento, pagaderos semestralmente. Con esa primera emisión de bonos el gobierno recuperó el ritmo de las construcciones públicas y concluyó cientos de obras en todo el país iniciadas durante el primer gobierno de Leonel Fernández.

Con la emisión de los bonos, más la aprobación por parte del Congreso de nuevos préstamos internacionales, el tema del endeudamiento externo enfrentó a los partidos de oposición y entidades sociales opuestas a esa “espiral de préstamos”. Mientras los líderes políticos de la oposición acusaban al gobierno de comprometer el futuro de la nación, los funcionarios del área económica del gobierno se defendían, argumentando que el país no había agotado aún su capacidad de endeudamiento.

Durante el cuatrienio del Presidente Mejía, la deuda externa dominicana se incrementó en casi un cien por ciento, al pasar de 3,684.7 millones en año 2000, a 6,379.7 millones de dólares al cierre de diciembre de 2004.

La deuda pública en los últimos gobiernos de Leonel Fernández

El 16 de agosto de 2004 volvía a la presidencia Leonel Fernández. En su discurso de jura, a la que asistieron mandatarios y delegaciones internacionales, dijo que su nuevo gobierno heredaba "una de las peores crisis económica" de la historia dominicana, destacando que durante el año 2003 "la producción total de bienes y servicios del país" se redujo en 5 mil millones de dólares que, multiplicados por 45, que era el valor del peso frente al dólar, equivaldría a 225 mil millones de pesos.

El déficit fiscal del año 2004 lo situó en los 56 mil millones de pesos, la inflación anual acumulada en un 60 por ciento, la devaluación del peso en más de un 100 por ciento. Pérdida del poder adquisitivo de los salarios e ingresos. Disminución del consumo. Pérdida masiva de empleos. Reservas netas negativas. Un crecimiento económico por debajo de cero. Fuga de divisas y cierre del acceso al mercado de capitales. Dificultades de financiación externa y de nuevos flujos de inversión extranjera. Deuda pública equivalente al 60 por ciento del PIB".  (El Nacional, 16 de agosto, 2004, pp. 22-26)

Con relación a deuda externa, el mandatario la situó en 7 mil 200 millones de dólares, recordando que la capacidad de endeudamiento no tiene límites, pero sí "la capacidad de pagar". Anunció que ante la posibilidad de que el país entrara en el umbral de un default, su gobierno procedería de inmediato a una reestructuración de la deuda externa con el Fondo Monetario Internacional y el Club de París, de manera que el país recibiera un alivio en el cumplimiento de su carga financiera.

Para enfrentar tan dura realidad, herencia del gobierno anterior, anunció un período de austeridad "para reducir en no menos de un 20 por ciento el gasto del Estado", advirtiendo que había "muchos cargos públicos en exceso, creados mediante la tradicional práctica corrosiva del clientelismo". Alertó que nadie de su gobierno "podrá utilizar los fondos públicos para la adquisición de nuevas jeepetas, o para efectuar llamadas telefónicas. Los viáticos y las dietas serían disminuidos y los gastos superfluos, eliminados, al igual que los abundantes cargos de subsecretarios de Estado.

"Pero al mismo tiempo que se tomarán medidas para reducir significativamente el gasto corriente del gobierno, es imprescindible que el Congreso Nacional apruebe, en el más breve plazo posible, un proyecto de reforma fiscal" que el gobierno de Hipólito Mejía había sometido, producto de un segundo acuerdo con el FMI en los meses de la transición. El ajuste fiscal sería de un 4 por ciento del PIB, unos 30 mil millones de pesos. El proyecto sometido al Congreso era de 2.5 por ciento del PIB, unos 20 mil millones, mientras los restantes 10 mil millones serían logrados con las anunciadas medidas de austeridad.

La reforma fiscal y la austeridad irían acompañada de un nuevo acuerdo con el FMI, de manera que el gobierno tendría acceso a unos mil 200 millones de dólares. Con esos y otros fondos, el gobierno aspiraba a desmontar el déficit cuasi fiscal, generado por el rescate salvaje a favor de los ahorristas de los bancos quebrados en el año 2003; ese déficit ascendía a 90 mil millones de pesos, más el pago de los intereses, unos 30 mil millones al año, "todo lo cual constituía la causa generadora de la devaluación del peso dominicano y de los altos niveles de inflación que afectaron a los consumidores".

