Cuántas instituciones públicas que no aportan nada a la sociedad posee el Estado dominicano? Algún día, los buenos y verdaderos dominicanos empezaremos a demandar el cierre inmediato de varias instituciones que sólo sirven para devorar una parte importante de los recursos que aportamos los contribuyentes. Sin importar por ahora quién gane las próximas elecciones presidenciales, el tema de reducir la hipertrofia estatal debería estar ya en la agenda de los empresarios progresistas, la sociedad civil y la sociedad política.

Son varias las instituciones que se vienen cuestionando por su impertinencia, porque en nada contribuyen al desarrollo social, o porque ya cumplieron su cometido.

La existencia de esas entidades oficiales sólo se justifica si se persiste en mantener felices y contentos a una amplia red de vividores de la política. Entre las instituciones que administran recursos considerables del Presupuesto Nacional están la Liga Municipal Dominicana, que sólo sirve de intermediaria en el manejo de los fondos que aporta el gobierno central a los ayuntamientos; las Secretarías de la Juventud y de la Mujer, el Despacho de la Primera Dama y el Senado de la República.

Resulta irracional para un país donde hay tanta pobreza que esas y otras instituciones sigan consumiendo grandes recursos del erario en desmedro de otras que sí aportan y requieren más recursos para seguir adelante. Algunas de las instituciones cuestionadas podrían incluso formar parte de otros ministerios afines. Por ejemplo, en el Ministerio de Educación Superior podría funcionar un Departamento de la Juventud que desarrolle la misma política pública a favor de nuestros jóvenes que se viene aplicando desde el Ministerio de la Juventud. El Ministerio de la Mujer debe ser disuelto porque no existe ningún Ministerio de los Hombres; simplemente debemos propiciar políticas de verdadera inclusión social, sin discriminación de ningún género.

Y cuando observamos el presupuesto que maneja cada año el Despacho de la Primera Dama, que supera el monto de varios ministerios, nos daremos cuenta hasta dónde han calado las políticas asistencialistas y clientelistas del gobierno de turno, que no le tiembla el pulso cuando se trata de derrochar los fondos públicos.

La última prueba de irrespeto hacia la población que demanda más atenciones para la educación pública dominicana, la ofrecieron los senadores que fueron señalados por los autores del fraude electoral de 2010. Ese grupo, que integra el Senado de la República, irrespetando el clamor popular que demanda una educación pública de calidad, aprobó ‘al vapor’ un nuevo Presupuesto que fue concebido para comprar los votos que Danilo Medina alega le hacen falta para ganar las venideras elecciones.

Quedó claro, otra vez, que el Senado de la República es un órgano indiferente, integrado por gente que sólo levantan la mano si lo estimulan desde el centro de la corrupción que opera en el Palacio Nacional. No escucharon a nadie, no formaron las famosas comisiones de estudios, que no estudian nada; se burlaron del país y enviaron un mensaje bien claro a los ingenuos que creen aún será fácil sacar del poder al grupo devorador que controla las viejas y las nuevas instituciones, creadas para buscar impunidad mediante el abultamiento del gasto público.

En otros países democráticos no existen tantas instituciones devoradoras. El poder legislativo, por ejemplo, está confiado a una sola cámara, integrada por verdaderos representantes del pueblo. Esos representantes son electos en proporción a la cantidad de electores de cada provincia, de cada municipio. El resultado es un poder legislativo donde cohabitan todas las corrientes políticas y todas las fuerzas vivas de la nación, sin importar que sean grandes o pequeñas.

En un sistema unicameral jamás veremos la farsa de que el partido más grande del país no tiene un solo Senador.
Si en realidad queremos una auténtica revolución democrática, pacífica pero firme, que inicie las transformaciones que requiere la sociedad dominicana del siglo 21, empecemos por la demanda de acabar primero con hipertrofia del Estado dominicano. Así lo ha reconocido, incluso, el sector empresarial más consciente del país. La tarea más urgente de los dominicanos es acabar con el despilfarro en el gasto público, la corrupción y el clientelismo que devoran más de cien mil millones de pesos cada año.

Y para acabar con la política depredadora y de irrespeto a la nación, debemos empezar con la firme demanda de disolver todas las instituciones que, como el Senado de la República, no sirven para nada.

09 de octubre de 2011.-