El ritmo de endeudamiento externo del país es preocupante. A la velocidad de los últimos años, podemos arribar a los umbrales de una situación parecida a la de España, o a una realmente extrema, catastrófica: la de Grecia.

En el caso de España, que evidencia signos alentadores de recuperación en los últimos dos años, estamos por ver su entrada al indeseable Club de Deuda Pública del 100% del PIB (más de un billón de euros). Es decir, España está a punto de ser deudor frente a terceros, nacionales y extranjeros, por un monto equivalente a lo que produce cada año valorado a los precios del mercado. 

Situaciones peores las hay. Por ejemplo, Grecia no es el espejo en el que nadie quiera verse: a pesar de la impresionante asistencia recibida por sus contrapartes de la Eurozona, su deuda pública consolidada alcanza el 180% del PIB, es decir, deben toda la riqueza que producen durante todo un año más un 80% de ella.

En cuanto a los italianos, creemos que siguen pensando que viven los mejores tiempos del Imperio Romano. Italia debe más del 135% del PIB, superando con creces los 2 mil billones de euros, es decir, dos veces el monto de las acreencias de los españoles. 

Algo distante de estos países, nuestra pequeña República avanza hacia los 14 mil millones de dólares norteamericanos, cantidad que representa algo más del 23% del PIB, es decir, casi una cuarta parte del valor de los bienes y servicios producidos durante un año a precios constantes. 

¿Mucho o poco? Creemos que todavía el país puede endeudarse más pero esa opción no es para nada recomendable.

Un 23-25% del PIB es como un chicote golpeando implacablemente sobre las espaldas del  Gobierno y, especialmente, por muchas vías, sobre las de los contribuyentes.

En ellos descansan las consecuencias de las soluciones derivadas de la disyuntiva de pagar y dejar proyectos de desarrollo en carpeta, o acumular atrasos y endeudarse más para cumplir medianamente con las obligaciones del desarrollo y las innumerables promesas de las campañas electorales. 

Actualmente, el Gobierno está en aprietos financieros. Pero los bondadosos y bien intencionados saltos de charcos del Presidente deben seguir.

Es su norte incluyente. La inclusión implica préstamos gubernamentales blandos, asistencia a los desvalidos que se forman a montones en los alrededores del proceso de desarrollo y, para mitigar, muchas y más originales poses populistas.

Las campañas electorales, iniciadas en la alborada del actual Gobierno, también requieren que se abulten un poco más los gastos de los ministerios, direcciones y otros organismos del Estado. Lógica clientelista que desafía toda actitud austera.

Los intereses deben pagarse, el capital también. Las infraestructuras básicas deben construirse y mantenerse. Las escuelas deben seguir edificándose, aunque sea sobre los escombros de profesores que ya no pueden enseñar. La vida debe seguir y todo cuesta.

Se pierde de vista que la ya pesada carga del endeudamiento externo, que aunque lejos en términos relativos de las impactantes situaciones en España, Grecia e Italia, está hundiendo las expectativas de recuperación de las economías familiares y pone un límite a las tareas del desarrollo.