Fernández prometió en su discurso "enfrentar con energía y de manera drástica uno de los perores males que afecta al desarrollo de los pueblos" que es la corrupción administrativa. "La corrupción es moral y legalmente inaceptable", dijo el Presidente, advirtiendo que tomaría "todas las providencias de lugar para prevenir, detectar, perseguir y castigar todo acto doloso que atente contra el patrimonio público".

Con esas y otras medidas, el nuevo gobierno pensaba recuperar la confianza entre los inversionistas extranjeros, enderezar la economía dominicana, recuperar su estabilidad y su crecimiento.   

Leonel Fernández volvía a gobernar con los mismos funcionarios de su primer gobierno. Esos altos funcionarios, casi todos del Comité Político del PLD, jamás serían removidos de sus cargos. Los despidos de empleados públicos fueron masivos en todas las instituciones públicas, mientras cientos de militantes del PLD protagonizaban disturbios en todo el país para presionar por un empleo en el gobierno.

La política económica del gobierno se enfocó en negociar la aprobación en el Congreso del proyecto de reforma tributaria que el gobierno de Mejía había sometido el 16 de julio de 2004. Fruto de las negociaciones, el Congreso aprobó el 28 de septiembre la Ley No. 288-04 sobre reforma tributaria, con la cual pudo el nuevo gobierno aumentar las recaudaciones en unos 22 mil millones de pesos, equivalentes a un 2.5 por ciento del PIB. Ese primer "paquetazo fiscal" significó aumentos al ITEBIS, a las importaciones, a la comisión cambiaria, a la publicidad, a las telecomunicaciones y un impuesto a los inmuebles valorados por encima de los 5 millones de pesos.

El segundo aspecto de la política económica consistió en "modificar la política monetaria para controlar y reducir el déficit cuasi fiscal, mediante la reducción de las tasas de interés y la reprogramación a mediano plazo de los 106,500 millones de pesos de Certificados de Participación del Banco Central" (Eduardo J. Tejera, obra citada p. 412), emitidos para resarcir a los ahorristas de los bancos quebrados en el año 2003. Los gobierno de Estados Unidos, de Canadá, de la Unión Europea y los organismos internacionales presionaban al gobierno dominicano y al Banco Central para que continuaran la persecución y el sometimiento a la justicia de los banqueros responsables de los fraudes, continuando así un largo proceso judicial que concluyó dos años después con una histórica sentencia de condena contra los principales ejecutivos de los bancos colapsados.

La confianza que las primeras medidas del gobierno generó entre los agentes económicos favoreció la recuperación del valor del peso en el mercado libre de divisas. Los capitales que se habían fugado regresaron poco a poco, mientras descendían significativamente las altas tasas de interés en los bancos comerciales y en los Certificados emitidos por el Banco Central.

En sus primeros cien días de gobierno, el Presidente Fernández volvió a dirigirse al país en una alocución cargada de optimismo. Pasó balance de su "paciente y laboriosa tarea para tratar de enfrentar con éxito la situación de catástrofe heredada de la pasada administración" (El Nuevo Diario, 30 de noviembre, 2004, pp. 6-9). Al igual que en su discurso de jura, volvió a dibujar un panorama tétrico de la situación económica encontrada, para citar de inmediato los logros de sus primeros cien días de gobierno. Dijo que la recuperación de la confianza por parte de los agentes económicos produjo "una caída espectacular del precio del dólar en los mercados cambiarios" del país, recordando que encontró el valor del peso al 42 por 1 y que en los primeros cien días de su gobierno se colocó al 29.63 por un dólar estadounidense.

Anunció que su gobierno firmaría un nuevo acuerdo stand-by con el FMI. En enero de 2005 el gobierno dominicano sometió al organismo financiero internacional los términos del acuerdo, un programa de 28 meses que contemplaba ocho revisiones trimestrales y un monto de 670 millones de dólares. El nuevo acuerdo con el FMI allanó el camino para la renegociación de deudas vencidas con gobiernos extranjeros y con organismos crediticios internacionales. Se renegociaron los bonos soberanos de 2001 y 2003, ascendentes a 1,100 millones de dólares, más 600 millones con el Club de París y la banca comercial internacional. Con las renegociaciones el gobierno logró un alivio de pago ascendente a 344 millones de dólares por el resto del año.

