APUNTE.COM.DO.- La presidenta encargada de Venezuela, Delcy Rodríguez, declaró que el país celebrará los comicios previstos en la Constitución, aunque no ofreció un calendario electoral y vinculó el proceso a una serie de reformas institucionales, políticas y judiciales que, según su criterio, deben garantizar condiciones para todos los sectores.
En un mensaje transmitido en cadena nacional, Rodríguez indicó que los comicios deberán ser organizados por una "autoridad electoral renovada" y contar con acompañamiento y observación internacional. "Habrá elecciones. Todas las que manda nuestra Constitución, organizadas por una autoridad electoral renovada y con el mundo como testigo", expresó.
La funcionaria solicitó a las fuerzas políticas y sociales que respalden los cambios impulsados por su administración. Asimismo, reivindicó su trayectoria dentro del Gobierno como un elemento que, a su juicio, le permite llevar adelante las reformas anunciadas.
El discurso no incluyó una convocatoria electoral ni una fecha estimada. Rodríguez sostuvo que el "horizonte político" del país no debe quedar definido únicamente por un día en el calendario, sino por una serie de condiciones previas.
Entre esas condiciones mencionó la convivencia democrática, una reforma jurídica, condiciones de participación para las distintas fuerzas políticas y unos comicios que, según dijo, no profundicen los conflictos existentes.
"La elección no debe ser un problema ni hacernos retroceder hacia tiempos de confrontación", afirmó la presidenta encargada, quien aseguró que la renovación institucional desembocará en la conformación de un poder electoral aceptado por todos los sectores.
Rodríguez afirmó que el Gobierno mantiene conversaciones con representantes de la Asamblea Nacional elegida en 2015. Según señaló, la agenda incluye garantías políticas para futuros procesos electorales, la reforma del Tribunal Supremo de Justicia y la recuperación de recursos para atender las consecuencias del terremoto del 24 de junio.
Durante el mensaje, la mandataria respondió a los cuestionamientos sobre su capacidad para liderar el proceso de cambios. Recordó que fue ministra, canciller y vicepresidenta ejecutiva antes de asumir como presidenta encargada.
"Lo conozco desde adentro", afirmó en referencia al aparato estatal. "Vengo del sistema que estamos transformando y cambiando, no lo escondo", agregó.
Rodríguez sostuvo que esa experiencia le permite impulsar modificaciones institucionales que, en su criterio, no podrían quedarse solo en propuestas. También convocó a quienes discrepan con el Gobierno a participar en espacios de diálogo bajo "reglas iguales para todos".
La presidenta encargada reconoció que las medidas generan tensiones. Dijo que algunos sectores pueden considerarlas concesiones excesivas, mientras otros las juzgarán insuficientes.
La funcionaria señaló que está en marcha una consulta nacional para reformar la justicia penal. El objetivo, según explicó, es revisar problemas como la corrupción, la demora en los procesos y la criminalización de la pobreza.
También aseguró que el Gobierno acordó asistencia técnica con la Unión Europea y solicitó colaboración a la Oficina del Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos.
Rodríguez afirmó que la Asamblea Nacional aprobó una ley de amnistía en febrero y que "casi 9.000 personas" recibieron beneficios de esa norma. Añadió que más de 1.000 personas fueron excarceladas por la aplicación de la ley y la revisión de otros expedientes.
Además, indicó que la Asamblea presentó una reforma de la llamada ley contra el odio, cuya aplicación, según admitió, fue abusiva. La propuesta, dijo, busca eliminar sus sanciones penales y reforzar su carácter educativo.
Rodríguez anunció que su administración continuará con el restablecimiento del acceso a sitios de información afectados por medidas administrativas durante años de confrontación política.
"Seguimos restableciendo el acceso a portales informativos que estaban sujetos a medidas administrativas", manifestó, sin detallar cuáles serán las plataformas habilitadas ni cuándo se concretará la medida.
La presidenta encargada vinculó esa decisión con la necesidad de que todas las voces sean escuchadas y de que la información circule con "veracidad y objetividad". A la vez, pidió responsabilidad a los comunicadores y reclamó a medios nacionales e internacionales que no estigmaticen al país.
Infobae se encuentra bloqueado por el régimen venezolano desde el 10 de octubre de 2014, cuando el entonces dictador Maduro ordenó a la Comisión Nacional de Telecomunicaciones (Conatel) impedir el acceso al portal dentro del país. Ese bloqueo continúa en la actualidad pese al cambio en lo más alto del poder y la llegada de Delcy Rodríguez con promesas de cambio.
