APUNTE.COM.DO.- Una familia de escasos recursos buscó ayuda para representar a un joven de 18 años en una audiencia de medida de coerción. Un abogado les pidió 100,000 pesos por el caso y, aunque otro profesional conocido de la familia se ofreció a asumirlo por 50,000 pesos, tampoco lograron reunir ese monto. El joven terminó en la cárcel de Najayo tras imponérsele prisión preventiva.
“Nosotros somos una familia de bajos recursos, no teníamos con qué cubrirlo y, bueno, estábamos prácticamente desesperados, no sabíamos qué íbamos a hacer”, relató Juana Disla, tía del procesado.
Ante esa situación, alguien les recomendó acudir a la Oficina Nacional de Defensa Pública (ONDP), que brinda asistencia legal gratuita a quienes no cuentan con un abogado. Disla se trasladó a una oficina de la institución en Santo Domingo Oeste, esperó su turno y explicó lo ocurrido con su sobrino. Una defensora pública asumió el expediente, le indicó qué documentos hacían falta para solicitar la revisión de la medida de coerción y le advirtió que sin esos papeles sería difícil obtener una decisión favorable.
Entre 2021 y 2025, la Defensa Pública recibió 121,746 casos nuevos y registró 595,562 atenciones a usuarios, familiares y otras personas que acudieron en busca de información, orientación o asistencia, de acuerdo con estadísticas oficiales suministradas a Diario Libre.
Los expedientes ingresados pasaron de 20,768 en 2021 a 26,232 en 2025, lo que representa un aumento del 26.3 %. En los primeros seis meses de 2026 se contabilizaron otros 12,498 casos.
La mayor cantidad de expedientes de 2025 se concentró en la oficina de la provincia Santo Domingo, con 2,829, seguida de Santiago, con 2,027, y el Distrito Nacional, con 1,809.
Los registros también muestran un alza en las medidas de prisión preventiva impuestas en los procesos atendidos por la institución. Estas pasaron de 5,105 en 2021 a 6,833 en 2025, un incremento del 33.8 %.
En ese mismo período, las garantías económicas clasificadas por la ONDP como de imposible cumplimiento aumentaron de 1,106 a 2,245, más del doble de las registradas cinco años antes.
Las estadísticas incluyen además los resultados de los procesos. Entre 2021 y 2025, la institución contabilizó 13,129 descargos, 16,718 extinciones de la acción penal y 9,938 autos de no ha lugar en la jurisdicción ordinaria.
Aunque ofrece cobertura en todo el territorio nacional, la Defensa Pública todavía no dispone de oficinas abiertas al público en Constanza, Dajabón, Nagua, Samaná y El Seibo. Según la institución, en esas localidades se continúa ofreciendo asistencia legal.
El director de la Oficina Nacional de Defensa Pública, Rodolfo Valentín Santos, explicó a Diario Libre que una persona sin recursos para contratar un abogado puede solicitar asistencia directamente en la institución o a través del tribunal donde se conoce su proceso.
Cuando un imputado comparece sin representación legal, el juez puede solicitar que se le asigne un defensor público. También puede acceder al servicio quien ya no tenga dinero para continuar pagando un abogado privado.
“El tribunal el mismo día envía un oficio a la Defensa Pública y en 24 horas nosotros le asignamos un defensor público”, aseguró Santos.
La institución también realiza visitas semanales a los centros penitenciarios para dar seguimiento a los procesos.
Según el funcionario, durante esos recorridos han encontrado privados de libertad cuyos abogados particulares llevaban meses sin comunicarse con ellos.
Sin embargo, Santos reconoció que uno de los principales problemas es la falta de personal. De acuerdo con las cifras que ofreció, la ONDP cuenta con 210 defensores públicos de carrera y 129 abogados adscritos, pero necesita 250 defensores adicionales.
“Nosotros tenemos un déficit de unos 250 defensores públicos, porque los defensores públicos llevan de 300 a 500 casos individualmente y suben todos los días a audiencia”, manifestó.
Esa cantidad de expedientes, señaló, reduce el tiempo disponible para estudiar los procesos y preparar las audiencias.
“Cuando un defensor público tiene cuatrocientos, quinientos casos es difícil que respire”, expresó.
Para ampliar el servicio, indicó que 70 aspirantes concluyeron recientemente su formación y fueron distribuidos en distintas oficinas. También anunció un concurso para otros 80 defensores, cuya incorporación está prevista para enero de 2028.