El gobierno anunció en octubre la construcción de un tren urbano de pasajeros llamado Metro de Santo Domingo, iniciando así un plan maestro de reordenamiento del transporte público de la capital dominicana que no estaba contemplado en el programa de gobierno ofertado por el PLD en la recién pasada campaña electoral. El ambicioso proyecto preveía la construcción de seis líneas troncales y sus ramificaciones, de manera que toda la gran ciudad quedara interconectada a través de numerosas estaciones de trasbordo. Era ese el proyecto de construcción vial más costoso de la historia dominicana, concebido por un grupo de ingenieros constructores, amigos del Presidente.

Una segunda reforma tributaria superior a los 27 mil millones de pesos sería aprobada en diciembre para compensar los desmontes arancelarios que implicaba la entrada en vigencia del Tratado de Libre Comercio con los Estados Unidos y los países centroamericanos (llamado RD-CAFTA, por sus siglas en inglés). Mediante Ley No. 557-8, del 8 de diciembre de 2005, la segunda reforma fiscal aumentó el Impuesto Sobre la Renta, un impuesto a la propiedad inmobiliaria, ampliación de la base del ITEBIS, aumento de las retenciones de pagos realizadas por las instituciones del Estado, aumento del anticipo y más cargas al consumo de alcohol, cigarrillos y electrodomésticos. Además, tasa cero del arancel de importación a 2,903 productos de importación previstos en el RD-CAFTA, un acuerdo para el cual el aparato productivo dominicano no estaba preparado para competir con productores extranjeros subsidiados por sus gobiernos.

Los acuerdos con el FMI y las renegociaciones con los gobiernos y la banca extranjera, más dos reformas tributarias agresivas, que les aportaron al gobierno más de 50 mil millones de pesos, el año 2005 concluyó con buenos resultados económicos para el gobierno. El crecimiento económico superó el 9 por ciento, la inflación se redujo al 7 por ciento, la tasa de cambio se estabilizó a 30.65 por dólar, contribuyendo a la recuperación del poder adquisitivo del peso; se crearon miles de nuevos empleos, el Banco Central continuó bajando su déficit cuasi fiscal, el déficit del sector público se redujo a 0.38 del PIB. El sector externo también vio mejorar su desempeño. La balanza de pagos cerró con un superávit de 225 millones de dólares, los ingresos por turismo subieron a 3,520 millones, las exportaciones de zonas francas alcanzaron 4,591 millones, aunque hubo un incremento de las importaciones, que ascendieron a 5,297 millones de dólares; la inversión extranjera directa llegó a 899 millones, mientras las reservas monetarias netas se situaron en 1,519 millones de dólares, según las cifras oficiales.

El año 2006 se había iniciado con la promulgación de la Ley No. 05-06, que autorizó al gobierno colocar una emisión de bonos soberanos por 300 millones de dólares, para cancelar las deudas con la empresa de electricidad española Unión Fenosa y la recompra de las distribuidoras Edesur y Edenorte que se había realizado en el año 2003. Con esa negociación el país se ahorró 104 millones de dólares y un alivio de pagos por 196 millones en los siguientes siete años, según Eduardo J. Tejera.

La tasa de inflación se redujo a un 5 por ciento, la tasa de cambio se estabilizó alrededor del 33 por 1 dólar, las reservas internacionales aumentaron a 1,787 millones; creció la inversión extranjera en proyectos hoteleros, inmobiliarios, mineros y telecomunicaciones. El déficit fiscal del gobierno central cerró en 1.2 por ciento con relación al PIB, que en el año 2006 creció 10.7 por ciento, muy por encima del promedio latinoamericano.

El gobierno volvió a realizar una tercera reforma tributaria, más agresiva que las dos anteriores. Favorecido con la hegemonía alcanzada sobre Congreso en las elecciones parciales de 2006, el Presidente Fernández envió a las cámaras legislativas un tercer proyecto de reforma tributaria más ambicioso, el cual sería aprobado mediante Ley No.  495-06, del 28 de diciembre. Se inició así un tercer “paquetazo fiscal”, llamado ley de “rectificación tributaria” que buscaba “mantener la disciplina fiscal y la estabilidad financiera para lograr el crecimiento económico, mejorar las cuentas públicas, honrar los compromisos de la deuda pública y cumplir con los Objetivos de Desarrollo del Milenio”.

