APUNTE.COM.DO.- El accidente ferroviario ocurrido en la provincia de Toledo se ha convertido en la segunda gran tragedia de este tipo en menos de diez meses y el ministro de Transportes, Óscar Puente, la calificó de "inexplicable". La hipótesis que maneja el Gobierno apunta a un error humano, mientras los expertos no salen de su asombro. Entre un tren y otro hubo 17 minutos y 25 kilómetros de distancia antes del impacto, un margen que no lograron detener ni los sistemas automáticos de seguridad ni el centro de control de Adif situado en Atocha.
Desde ese centro se autorizó al AVE de Renfe (AVE 2080), que transportaba a 397 pasajeros, a continuar su marcha tras un problema en el sistema LZB que había dejado detenidos a seis trenes. El convoy avanzó directamente hacia el Iryo 6076, en el que viajaban 147 personas, entre ellas un bebé. "Se tomó la decisión con luz roja", lamentó Puente, quien descartó dimitir porque en estos momentos "no está pensando" en él, sino en esclarecer lo sucedido.
Todo comenzó a las 8:30 de la mañana, cuando el sistema LZB —el dispositivo que controla de forma automática la distancia entre trenes y los frena ante un peligro— dejó de funcionar. Seis convoyes quedaron detenidos de manera automática y el centro de control de Adif, desde Atocha, asumió el mando de la situación.
La normativa no permite reanudar la marcha habitual, que en la línea Madrid-Sevilla llega a los 200 kilómetros por hora, tras un incidente como el ocurrido. En esos casos debe activarse la llamada marcha a la vista, que obliga a circular como máximo a 40 kilómetros por hora para poder reaccionar ante cualquier eventualidad. Ahí reside el punto central del caso: por qué se autorizó al tren de Renfe a circular si había otro convoy detenido a escasos kilómetros, por qué el tren de Iryo permaneció inmóvil sin que nadie lo advirtiera, por qué se permitió la marcha habitual y si el único mecanismo de seguridad es la supervisión de un solo operario.
Puente dedicó la mañana a analizar los audios de las comunicaciones entre el centro de control de Atocha y los maquinistas de los trenes que se encontraban en el tramo afectado por el fallo del LZB. El propio ministro relató en rueda de prensa un pasaje especialmente preocupante: el centro de control impartió varias órdenes "equivocadas" y uno de los maquinistas de los trenes parados tuvo que advertir de que no podía reanudar la marcha normal, sino que debía hacerlo en marcha a la vista, más lento. Pese al aviso, esa indicación nunca llegó al responsable del AVE de Renfe.
Desde que se produjo esa situación, alrededor de las 8:36 horas, hasta el momento del accidente, a las 8:53, transcurrieron 17 minutos. En ese lapso el AVE de Renfe recorrió 27 kilómetros hasta impactar con el Iryo. "En el centro de control tuvieron tiempo más que suficiente para constatar el error y no lo resolvieron", sentenció Puente, quien añadió que el AVE no tendría que haber reanudado la marcha: "Se tomó la decisión de reanudar con luz roja".
En este punto aparece un señalado: un operador de Adif al que se atribuye el fallo de comunicación y que deberá ser interrogado por la Guardia Civil, aunque por ahora no se le puede culpar porque falta mucha información por conocer. Era la persona encargada de la circulación en el tramo entre Urda y Los Yébenes en los momentos previos y durante el accidente, y quien reguló el tráfico a raíz del fallo del sistema LZB tras la caída que afectó a 63 kilómetros de vía. Su testimonio será clave, ya que es la única persona que puede explicar por qué ordenó continuar la marcha sin reducir la velocidad a pesar de que el tren de Iryo seguía detenido. La investigación la ha asumido el juzgado de Orgaz, en Toledo, que ordenó el interrogatorio.
El balance, según el último recuento oficial del Gobierno de Castilla-La Mancha al cierre de la edición, es de al menos 69 muertos y más de 80 heridos, 15 de ellos en estado crítico. La cifra supera la del accidente de enero en Adamuz, donde perdieron la vida 46 personas. Dos tragedias ocurridas en apenas diez meses, por lo que el líder de la oposición, Alberto Núñez Feijóo, reclamó una investigación gubernamental y judicial y exigió saber qué está ocurriendo en las infraestructuras españolas. El siniestro de Toledo se ha convertido en uno de los más graves de la historia ferroviaria del país, solo superado en los últimos trece años por el descarrilamiento de Angrois, en 2013, que dejó 80 víctimas.
El número de fallecidos no dejó de crecer durante toda la jornada. El primer parte del Servicio de Emergencias 112 hablaba de diez muertos. Hacia el mediodía, el presidente de Castilla-La Mancha, Emiliano García-Page, elevó la cifra a 30 y advirtió de que aumentaría en cuanto los equipos de rescate lograran acceder a los vagones que habían caído por el terraplén. Por la tarde el balance saltó a 64 y después a 69 muertos, a medida que bomberos de los parques de Alcázar de San Juan y Orgaz, Protección Civil y tres helicópteros sanitarios avanzaban en las tareas de rescate.
Personal de rescate trabaja en el lugar de la colisión de dos trenes.
