APUNTE.COM.DO.- El gobierno de Canadá descartó de manera indefinida extender su legislación de muerte asistida a las personas cuya única condición médica sea una enfermedad mental, según informó el miércoles el ministro de Justicia, Sean Fraser. La determinación detiene una ampliación que estaba programada para marzo de 2027 y cierra, por el momento, uno de los debates sanitarios más divisivos del país.
La administración liberal llevará al Parlamento este otoño boreal un proyecto de ley destinado a excluir formalmente la enfermedad mental como único motivo habilitante para acceder a la eutanasia. Fraser señaló que la iniciativa pretende zanjar una discusión que se prolongó por varios años sin lograr un consenso pleno en el ámbito médico ni social.
Canadá legalizó la asistencia médica para morir en 2016 para pacientes en fase terminal y en 2021 amplió ese derecho a quienes padecen enfermedades graves e incurables, aun cuando la muerte no fuera "razonablemente previsible". La intención original era permitir el acceso independientemente de la condición subyacente a partir de 2024, pero esa fecha se aplazó tres años mientras el gobierno evaluaba si el sistema de salud mental, ya sobrecargado, podía sostener la medida.
Sin una intervención legislativa, las personas que sufrieran exclusivamente una enfermedad mental habrían podido optar por la eutanasia en marzo, cuando expiraba la exclusión vigente. Fraser confirmó que el Ejecutivo decidió detener ese camino: "Canadá ha tomado la decisión de no avanzar con la expansión", declaró.
El ministro subrayó que la falta de acuerdo no invalida la postura asumida. "Si bien no existe un consenso perfecto sobre este tema, creemos que este es el enfoque correcto en este momento particular", afirmó Fraser.
La posición del gobierno llega después de que una comisión parlamentaria recomendara en junio excluir de forma indefinida a las personas cuya única condición subyacente fuera un trastorno mental. El panel alertó sobre la oferta insuficiente de apoyo en salud mental en distintas comunidades del país y sobre el riesgo de que pacientes que sufren opten por la muerte ante la imposibilidad de recibir tratamiento. El comité también indicó que entre los especialistas persiste el debate sobre si una enfermedad mental puede considerarse en algún momento irremediable.
La mayoría de los canadienses respalda el derecho a la eutanasia, si bien en los últimos meses profesionales de la salud pidieron revisar la política, incluidos los mecanismos mediante los cuales los pacientes obtienen la aprobación para poner fin a su vida.
El proyecto de ley que el gobierno presentará en los próximos meses incluirá además disposiciones sobre solicitudes anticipadas de eutanasia, concebidas para personas que, tras un diagnóstico de enfermedad grave, pierdan en el futuro la capacidad de tomar esa decisión por sí mismas, como sucede en casos de demencia o de Alzheimer. Fraser precisó que serán las provincias las que determinen si ofrecen o no este tipo de solicitudes anticipadas, ya que son ellas las que administran la prestación de los servicios de salud. Esa definición podría dar lugar a reglas distintas según el territorio.
Quebec ya permite las solicitudes anticipadas para personas con diagnóstico de enfermedades graves e incurables que conducen a la pérdida de capacidad, como el Alzheimer. Alberta, en cambio, aprobó en marzo una legislación que prohíbe ese mecanismo.
El gobierno también modificará el Código Penal canadiense para garantizar que los médicos que cumplan con los criterios establecidos para la eutanasia no sean procesados como delincuentes. Fraser indicó que el país solo permitirá la eutanasia en aquellas provincias que legislen el acceso para personas "que padezcan enfermedades incurables y sufran un dolor insoportable" y que cuenten con garantías rigurosas en su implementación.
Canadá tiene una de las legislaciones de eutanasia más permisivas del mundo. A diferencia de la mayoría de los países, habilita a personas con condiciones médicas graves pero no terminales a solicitar una muerte asistida, un rasgo que distingue su marco normativo del de otras naciones que restringen el acceso a enfermos en fase final.
La organización Dying with Dignity calificó la exclusión de las personas que solicitan la eutanasia por motivos de enfermedad mental como una violación de la Carta de Derechos y Libertades del país. La entidad participa activamente en múltiples demandas judiciales contra el gobierno por esa restricción.
Los cambios anunciados se producen en medio de un debate que sigue sin resolverse sobre las protecciones necesarias para las personas en situación de vulnerabilidad frente al acceso a la muerte asistida.