El gobierno promulgó también la Ley No. 497-06 sobre austeridad en el sector público que incluía la reducción de los altos sueldos del funcionariado, congelación de la nómina pública, prohibición del uso de los vehículos oficiales, entre otras disposiciones. La ley de austeridad entraría en vigencia en el año 2007 y estaba en consonancia con las promesas del gobierno de reducir el despilfarro de los fondos públicos, aunque la medida jamás se cumplió porque en vez de reducción, hubo un incremento del gasto en los años siguientes.

En julio de 2007, la “aplanadora” del PLD en el Congreso aprobó tres nuevas leyes, una para reducir las tasas al sector de bebidas alcohólicas (Ley 175-07), otra de amnistía fiscal (Ley 183-07) y una tercera que redujo la tasa del Impuesto Sobre la Renta (Ley 172-07), prevista en una legislación anterior (Ley 495-06). Faltaban varios meses para las elecciones presidenciales de 2008 y el Presidente Fernández, que buscaba la reelección, decidió dar un alivio momentáneo a los contribuyentes dominicanos.

En vez de cumplir con sus promesas de austeridad, de reducir la elevada evasión fiscal, de atacar la corrupción administrativa y la política neo patrimonialista, el gobierno prefirió golpear de nuevo a la población con otro "paquetazo" que le aportaría más recursos para consolidar las finanzas públicas y mejorar su posición financiera, dentro de las metas trazadas con el FMI.

Una crisis financiera estalló en agosto de 2007 en los Estados Unidos de América. Se originó varios años atrás con las llamadas hipotecas subprime, orientadas a clientes con escasa solvencia, por lo cual tenían un alto riesgo de impago. La crisis empezó con la especulación en la compra y venta de viviendas, para la cual los interesados contaban con recursos aportados por el mercado financiero a bajas tasas de interés. El auge del negocio aumentó el precio de las viviendas y también las deudas contraídas por los inversores. Así empezó a inflarse una burbuja inmobiliaria, que explotó cuando la Reserva Federal, el Banco Central estadounidense, aumentó las tasas de interés para controlar la inflación.

Muy pronto la crisis inmobiliaria impactó la bolsa de valores de Nueva York, con fuertes consecuencias en el sector de la construcción. El mercado de valores se dio cuenta que importantes entidades bancarias de los Estados Unidos tenían sus activos comprometidos en las hipotecas de alto riesgo. Entre julio y agosto de 2007, grandes entidades bancarias norteamericanas anunciaron su bancarrota y el pánico cundió en las demás bolsas de valores, esparcidas por las grandes ciudades del mundo.

Las bolsas de valores de Nueva York, las de Europa y Asia, ante la quiebra que abatía a los mercados financieros, se refugiaron en una gran ola especulativa y de compras a futuros,  de los llamados commodities, con precios cada vez más altos, provocando una revolución de precios y una alta inflación en los países desarrollados y en vías de desarrollo. Así, la crisis financiera originada en los Estados Unidos, devino en una gran crisis económica mundial, en una gran recesión que impactó al mundo con alzas descomunales en los precios de los productos alimenticios, de los metales y del petróleo.

El alza de los precios internacionales encontró a República Dominicana muy distraída en un proceso electoral donde el Presidente Fernández buscaba la reelección y aumentaba el derroche de los fondos públicos. La lucha por la reelección agravó la situación de la economía dominicana. El gobierno se manejó sin tomar en cuenta el choque del aumento de los precios internacionales del petróleo y los alimentos, mientras disparaba la nómina pública, en un año electoral que cerró con un déficit fiscal de 56 mil millones de pesos.

Tan pronto logró reelegirse, el Presidente Fernández viajó a Nueva York en septiembre de 2008, donde afirmó que la economía dominicana no sería afectada por la crisis mundial porque estaba "blindada", en una franca contradicción con su dramático discurso leído ante la Asamblea General de las Naciones Unidas, donde destacó la imposibilidad de los países en vías de desarrollo de cumplir con los Objetivos de Desarrollo del Milenio con precios internacionales tan exorbitantes.

