APUNTE.COM.DO.- Héctor Villasana, abogado de César Jáuregui Moreno, exfiscal de Chihuahua, sostuvo que la acusación de traición a la patria formulada por la Fiscalía General de la República (FGR) supondría que su cliente buscó perjudicar al país al avalar la presencia de extranjeros, cuando en realidad su intención era afectar las finanzas del crimen organizado.
En una entrevista con Infobae México, el defensor insistió en que Jáuregui estaba al tanto del operativo realizado en el municipio de Morelos para desmantelar un narcolaboratorio dedicado a la producción de metanfetamina, pero desconocía qué agentes intervendrían. Esto, según dijo, se refuerza con los 150 datos de prueba que maneja la FGR, ya que ningún testigo lo vincula con los elementos estadounidenses.
Villasana admitió que pudieron registrarse omisiones en el operativo que mantiene a su cliente recluido en El Altiplano, en el Estado de México, aunque rechazó de manera categórica que esas fallas basten para configurar el delito de traición a la patria.
“Pudo haber habido omisiones, pudo haber habido irregularidades, pudo haber habido omisiones en el operativo, antes, durante y después, pero no, de ninguna manera para acreditar y tipificar el delito de traición a la patria”, declaró.
El abogado subrayó que esas eventuales irregularidades no alcanzan para sostener la gravedad del delito que mantiene a Jáuregui en prisión preventiva, pues, afirmó, no actuó con la intención de dañar al país con la presencia de agentes extranjeros, ya que no sabía que estos se encontraban en el operativo contra los narcolaboratorios.
Por el contrario, Villasana planteó que, si se acreditaran dichas irregularidades y hubiera que atribuir alguna responsabilidad a Jáuregui, se trataría de dos escenarios de naturaleza administrativa y no penal.
El primero sería una sanción conforme a la Ley de Seguridad Nacional, aplicable si se determinara la existencia de un delito federal menor al que actualmente se le imputa. El segundo sería una falta por ejercicio ilegal del servicio público, derivada de un eventual incumplimiento de los procedimientos institucionales.
“Si hubiese un delito federal, entenderíamos que hubiera sido la sanción administrativa de la que habla la Ley de Seguridad Nacional, o bien un ejercicio ilegal del servicio público”, explicó el abogado, al precisar que esa falta derivaría de “haber faltado administrativamente a los procedimientos como tal”.
Sin embargo, indicó que incluso en ese escenario se trataría de una sanción acotada. “A lo mejor alguna sanción de estas características o bien administrativa”, apuntó, muy por debajo de la gravedad de una condena por traición a la patria, que va de 5 a 40 años de prisión en caso de acreditarse la responsabilidad.
Para sostener que existe una desproporción entre los hechos y la acusación, Villasana puso el acento en el objetivo del operativo que Jáuregui autorizó. Se trató, recordó, de una misión diseñada para desmantelar un narcolaboratorio donde se producían metanfetaminas, no para dañar a la nación.
“El operativo que tuvo como finalidad y objetivo desmantelar un narcolaboratorio en el que se estaba produciendo metanfetaminas... esa era una finalidad justa”, argumentó el abogado, al vincular la legitimidad del propósito con lo que considera una respuesta penal desproporcionada.
Finalmente, Villasana manifestó su rechazo a las acusaciones contra Jáuregui y reafirmó que no existía ninguna intención del exfiscal de provocar un daño al país, sino exclusivamente al crimen organizado.
“Creo que hay una desproporción y además jurídicamente no encuadra la conducta en el delito de traición a la patria”, afirmó.
Villasana reforzó su argumento al distinguir entre la autorización general del operativo y su ejecución en el terreno. Jáuregui, como superior jerárquico de la Agencia Estatal de Investigación (AEI) y de la Fiscalía de Operaciones Estratégicas, sabía que la misión se llevaría a cabo y solicitó el respaldo de la Secretaría de la Defensa Nacional (Defensa), pero no conocía a qué agentes asignarían los fiscales encargados de ambas dependencias de la Fiscalía General de Chihuahua.
Según el abogado, aspectos como el número de agentes, los vehículos utilizados o la duración de la misión en campo correspondían de manera exclusiva a Pedro Román Oseguera Cervantes, entonces director de la AEI que murió en el accidente que destapó el caso, en el que también fallecieron su escolta y dos agentes de Estados Unidos.
Además, estos actos tenían que coordinarse con el entonces fiscal de Operaciones Estratégicas de Chihuahua, Guillermo Arturo Zuany Portillo, quien también está acusado de los mismos delitos que Jáuregui, pero cuenta con un amparo que evita su detención.
El defensor sostuvo que, de los más de 150 datos de prueba presentados por la Fiscalía General de la República para sustentar la vinculación a proceso, ninguno establece de forma directa que Jáuregui tuviera conocimiento de la presencia operativa de los extranjeros en el terreno del operativo en El Pinal.
