APUNTE.COM.DO.- República Dominicana comienza a abrirse camino en la industria de las tierras raras, un sector que atrae el interés de las principales potencias económicas, aunque todavía no se sabe con certeza qué cantidad de esos minerales podría aprovecharse comercialmente ni cuánto costaría levantar las instalaciones requeridas para su desarrollo.
Por esa razón, pese al optimismo mostrado por las autoridades sobre el potencial de estos recursos, los especialistas en minería mantienen reservas al respecto.
Miguel Ángel Díaz, vicepresidente ejecutivo de la Empresa Minera Dominicana (Emidom), señala que uno de los mayores riesgos de todo proyecto minero radica en la estimación de los recursos y las reservas. En el caso de las tierras raras la complejidad es aún mayor, porque cada yacimiento tiene características propias y los elementos presentes no necesariamente tienen el mismo valor comercial.
Aunque se agrupan bajo una misma denominación, sus aplicaciones industriales y sus precios varían. Algunos elementos, por ejemplo, son clave para fabricar imanes de alto rendimiento, mientras otros se emplean en industrias químicas, electrónicas y tecnológicas.
Esto implica que la rentabilidad estará determinada por las concentraciones identificadas, el porcentaje que pueda recuperarse y las tecnologías requeridas para separar los elementos. A ello se suman el factor económico y la volatilidad de los precios en el mercado internacional.
Es precisamente ante ese panorama variable que cobra relevancia Emidom. Su tarea principal en la actualidad es profundizar las investigaciones sobre tierras raras y establecer las posibilidades de aprovechamiento de los depósitos. Entre las alternativas figuran la explotación a través de la empresa estatal y la conformación de alianzas con inversionistas privados que aporten financiamiento, equipos y conocimiento especializado.
Todo eso está aún por definirse y tampoco debería convertirse en un obstáculo para la libre competencia cuando llegue el momento. Para Martín Valerio, director ejecutivo de la Cámara Minera y Petrolera de República Dominicana (Camiperd), las operaciones mineras se rigen por derechos vinculados a concesiones y territorios específicos, de modo que la empresa estatal puede incorporarse al sector sin desplazar automáticamente las actividades ya existentes. Valerio considera que el desarrollo de las tierras raras representa una oportunidad para diversificar la economía nacional, si bien estima que todavía es prematuro definir cuál debería ser el modelo de inversión.
Uno de los puntos centrales del proyecto será determinar cuánto procesamiento industrial podrá llevarse a cabo dentro de República Dominicana.
Esto se debe a que la mayoría de los minerales extraídos en el país requieren transformaciones adicionales en el exterior. En el caso de las tierras raras, el Gobierno pretende avanzar hacia un modelo que permita incorporar mayor valor agregado antes de comercializar los productos. Díaz afirma que Emidom trabaja con la intención de instalar una planta de procesamiento que permita concentrar los materiales y evitar que se repita el esquema de exportar bauxita sin transformación local, aunque admite que esa meta tampoco es sencilla.
La cadena productiva de las tierras raras abarca varias etapas: extracción del material, concentración, separación de los elementos, refinación y fabricación de componentes industriales. Por eso, producir un concentrado mineral no es equivalente a fabricar imanes permanentes ni otros componentes tecnológicos.
Valerio Peña considera que República Dominicana debe identificar en qué eslabón de esa cadena podría obtener ventajas y generar mayores beneficios.
El planteamiento consiste en aprovechar las oportunidades de complementariedad industrial y determinar qué procesos pueden desarrollarse de manera competitiva. Por ahora, el beneficio que obtendría el país con la explotación de tierras raras sigue siendo incierto, aunque el optimismo se mantiene alto.
El Gobierno espera contar con una primera estimación técnica de los recursos a finales de noviembre de 2026, con la conclusión de los estudios, y avanzar hacia una declaración de reservas durante el primer semestre de 2027.