Los precios internacionales de los hidrocarburos bajaron estrepitosamente en octubre. La baja coincidió con los fabulosos anuncios del Banco Central que daban cuenta de un crecimiento significativo de la economía dominicana. Ambas situaciones favorables llevaron al reelecto Presidente a declarar  que "lo peor había pasado", pero en su discurso ante la Asamblea Nacional del 27 de febrero de 2009, al pasar balance al año 2008, volvió a resaltar el impacto negativo del aumento de la factura petrolera y el alza del precio del acero que afectó los costos de producción en el sector de la construcción. Otros sectores afectados ligeramente fueron los ingresos por turismo, las remezas familiares del exterior y las exportaciones de zonas francas industriales.

El gobierno convocó una Cumbre por la Unidad Nacional a finales de enero de 2009, donde invitó a las organizaciones de la sociedad civil para discutir las formas de enfrentar el impacto del choque externo en la economía nacional. Al no darle seguimiento a las conclusiones de la Cumbre, sus resultados no se sintieron, mientras el gobierno continuaba su política de dispendio en medio de una recesión que redujo las actividades económicas.

La dura realidad de las finanzas públicas empujó al gobierno a firmar un segundo acuerdo Stand-by con el FMI el 9 de noviembre de 2009. Ese acuerdo contemplaba desembolsos por 1,700 millones de dólares durante los siguientes 28 meses. El Directorio Ejecutivo del FMI dijo que “la economía dominicana se debilitó considerablemente en 2009 debido a la recesión económica mundial”, desmintiendo así al equipo económico del gobierno que antes hablaba de un supuesto blindaje de la economía nacional. El año cerró con un ligero crecimiento económico, inflación de un dígito y un déficit fiscal de un 3.6 por ciento del PIB, equivalente a 55 mil millones de pesos.

Los grandes déficits acumulados por el gobierno, estimulados por los efectos ‘corrosivos del clientelismo’, el despilfarro y la corrupción administrativa, fueron cubiertos con una espiral de préstamos internacionales, aumento de las deudas internas y una voracidad fiscal sin precedente. Sólo entre el 16 de agosto de 2008 y el 11 de noviembre de 2009, la “aplanadora” del PLD en el Congreso aprobó 23 nuevos contratos de préstamos, ascendentes a más de 1,500 millones de dólares.

Tan pronto concluyeron las elecciones intermedias de 2010, el Ministro de Hacienda Vicente Bengoa pronunció un discurso televisivo el 26 de julio anunciando que el gobierno enviaría al Congreso dos nuevos proyectos de ley, uno relacionado con aumentos en los precios de los combustibles y otro para devolverle a la Dirección General de Aduanas (DGA) el cobro del ITEBIS a los bienes importados que estaban en poder de la Dirección General de Impuestos Internos (DGII). El gobierno negó que se tratara de un cuarto “parche fiscal”, sino que eran algunas “correcciones”, primero en el cálculo de los precios de los combustibles, y segundo, para disminuir la evasión tributaria en el pago de las importaciones. En definitiva, cobrar más impuestos.

La nueva embestida al contribuyente obedecía al desguañangue de la economía ocurrido en los meses previos a las elecciones parciales. El año 2010 cerró con un déficit fiscal de 2.3 por ciento con relación al PIB, mientras el incremento de la deuda pública del gobierno consumió cerca del 45 por ciento de los ingresos tributarios y el 35 por ciento del Presupuesto General del Estado.

Ambas tendencias se extendieron durante el resto del cuatrienio. Los déficits continuaron aumentando y las deudas públicas también. En 2011 el déficit ascendió a un 3 por ciento del PIB, casi 63,000 millones, mientras en 2012 se disparó a un 8.5 por ciento, más de 205,000 millones de pesos. En los últimos cinco años el déficit acumulado del sector público sobrepasó los 400 mil millones de pesos, mientras al 31 de diciembre de 2012, de acuerdo al Banco Central, la deuda externa dominicana ascendió a 13,887.4 millones de dólares.

