APUNTE.COM.DO.- La economía dominicana atraviesa un panorama marcado por una mayor presión fiscal y externa, con el petróleo más caro, tasas de interés elevadas, un entorno internacional incierto y una deuda pública que sigue creciendo en términos absolutos. A ello se suma un déficit fiscal persistente que obliga al Gobierno a tomar nuevos préstamos para cubrir parte de sus gastos y hacer frente a compromisos anteriores.
El proyecto de Presupuesto General del Estado para 2027 refleja la dimensión del reto: prevé un déficit de 327,281.5 millones de pesos, equivalente al 3.4 % del producto interno bruto (PIB), aun cuando las autoridades calculan un crecimiento económico de 4.75 % para el próximo año.
Ese desequilibrio surge de la diferencia entre ingresos estimados en 1.51 billones de pesos y gastos por 1.84 billones. Los gastos aumentarían 10.5 %, mientras los ingresos lo harían en 9.2 %, de acuerdo con las proyecciones del presupuesto.
La continuidad de déficits fiscales por encima del 3 % del PIB durante varios años deja abierta la pregunta sobre si el Estado podrá estabilizar su endeudamiento sin afectar el gasto público productivo.
Al cierre de agosto de 2026, la deuda del sector público no financiero sumaba 67,649.7 millones de dólares, un 46.6 % del PIB estimado, según la Dirección General de Crédito Público.
Esa cifra representa unos 6,100 millones de dólares más que los 61,549.9 millones registrados al terminar 2025, lo que equivale a un crecimiento nominal cercano al 9.9 % en solo ocho meses.
Del total acumulado, 48,105.4 millones de dólares corresponden a obligaciones externas, el 71.1 % del total, mientras que la deuda interna llega a 19,544.3 millones de dólares, equivalentes a 1.15 billones de pesos.
La deuda pública consolidada, que incluye las obligaciones del Banco Central, se sitúa cerca del 60 % del PIB.
Aunque la relación entre deuda y producto es un indicador relevante de sostenibilidad, su reducción no supone necesariamente una baja de las obligaciones nominales ni de los intereses que paga el Estado.
La capacidad de sostener ese endeudamiento depende del crecimiento económico, de los ingresos fiscales, del costo del financiamiento y del resultado primario de las cuentas públicas.
El proyecto presupuestario de 2027 asigna 351,327 millones de pesos a los intereses de la deuda del Gobierno central, lo que equivale al 23.3 % de los ingresos previstos.
Si se suman 44,556 millones de pesos en transferencias al Banco Central vinculadas a su recapitalización, las obligaciones financieras consideradas rondan los 395,883 millones de pesos, una cifra superior a los 365,570 millones destinados a la educación preuniversitaria.
La presión también se siente en el mercado interno.
En septiembre, el Ministerio de Hacienda colocó 20,000 millones de pesos en bonos domésticos con vencimiento en mayo de 2041 y una tasa de corte de 9.90 %. Ese rendimiento muestra el costo de financiarse a largo plazo en moneda nacional. Compararlo con emisiones previas exige tomar en cuenta plazos y condiciones distintos, pero evidencia el peso de las tasas domésticas en el servicio de la deuda.
En el mercado internacional, el Gobierno colocó en septiembre 1,600 millones de dólares en bonos soberanos al 6.85 %, con vencimiento en 2039. La operación permitió recomprar cerca de 1,385 millones de dólares en títulos que vencían en enero de 2027 y pagaban intereses del 5.95 %. El refinanciamiento redujo el riesgo de un vencimiento inmediato, aunque cambió obligaciones por otras con una tasa nominal 0.90 puntos porcentuales mayor.
No obstante, la percepción relativa del riesgo dominicano ha mejorado. La prima que exigen los inversionistas sobre los bonos de referencia de Estados Unidos bajó de 3.49 puntos porcentuales en 2017 a 1.81 en la colocación de septiembre. Esto indica que el país mantiene la confianza de los mercados pese al encarecimiento general del financiamiento internacional.
Otro factor de riesgo es el alza del petróleo, impulsada por las tensiones en Oriente Medio y las amenazas al suministro internacional. El Brent llegó a rozar los 110 dólares por barril el viernes 16 de octubre, mientras el West Texas Intermediate superó los 100 dólares durante la jornada.
Para una economía importadora de hidrocarburos, el crudo más caro eleva los costos del transporte, la generación eléctrica y la producción, además de generar presiones inflacionarias.
El impacto llega también a las finanzas públicas. Los subsidios gubernamentales a los combustibles han superado los 38,000 millones de pesos durante 2026, y nuevas alzas sostenidas podrían aumentar esa factura.
Mantener subsidios generalizados, sin distinguir suficientemente entre consumidores según su capacidad económica, añade presión a un presupuesto que ya carga con elevados compromisos financieros.
La evolución del PIB es un factor decisivo para determinar la capacidad del país de atender sus obligaciones. Tras crecer 5 % en 2024, la economía dominicana se desaceleró hasta 2.1 % en 2025.
Durante los primeros ocho meses de 2026, la actividad económica acumuló una expansión interanual de 4.5 %, según el Banco Central, mientras que el crecimiento correspondiente solo a agosto fue de 3.8 %. Para 2027, las autoridades proyectan una expansión real de 4.75 %.