APUNTE.COM.DO.- El caso del arroz en el marco del acuerdo de libre comercio suscrito en 2004 por el país con Estados Unidos y Centroamérica (DR-Cafta) permanece atrapado en una discusión que ha sobrepasado los intereses políticos, sin una salida clara en materia de aranceles de importación, debido a que el convenio multilateral concluyó su capítulo arancelario el 1 de enero de 2025, aunque el tratado sigue vigente en el plano institucional.
Consultado sobre el tema, el exdiplomático y economista Luis Manuel Piantini se inclina por asegurar una mayor transparencia en las importaciones del cereal y por empezar a sentar las bases para incrementar la productividad del arroz dominicano mediante la construcción de la presa del Alto Yuna, al considerar que, si de subsidios se trata, estos ya se aplican a través de la pignoración, el no pago del agua y los financiamientos blandos, entre otras medidas.
Piantini, quien además fue embajador ante la Organización Mundial del Comercio (OMC), recuerda que el DR-Cafta no contempla las licencias de importación.
En la actualidad, especialistas en comercio internacional han explicado que el país dispone como vía de solución de volver a sentarse con sus socios estadounidenses, con los números en las manos, y de apelar a los artículos 34 y 37 de la Convención de Viena, sobre tratados multilaterales, que permite modificaciones en las relaciones mutuas, así como a la Ley Farm, debido a la asimetría de los mercados y a los subsidios que reciben.
Para revisar nuevamente los 22 capítulos del DR-Cafta se requiere convocar a las partes.
Piantini indicó que en 1994, ante la OMC, los aranceles de los productos agrícolas que llegaban hasta el 100% se redujeron a un máximo de 40%, y a partir de ahí se gestionó una rectificación que logró que en 1999 el Consejo General de la Organización Mundial del Comercio aprobara la rectificación técnica para ocho productos agrícolas dominicanos. Ello se hizo con una protección que elevó los aranceles hasta el 99% y el 100% en el arroz, las habichuelas, el ajo, la leche en polvo, la cebolla, el maíz, el azúcar y la carne de pollo.
El economista señala que el país ayuda a los arroceros e incluso ha superado el nivel permitido con la pignoración.
“La pignoración es un subsidio. El no pago de agua, que se utiliza muchísima agua, es un subsidio. El diésel que está subsidiado es un subsidio. La asistencia técnica es un subsidio. El crédito que se da muchas veces a tasa cero o a tasa negativa en términos reales a través del banco agrícola es un subsidio, lo que dice que aquí hay muchos subsidios”, sostiene.
Reitera que el problema con el arroz pasa por mejorar la productividad y aumentar el rendimiento a nivel de finca mediante la inversión del sector público en infraestructuras.
Además, recalcó que en 2024 entraron 223,000 toneladas de arroz desde Sudamérica y Asia sin que se les aplicara el 99% de arancel, y se vendían a precios con los que el productor dominicano perdía, porque resultaban más baratas que los productos dominicanos. Pero, según advierte, los protestantes de ahora no hacen referencia a lo que ocurrió entonces, cuando se abarrotó el mercado con 223,000 toneladas, además de que se creó una distorsión frente a una posible solicitud de salvaguarda general ante la OMC.
Advierte que un incumplimiento del tratado puede afectar al azúcar y a todas las exportaciones del país, incluidas las de la zona franca, donde 200,000 empleados podrían verse afectados si el país incumple el acuerdo que firmó.
Para Piantini, el aumento de la productividad y la posibilidad de negociar acuerdos complementarios, bilaterales y recíprocos podrían flexibilizar el caso del arroz y de otros productos dominicanos, y esos proyectos que elevarían la productividad del arroz en más de un 30% costarían US$350 millones, según estudios, de modo que existen elementos para mejorar la productividad del arroz.
Al inicio del tratado, el Gobierno de Estados Unidos facilitó a los miembros de la región centroamericana y a República Dominicana una ayuda técnica conocida como “Trade Capacity Building” (capacidad comercial) para que los productores se fueran preparando, y sugirió aplicar la asociatividad para facilitar la competitividad agrícola.
El tratado contempla un plazo de 25 años para los productos protegidos bajo la ICC o CBI (Iniciativa para la Cuenca del Caribe), que entraron libres con la llegada de China al comercio internacional en 2005, y que además abarca a los ocho productos de la Rectificación Técnica (arroz, azúcar, habichuelas, maíz, ajo, cebolla, leche en polvo y carne de pollo), lograda mediante el Acuerdo de Agricultura.
El tratado establece que las listas arancelarias del Anexo 3.3 de cada país se aplican de manera multilateral, excepto 14 productos con un tratamiento arancelario diferenciado entre República Dominicana y Centroamérica: pollo, leche en polvo, cebolla, ajo, frijoles, café, arroz, harina de trigo, azúcar, cerveza, alcohol, tabaco, aceites comestibles y aceites lubricantes.
La salvaguarda está contemplada en el artículo 3.15 y el país la ha utilizado. El artículo 3.18 establece la comisión agrícola a los 14 años del convenio.
El convenio firmado por el bloque de países el 5 de agosto de 2004 y ratificado por República Dominicana en 2005 tiene vigencia para fines aduanales desde 2006, cuando El Salvador lo puso en vigor como el primero de los cinco centroamericanos (Costa Rica, Nicaragua, Honduras, El Salvador y Guatemala).
Un estudio sobre el DR-Cafta de la PUCMM concluye que el “eslabón perdido” de República Dominicana es la ausencia de políticas de desarrollo productivo que contribuyan a que las actividades económicas aprovechen la ampliación del acceso a los mercados de exportación que suponen los acuerdos comerciales.