Los dos últimos gobiernos de Fernández llevaron la deuda externa a niveles jamás vistos en la historia financiera de República Dominicana. Lo mismo ocurrió con la deuda interna. Según las cifras de la Dirección General de Crédito Público (DGCP), del Ministerio de Hacienda, la deuda global del sector público cerró, al 31 de diciembre de 2012, con un monto de 19,235.6 millones de dólares, de donde se infiere que la deuda interna alcanzó la suma de 5,348.2 millones de dólares al cierre del año.

Existen, sin embargo, otros procedimientos para el cálculo de la deuda pública global, llamada también deuda bruta total, o Deuda del Sector Público Consolidado, la cual está compuesta por la deuda del Sector Público No Financiero (SPNF), más la deuda del Sector Público Financiero(DSF). Forman parte del primer sector la deuda del gobierno central y las deudas de las empresas públicas no financieras. Por ejemplo, la deuda de la Corporación Dominicana de Empresas Eléctricas Estatales (CDEEE) con los generadores y suplidores de materiales eléctricos y contratistas, debe ser asumida como parte de la deuda del sector público no financiero. Pero ocurre que en la Dirección General de Crédito Público no aparecen registradas las deudas de otras instituciones no financieras del Estado. Tampoco están registradas las deudas del sector público financiero, integrado por el Banco Central, el BanReservas, el Banco Nacional de la Vivienda y el Banco Agrícola.

Esas son partes de las razones por las que algunos economistas dudan de las cifras aportadas por el Banco Central y la DGCP, con relación al monto global de la deuda pública dominicana. De acuerdo a los cálculos del economista Ernesto Selman, del Centro Regional de Estrategias Económicas Sostenibles (CREES), la deuda externa del gobierno central cerró, en diciembre de 2012, con un monto de 12,900 millones de dólares; la interna cerró con 6,400 millones de dólares. Ambas deudas, llamadas del sector público no financiero, sumaron 19, 250 millones de dólares, casi la misma cantidad admitida por la DGCP, que no tomó en cuenta la otra deuda, la del sector público financiero que, de acuerdo al reconocido economista, ascendió a casi 9,700 millones de dólares estadounidenses.

En resumen, la deuda pública global de República Dominicana, cortada al mes de diciembre de 2012, alcanzó la astronómica cantidad de 28,950 millones de dólares, según los procedimientos seguidos por el economista Selman (Véase: Deuda pública: El caso de la República Dominicana en: www.cres.org.do.es) Otros economistas, entre ellos, Miguel Ceara Hatton y Carlos Despradel, situaron el monto de la deuda entre 25 mil y 26 mil millones de dólares al final de ese año. Esa astronómica suma colocó la deuda pública dominicana en un 48 por ciento con relación al Producto Bruto Interno que, según el Banco Central, rondaba los 60 mil millones de dólares.

Pasarían 43 años, desde la muerte violenta de Trujillo en 1961 hasta el año 2004, para que la deuda externa dominicana alcanzara 6,379.7 millones de dólares, pero bastaron 8 años para que esa misma deuda se disparara a niveles sin precedentes. Los dos últimos gobiernos de Leonel Fernández fueron los que más aportaron a hipotecar el futuro económico de los dominicanos.

Tantas deudas en tan poco tiempo y una insaciable voracidad fiscal fueron los factores decisivos de la llamada estabilidad macroeconómica de que tanto hablaban los agentes del gobierno. Fernández jamás pensó, cuando retornó al poder en 2004, que sus dos mandatos consecutivos terminarían más que triplicando la deuda pública dominicana.

Mientras tanto, un quinto “paquetazo fiscal” envió el Poder Ejecutivo al Congreso el 30 de junio de 2011. Para justificar esta nueva embestida a los contribuyentes, el gobierno alegó que se hizo para atender los reclamos del 4% a la educación preuniversitaria. El nuevo proyecto sometido al Congreso aumentó los gravámenes a los juegos de azar (bancas de apuestas, de lotería, casinos) a las viviendas suntuarias, aumentó de un 27 a un 29 por ciento el Impuesto Sobre la Renta a las personas jurídicas, entre otros. La nueva ley número 139-11 fue promulgada el 24 de junio de 2011. El gobierno tendría así una recaudación adicional ascendente a los 9 mil 600 millones de pesos, aunque no faltaron voces que afirmaron que sobrepasaría los 29 mil millones.

