La mayoría de las alianzas entre partidos tienen lugar sobre la base de arreglos o negociaciones en torno a cargos públicos. En este sentido, lo cargos en los organismos gubernamentales fungen como mercaderías políticas de una transacción que tiene los ribetes de una cualquiera: me ayudas a subir con dinero o con actividades de algún impacto político, o con tus opiniones favorables, y yo te aseguro tal posición en la administración pública.

En estos términos, el gobierno deviene en un espacio de puras transacciones políticas con indudables implicaciones en cuanto a contraprestaciones pecuniarias o monetarias. Es asunto ampliamente tratado por Schumpeter, en economía, y por nuestro Américo Lugo, en el plano político.

Hago este planteamiento a raíz de las recientes contradicciones entre el PLD y la FNP en torno al tema migratorio  haitiano que involucra controles, regularización, naturalización y nacionalidad. La Fuerza, como ya todo el mundo la conoce, consolidó una alianza con el PLD sobre bases programáticas de indudable calado político-institucional, estando invariablemente ausente, por escrito o verbalmente, los vergonzosos requerimientos de cargos públicos concretos. 

Obviamente, una actitud tan rara en la política criolla, tristemente conocida por la trata vergonzosa de canonjías relevantes o irrelevantes y bochornosos arreglos de aposento, merece la asignación de alguna cuota de poder, como en efecto ocurrió en los hechos. 

El mérito de la Fuerza va más lejos que los compromisos de Nación ex ante: una vez asignados los cargos, en su caso la Dirección General de Migración y el Ministerio de Energía y Minas, los objetivos programáticos, que son el eje fundamental de la unidad en este caso, siguen siendo innegociables, sin importar la cuantía de poder, la relevancia socioeconómica de las funciones asumidas o la cantidad de miembros y simpatizantes favorecidos con empleos en función, en el caso de la Fuerza, de la experiencia y conocimientos profesionales, no del mérito acumulado en las lides partidarias.

Es bien conocido que el tema de defensa de la seguridad nacional, de la nacionalidad dominicana y del ejercicio pleno de los derechos soberanos del Estado, incluido el de autodeterminación, conforman los pilares fundamentales del discurso de la Fuerza. 

Sería una mezquindad inaceptable e inútilmente ruidosa no reconocer la grandeza y pertinencia nacional de otras posiciones asumidas por la Fuerza, como aquella, que muchos prefieren evadir por conveniencia, compromisos soterrados o temor, de sus temerarias denuncias y enfrentamientos contra el narcotráfico, develando componendas y beneficios en muchas latitudes del poder, señalando por sus nombres y apellidos a los infaustos actores furtivos y criticando acervamente, siempre aferrados a los argumentos de grafeno de los hechos tozudos, las dobleces y flaquezas de las autoridades públicas y del liderazgo privado.

Hoy vemos a la Fuerza casi enfrentada a su aliado natural de muchos años. Sus intenciones declaradas de salir del Gobierno, para quienes conocemos hace más de cuatro decenios al padre de los hijos, no son amagues ni posturas personales fugaces ni desafíos coyunturales que buscan una publicidad que a los Castillo no les hace falta. 

No responden a desaveniencias sobre temas futiles y transitorios en el ámbito de las ejecutorias de Estado cotidianas y obligadas. 
Su expresado desasosiego y hasta decepción sincera se debe a un tema que puede marcar el destino de la República y hundirla en el abismo de un desencuentro resbaladizo de culturas disímiles, históricamente contrapuestas, en una tienda de nacionalidad barata y fácil, como si el país no tuviera historia y hubiera borrado corbardemente el recuerdo de las inmolaciones de excepción y las manchas indelebles de sangre de quienes forjaron nuestra dominicanidad.

Los que se alegran con una eventual salida de la Fuerza del Gobierno, son los mismos que sin miramientos celebrarían el funeral de la nacionalidad dominicana; las mismas fuerzas obscuras que actúan siempre a conveniencia de intereses particulares, las que afirman que el discurso sobre nacionalidad es letra muerta y desfasada de una facción local ultraconservadora y repugnante. 

Pueden seguir festejando lo que todavía no ocurre. Sin embargo, no podrán celebrar lo que nunca ocurrirá: el abandono de las posiciones fundacionales de la Fuerza Nacional Progresisista, la traición a las convicciones de los ancestros próceres y la apostasía de las actitudes y posiciones que marcan una enorme brecha diferenciadora con la minoritaria canalla local cuyo objetivo supremo es el lucro en un marco de absoluto desembarazo de compromisos de Nación trascendentales, precisamente por carecer de firmes perspectivas de Patria, historia y nacionalidad.