APUNTE.COM.DO.- El Banco Central de la República Dominicana (BCRD) publicó su Informe de Estabilidad Financiera, en el que señala que no existen evidencias de vulnerabilidades ni riesgos significativos que puedan poner en peligro la prestación de servicios financieros en el corto plazo ni provocar la disolución de entidades de intermediación financiera (EIF) de importancia sistémica en el país.
El documento analiza la situación actual de la estabilidad financiera de la economía y las perspectivas para lo que resta del año, en un contexto internacional complicado e incierto.
Según el informe, las pruebas de estrés aplicadas a las entidades muestran que estas cuentan con capital adecuado para soportar las pérdidas económicas que podrían surgir en distintos escenarios macroeconómicos de riesgo. La gestión prudente de los riesgos de crédito, mercado y liquidez ha sido clave para impulsar el financiamiento a las actividades productivas y recuperar el crecimiento económico, indica una nota de prensa del BCRD.
En cuanto a la situación de las EIF, el total de activos supera los 4.59 billones de pesos, con un crecimiento interanual de 10.7 %, lo que representa el 53.9 % del producto interno bruto (PIB), de acuerdo con las informaciones preliminares disponibles al cierre de septiembre de 2026.
El crédito también ha mostrado una evolución favorable, con un aumento interanual de 8.3 %, impulsado por los financiamientos al consumo, comercio y adquisición de viviendas, entre otros.
En cuanto a las captaciones, los depósitos del público registraron un crecimiento interanual de 12.6 %, totalizando más de 3.60 billones de pesos (42.3 % del PIB) a septiembre de este año, lo que refleja la confianza del público en la gestión de riesgo de las entidades.
El patrimonio neto alcanzó los 567,219 millones de pesos (6.67 % del PIB), con un aumento interanual de 12.5 % al cierre del mismo período. Las entidades de intermediación financiera registraron una rentabilidad del activo (ROA) de 3.0 % y una rentabilidad del patrimonio (ROE) de 23.1 %.
Además, el coeficiente de solvencia se situó en 18.9 % a mayo de 2026, conforme a las informaciones publicadas por la Superintendencia de Bancos.
Por su parte, el índice de morosidad de la cartera de crédito ha mostrado una reducción moderada, ubicándose en torno al 1.5 % a septiembre, desde un máximo de 1.9 % al cierre de 2025, gracias a la dinamización de las actividades productivas de los hogares y las empresas, lo que ha mejorado la capacidad de pago para cumplir con los compromisos financieros.
Las instituciones financieras no depositarias, correspondientes a los emisores e intermediarios de valores, sociedades administradoras de fondos de inversión, administradoras de fondos de pensiones, sociedades de seguros y fiduciarias, han tenido un desempeño favorable, sin evidencia de vulnerabilidades que puedan afectar las actividades de intermediación financiera.
En materia de regulación doméstica, el documento explica que la administración monetaria y financiera ha continuado fortaleciendo el marco regulatorio para adecuar la normativa local a las mejores prácticas internacionales, conforme a las recomendaciones del Marco Regulador Internacional para los Bancos, propuesto por el Comité de Supervisión Bancaria de Basilea.
Entre los principales cambios regulatorios se destacan la implementación de la metodología contable del valor razonable (mark-to-market) para el registro, clasificación, valoración y medición de los instrumentos financieros de las entidades de intermediación financiera, a partir de enero de 2026.
Asimismo, se dispusieron nuevos límites aplicables al otorgamiento de facilidades crediticias en moneda extranjera a sectores no generadores de divisas, así como nuevos límites a la posición neta en moneda extranjera de las entidades de intermediación financiera.
De igual manera, se estableció la actualización del capital mínimo regulatorio de los intermediarios cambiarios, ajustados por la inflación acumulada durante el período 2019-2024. Además, se dispuso la actualización por inflación del monto de cobertura del fondo de contingencia, hasta un monto de 2.3 millones de pesos por depositante.
