Por desgracia en nuestro país la gente fundamenta en gran medida sus esperanzas de progreso personal o mejoría de la situación nacional en los cambios de funcionarios públicos. Esta falsa creencia tiene varias causas motrices. 

La primera, es el índice acusador de los grupos opuestos a la administración política de turno que, olvidando su pasado al  frente de la gestión del gobierno, ven todos los males en las ineficiencias y a veces en la ineptitud de los funcionarios activos. Es una manera recurrente de justificar el regreso a los negocios y travesuras de Estado.

Segundo, los medios de comunicación, pertenecientes a poderosos grupos económicos, han estigmatizado la figura de los funcionarios haciendo trizas la posibilidad de que un ministro o un director gubernamental adopte un comportamiento ético, sujeto a los principios rectores de la administración pública, enunciados inclusive en una ley.

Así, en los mandos altos y medios del Gobierno la praxis pública es sinómino de corrupción, de falta absoluta de vocación de servicio, de indiferencia camuflajeada con mucha retórica respecto a los problemas que deben atenderse por mandato de leyes y  reglamentos específicos. Servicio público no existe, vocación de servicio tampoco. Estamos frente a una generalización malvada en la que todos son iguales: ciertamente, a veces se hacen excepciones forzosas. Con frecuencia, las excepciones no son más que corruptos predilectos. 

Tercero, decenios de prueba del llamado sistema de la democracia representativa muestran realmente ineficiencias abrumadoras, fortunas irritantes, millonarios inexplicables, componendas aberrantes en las alturas en contra del interés nacional, negocios ilícitos de todas las categorías. El pueblo mira y juzga, forma en silencio sus creencias, sus convicciones inamovibles, la esperanza se cansa.

Hemos estado cambiando funcionarios desde la primeras elecciones democráticas celebradas el 20 de diciembre de 1962. En estos más de cinco decenios, en cada administración política, la corrupción produce nuevos ricos, más bien, un verdadero aluvión de ellos. Ninguna ha estado exenta de esta calamidad que, de alguna manera, está conectada con la producción en serie de una variedad inmensa de pobres. 

Pero desde 1962, ¿han cambiado el modelo político? Sigue siendo el mismo. Su dinámica se basa en ver al Estado como el más apeticible espacio para potenciar negocios o ambiciones personales desmedidas. Es un espacio con un avasallante predominio de complejas redes clientelares y unas reglas curiosamente estables:  favor político como contrapartida del voto, privilegios y concesiones a cambio de cuantiosos aportes privados en tiempos de campaña. 

Las normas son las mismas, la funcionalidad impúdica se mantiene. Los pocos funcionarios honestos terminan enfermándose y finalmente aislados. A veces, esas pocas criaturas de la excepción extraña son reconocidas, con la mayor desfachatez, por los mismos que protagonizan el desenfreno en la piñata pública.

Los cambios de funcionarios no cambian nada si no tocamos el fondo, los contenidos reales y la direccionalidad pancista del sistema político prevaleciente. No es posible edificar entre truhanes  y es imposible la rehabilitación pública sin hacer valer las normas: sin discriminación y con el grado de dureza que ellas mandan en cada caso. 

Quien ingresa a una banda que ha impuesto sus propias reglas de juego para fines casi exclusivos de lucro personal y burla de la esperanza encarnada en el voto de millones de ciudadanos, terminará casi siempre bandido, indiferente, cegado por la avaricia y marcado por la indolencia. Terminará compitiendo por fortunas venales con los que antes execraba. 

El terreno donde se juega necesita cambios revolucionarios desde una perspectiva democrática. Si no los emprendemos con la determinación del César en Las Galias, los jugadores seguirán siendo los mismos malos que a veces son detractados por los propios cómplices desde diferentes palcos, siempre conforme con las  conveniencias del momento o  las directrices de quienes nunca se ven en escena: los ventrílocuos de la política criolla, capaces de dictar el curso de los acontecimientos más vitales sin aparentemente pronunciar una palabra, de crucificar y matar guarecidos en el bunker de la dinámica azorosa del modelo clientelista-rentista que lo subyuga todo. Comencemos a cambiar los nortes, los principios que subyancen en el accionar político, no los funcionarios. Eso me tiene sin ciudado.