Según Juan Hernández, la Dirección General de Impuestos Internos había tenido "un excelente desempeño, pasando de recaudar 60 mil millones de pesos en el año 2004, a más de 248 mil millones" en el año 2012 (Diario Libre, 30 de julio, 2012) para un incremento de un 313 por ciento proveniente de una voracidad fiscal jamás vista en la historia dominicana.

Referencias bibliográficas comentadas:

El primer intento por endeudar al país provino de la Junta Central Gubernativa, cuando ya era controlada por Pedro Santana. Ocurrió que el 26 de septiembre de 1844, dos días después de instalada la Asamblea Constituyente en la "apacible villa de San Cristóbal", asistió Tomás Bobadilla, socio de Santana, y le propuso a los constituyentes el conocimiento y aprobación de un préstamo por millón y medio de libras esterlinas, convenido en principio por la Junta con el banquero inglés Herman Hendrick, "y no obstante la falta de recursos económicos con que nacía la República, la Asamblea rechazó unánimemente el oneroso empréstito". Para saber más sobre ese primer incidente entre el déspota Pedro Santana y los constituyentes, consúltese la obra de Emilio Rodríguez Demorizi: La Constitución de San Cristóbal, 1844-1854. Publicaciones de la Academia Dominicana de la Historia, Volumen LII, Editora del Caribe, Santo Domingo, 1980, pp. 14, 15, 16.

Manuel Arturo Peña Batlle publicó, en el Boletín del Archivo General de la Nación, Números 13, 14-16 y 17, de 1940 y 1941 respectivamente, varios artículos con el título de: Historia de la deuda pública dominicana en la Primera República.

Un clásico en el estudio de las finanzas, las monedas y el endeudamiento dominicano es la obra del intelectual haitiano Alexandre Richelieu Pujol, que la escribió en París en 1915 bajo el seudónimo de Antonio de la Rosa, titulada: Las finanzas de Santo Domingo y el control americano. Fue traducida y reeditada por la Sociedad Dominicana de Bibliófilos. Editora Amigo del Hogar, Santo Domingo, 1987. Sería imposible escribir la historia del endeudamiento del Estado dominicano sin consultar el bien documentado libro de De la Rosa, que también fue publicado, en una fecha imprecisa, por la "Editora Nacional" que funcionaba en la calle "Arz. Nouel esq. Espaillat", de Santo Domingo.

Un texto clave para el estudio de los tratados entre los gobiernos dominicanos y estadounidenses es el de Manuel de Jesús Troncoso de la Concha: La génesis de la convención domínico-americana. Editorial El Diario. Santiago, RD, 1946.

De César A. Herrera conocemos dos obras monumentales. La primera, De Hartmont a Trujillo, publicada originalmente por la Impresora Dominicana, Ciudad Trujillo (hoy Santo Domingo), 1953. Al igual que la obra de De la Rosa, la de Herrera es rica en documentos históricos relacionados con las finanzas dominicana de la época. De ella conocemos varias ediciones, al igual que su otra obra, Las Finanzas de la República Dominicana, que fue publicada en los tomos 18 y 19 de la "Colección Trujillo" de 1955. Una segunda edición data de 1982, en un sólo volumen, Ediciones Tolle, Lege, Santo Domingo, 1982.

De Julio C. Estrella existe: La moneda, la banca y las finanzas en la República Dominicana. Tomo I, 1492-1947 y Tomo II, 1948-1970. La obra fue publicada por Universidad Católica Madre y Maestra (hoy PUCMM) en Santiago de los Caballeros, 1971 y forma parte de su Colección "Estudios".

Otra obra de la misma tendencia, pero enfocada en la numismática, es: Monedas Dominicanas. Desde el descubrimiento hasta nuestros días (1492-1979), de Miguel Estrella Gómez. Publicaciones del Banco Central, Santo Domingo, 1979.

Del Generalísimo y Doctor Rafael Leonidas Trujillo Molina conocemos: Reajuste de la deuda externa, etc. Editora del Caribe, Ciudad Trujillo (hoy Santo Domingo), 1959.

