APUNTE.COM.DO.- La ministra de Interior y Policía, Faride Raful, informó que desde mediados de agosto y hasta el pasado 19 de octubre un total de 314 personas se han entregado de manera voluntaria a la Policía Nacional tras ser requeridas por distintos casos judiciales.

Esa cantidad forma parte de las 53,877 órdenes de arresto pendientes que contabiliza la Policía Nacional, vinculadas a delitos como homicidio, agresiones, violencia intrafamiliar, asaltos y robos, entre otros.

Raful señaló que estas entregas voluntarias se enmarcan en las acciones que se llevan a cabo para localizar a las personas requeridas por la justicia.

“Tenemos a la fecha, 19 octubre, 314 personas que se han entregado de manera voluntaria a las autoridades”, expresó la funcionaria.

De acuerdo con la ministra, estos ciudadanos eran buscados por diferentes casos y decidieron presentarse por voluntad propia ante las autoridades.

Raful también indicó que el Ministerio Público tiene a su cargo los expedientes de las personas entregadas, así como las actuaciones judiciales correspondientes en cada situación, lo que implica que los procesos sigan su curso conforme a la ley y que cada individuo asuma su responsabilidad ante la justicia.

Según datos aportados por la Policía, entre las órdenes de arresto pendientes figuran personas con múltiples registros policiales, y algunos acumulan decenas de ellos.Edgar Argenis Ramírez Álvarez (Gafita), de 31 años, quien, tras su entrega, fue trasladado a la estación policial del sector Naco.

Edgar Argenis Ramírez Álvarez, conocido como “Gafita”, de 31 años, fue trasladado tras su entrega a la estación policial del sector Naco.

La ministra sostuvo que las acciones de las autoridades buscan fortalecer el Estado de derecho y garantizar que los casos lleguen a conocimiento de las instituciones, sin que los involucrados queden al margen de los procedimientos legales.

“Nosotros tenemos como objetivo respaldar el Estado con una profunda vocación”, declaró Raful.

La funcionaria subrayó la importancia de que las transformaciones institucionales se mantengan con el paso de los años, con el fin de proteger los derechos de las personas y asegurar que el accionar de las autoridades se desarrolle dentro de lo que establece la ley.

“El Ministerio Público es un poder independiente y las acusaciones tienen que ser sometidas por ellos, de cualquier persona, sea civil, policial o un hecho que este fuera de la ley”, agregó Raful.