APUNTE.COM.DO.- El Departamento de Estado de Estados Unidos endureció este martes sus advertencias a los inversionistas extranjeros sobre los riesgos de hacer negocios en Nicaragua, en el informe 2026 Investment Climate Statements: Nicaragua. El documento, elaborado por la Oficina de Asuntos Económicos, Energéticos y Empresariales, recomienda actuar con "extrema cautela" y señala que no debe esperarse un Estado de derecho ni un ambiente empresarial predecible en el país.
El informe describe un escenario en el que las principales decisiones económicas dependen del poder político, aumentan las confiscaciones y las presiones fiscales, y las empresas chinas reciben un tratamiento preferencial y ventajoso frente a otros competidores.
La advertencia se produce a pesar de que el propio documento reconoce indicadores macroeconómicos relativamente positivos. Estados Unidos sigue siendo el principal socio comercial de Nicaragua: en 2025 suministró cerca del 20 por ciento de las importaciones y recibió el 38 por ciento de las exportaciones nicaragüenses. Además, más del 80 por ciento de las remesas que llegan al país provienen de Estados Unidos, y esos recursos se han convertido desde 2022 en uno de los principales motores de la economía.
Sin embargo, Washington coloca el riesgo político e institucional en el centro de sus advertencias. Según el Departamento de Estado, las relaciones personales con funcionarios del régimen se han vuelto determinantes para hacer negocios, prácticamente todas las decisiones importantes requieren aprobación de la Presidencia, y los inversionistas enfrentan un incremento de auditorías fiscales, multas arbitrarias y obligaciones tributarias infladas.
Para el economista y opositor nicaragüense Juan Sebastián Chamorro, el lenguaje utilizado por Washington representa un endurecimiento respecto del informe anterior. A su juicio, Estados Unidos pasó de describir un ambiente inestable, marcado por regulaciones excesivas, confiscaciones, represión política y falta de Estado de derecho, a advertir más directamente sobre el control político de la economía.
"El reporte del 2026 cambia de un lenguaje formal del año pasado a aseveraciones directas de cómo el régimen ha movido negativamente el riesgo país", señaló Chamorro al analizar el documento. Según su lectura, el informe "llama a los inversionistas extranjeros a ser extremadamente cautelosos" y profundiza en las transformaciones ocurridas durante el último año.
Uno de esos cambios es la nueva Ley de Inversión Extranjera, aprobada en febrero de 2025, que creó la Comisión Nacional de Inversión Extranjera (CNIE), encargada de supervisar y regular el capital extranjero. Los inversionistas quedaron obligados a registrarse y entregar informes trimestrales e información estadística a las autoridades.
El Departamento de Estado considera que el nuevo esquema amplía el control y la vigilancia estatal sobre las inversiones. Chamorro coincide en que esa modificación es relevante y señala que el registro obligatorio constituye un mecanismo adicional de control político sobre quienes pretenden invertir en Nicaragua.
El informe también describe instituciones regulatorias sin suficiente independencia y reglas que no se aplican de manera transparente. Según Estados Unidos, el régimen de Daniel Ortega y Rosario Murillo controla directamente sectores económicos para favorecer a sus aliados, y las autoridades reguladoras pueden actuar arbitrariamente. A ese panorama se suma el debilitamiento de las organizaciones empresariales independientes: en 2023 fueron canceladas y confiscadas 19 cámaras empresariales y en agosto de 2024 otras 151, entre ellas la Cámara de Comercio Americana de Nicaragua, AmCham.
El Departamento de Estado describe el sistema nicaragüense como "altamente centralizado y autoritario" y recuerda que la reforma constitucional ratificada el 30 de enero de 2025 estableció la copresidencia de Rosario Murillo y subordinó aún más las instituciones al Ejecutivo.
El informe señala que Nicaragua arrastra un historial de expropiaciones sin debido proceso y acusa al régimen de utilizar a la Procuraduría General de Justicia para dar una apariencia de legalidad a las confiscaciones. Destaca, además, una ley aprobada el 5 de agosto de 2025 que permitió al Estado asumir el control de los territorios situados hasta 15 kilómetros de las fronteras terrestres del país.
Entre 2020 y abril de 2026, el régimen transfirió mediante decretos presidenciales al Instituto Nicaragüense de Seguridad Social (INSS) 110 propiedades confiscadas a opositores. Otros bienes pertenecientes a dirigentes opositores han sido transferidos a alcaldías y diferentes instituciones estatales.
Chamorro considera que el tratamiento de las confiscaciones es uno de los apartados en los que más se endureció el informe de 2026. En su análisis destaca tanto la transferencia de esas propiedades como las nuevas disposiciones fronterizas y las reformas institucionales que, según Washington, debilitan las posibilidades de los inversionistas de defender sus derechos ante los tribunales.
"El reporte muestra a Nicaragua como un ambiente de inversiones extremadamente riesgoso por el incremento del control político, el control económico mediante la utilización del Poder Judicial" y las violaciones de los derechos de propiedad, sostuvo Chamorro.
