APUNTE.COM.DO.- La magistrada Denia Beras de Mota, del Primer Juzgado de la Instrucción del Distrito Judicial de La Romana, reprogramó para el 20 de noviembre el comienzo de la lectura de la acusación en la audiencia preliminar que se sigue contra los acusados de integrar una red de fraude inmobiliario y lavado de activos desarticulada mediante la Operación Guepardo. Además, estableció el 16 de noviembre de 2026 como fecha tope para la recepción de nuevas querellas.

Los procesados en este expediente son Yves Alexandre Giroux, Rocío del Alba Rodríguez de Moya, Marisol Nova Nolasco, Astrid Rydelis Bello, Javier Gustavo Ulloa Bueno, Joana Paola Guerrero Milián, Samayra del Rosario Barreto y Cynthia Desirée Giroux Sarita. También figuran las sociedades comerciales Novasco Real Estate SRL, REMAX One, Rodeca Marketing Group SRL, RR Marketing Group EIRL y AGOTT 24, SRL, las cuales son señaladas como vehículos utilizados para mover los fondos obtenidos de forma ilícita.

En el transcurso de la audiencia, la jueza Beras de Mota ordenó que las víctimas afectadas por los hechos investigados puedan ejercer su derecho a constituirse como querellantes y actores civiles. Con esta disposición se busca asegurar que todos los perjudicados participen sin que se vulneren sus derechos procesales.

Al respecto, la magistrada indicó que quienes hasta ahora no se han querellado y deseen hacerlo pueden ejercer sus derechos conforme a la ley, con el objetivo de organizar el proceso y facilitar la notificación de las nuevas querellas antes de que continúe la audiencia preliminar.

Igualmente, el aplazamiento de la audiencia responde a la necesidad de garantizar la notificación de las nuevas querellas que se presenten después de que el Ministerio Público depositara su acusación.

Por su vinculación con el caso, se encuentran detenidas en Colombia Loany Lismeiry Ortiz Nova y Keylis Belfon Arismendi, quienes huyeron hacia esa nación suramericana para eludir su responsabilidad penal. El Ministerio Público dominicano aguarda la respuesta oficial de Colombia en relación con la extradición.

En representación del Ministerio Público acudió un equipo de litigación conformado por los fiscales Claudio Cordero y Pedro Medina Quezada, de la Procuraduría Especializada Antilavado de Activos y Financiamiento del Terrorismo, junto con Mayerling Rondón, en representación de la Fiscalía de La Romana.

El proceso judicial tiene su origen en la investigación realizada en 2025 en el marco de la Operación Guepardo. El Ministerio Público presentó una acusación sustentada en más de 1,660 elementos de prueba contra una presunta estructura criminal dedicada al fraude inmobiliario, la estafa electrónica y el lavado de activos, a la que se atribuye haber afectado a más de 426 víctimas, nacionales y extranjeras.