Del extinto historiador y sociólogo Franklin Franco Pichardo: Historia económica y financiera de la República Dominicana, 1844-1962. Editora Universitaria (UASD), 1996. También, Historia del Pueblo Dominicano,Editora Mediabyte, Santo Domingo, 2008.

Tres obras generales que contienen amplias informaciones sobre el endeudamiento dominicano son la de Frank Moya Pons, Manual de Historia Dominicana, Editora Búho, Santo Domingo, 2013; la de Juan Isidro Jimenes-Grullón, Sociología Política Dominica, Volumen  I, Editora Alfa y Omega, Santo Domingo, 1982 y la Roberto Cassá, Historia social y económica de la República Dominicana, Tomo 2, Editora Punto y Aparte, Santo Domingo, 1982.

Del historiador Jaime de Jesús Domínguez: Notas económicas y políticas dominicanas sobre el período julio 1865-julio 1886, Tomos I y II, publicaciones de la Editora Universitaria (UASD), Santo Domingo, 1983 y 1984. También, La dictadura de Heureaux. Editora Universitaria, 1986 y La sociedad dominicana a principios del siglo XX. Colección del Sesquicentenario de la Independencia Nacional, Volumen VII, Editora Taller, Santo Domingo, 1994.

Para un estudio de la deuda pública contemporánea, los informes de la economía dominicana que publica el Banco Central cada año son fundamentales, aunque no siempre coinciden con la visión de economistas independientes y otros organismos especializados. El Banco Central también dispone, en su portal digital (bancentral.gov.do/pag_abierta/bc) de una "Página Abierta" para el debate de temas económicos. En ella podemos ver un artículo de la institución que explica cuál es el nivel de la deuda pública dominicana hasta el 31 de julio 2013. Fue publicado para refutar al Centro Regional de Estrategias Económicas Sostenibles (CREES), organismo que el 4 de abril de ese mismo año había publicado un amplio trabajo de consolidación de la deuda pública dominicana. Estaba firmado por el economista Ernesto Selman y podrá leerse en el portal www.crees.org.do/es

Otra institución del gobierno que lleva las estadísticas de la deuda es la Dirección General de Crédito Público (DGGP), del Ministerio de Hacienda. Los organismos internacionales de financiamientos (FMI, BM, BID, PNUD) también hacen y publican sus evaluaciones anuales sobre la economía dominicana y el nivel de la deuda pública.

Asimismo, abundan los textos de historia económica y financiera escritos en las últimas décadas por reconocidos profesionales dominicanos en el área. Del extinto y fogoso periodista Miguel Ángel Velázquez-Mainardi:Culpables de la deuda externa. Editora Tele-3. No tiene pie de imprenta, pero su prologuista, Julio Santana, finaliza diciendo: "Santo Domingo, 29-XII-93".

No existe un texto especializado sobre la deuda pública dominicana, desde la muerte de Trujillo hasta el presente. El texto de Velázquez- Mainardi es resumido e interesante, pero se queda en el año de 1993.

Del  economista Hugo Guilliani Curi: Deuda externa, un proceso de renegociación. Editorial La Palabra, Santo Domingo, 1986.

De Bernardo Vega, En la década perdida. Ediciones de la Fundación Cultural Dominicana. Editora Taller, Santo Domingo, 1991. Se trata de un libro que recopila 61 artículos publicados por el autor en la década de 1980. Cinco de ellos se refieren a la deuda pública dominicana en distintas épocas.

De Eduardo J. Tejera conocemos varios libros: Debate económico dominicano. Ensayos y artículos, 1997-2001. Editora Solar, Santo Domingo, 2001. También, Cincuenta años de democracia y desarrollo dominicano, 1961-2011. Logros y fracasos. Editora Búho, Santo Domingo, 2012. Se trata de un texto más amplio, que abarca la historia económica, política y electoral dominicana de los últimos 50 años.

De Carlos Despradel, 40 años de economía dominicana. Impresión Editora Búho, Santo Domingo, 2005. Despradel publicaría un año después sus "reflexiones complementarias" a la primera edición de su libro.

En la prensa dominicana (periódicos, revistas) se han publicado en las últimas décadas cientos de artículos referidos al endeudamiento externo dominicano. Una parte de esos artículos los conservo recortados en mi biblioteca personal.