APUNTE.COM.DO.- Miles de estudiantes de bachillerato, respaldados por sindicatos y universitarios, se manifestaron este martes en Francia para exigir mejores condiciones educativas, en un contexto de fuertes medidas de seguridad y ante la incapacidad de las autoridades para frenar unas protestas que han estado marcadas por enfrentamientos con la policía.

Desde finales de septiembre, los alumnos han bloqueado las entradas de cientos de liceos, donde estudian jóvenes de entre 15 y 18 años en el último ciclo de la educación secundaria, para denunciar la falta de reemplazo de profesores ausentes, horarios sobrecargados, así como aulas deterioradas y no adaptadas al cambio climático.

Aunque muchas protestas fueron pacíficas, algunos manifestantes incendiaron contenedores de basura, destrozaron marquesinas de autobús y se enfrentaron a la policía antidisturbios, que respondió con porras, gases lacrimógenos y proyectiles de defensa.

Desde primera hora de la mañana, grupos de estudiantes se reunían tranquilamente frente a liceos. En París, un centenar de alumnos bloqueaban el instituto Sophie Germain, algunos de pie sobre contenedores de basura, otros con pancartas con lemas como «Demasiado jóvenes para ser escuchados, lo bastante mayores para que nos tiren gases».

En el Saint-Exupéry de Créteil, al sureste de París y donde empezaron las protestas, los estudiantes apilaban vallas desde primera hora de la mañana frente a la entrada principal. «Estamos aquí para hacer oír nuestra voz, demasiado a menudo olvidada», declaró uno de ellos, Abderrahmane Abdelkader.

El gobierno afirma que 215 estudiantes, 85 miembros del personal docente y 715 policías resultaron heridos desde el inicio del movimiento. Un joven de 15 años perdió una mano el lunes después que, según una fuente sindical policial, recogiera una granada de dispersión lanzada por agentes antidisturbios en Lens, en el norte de Francia.

Las protestas llegan meses antes de la elección presidencial de 2027 para elegir al sucesor del centroderechista Emmanuel Macron y cuando el gobierno busca aprobar unos presupuestos con un fuerte ajuste fiscal para reducir los elevados déficit y deuda públicos, en un contexto de preocupación en los mercados.

El gobierno intenta responder a las reivindicaciones de los estudiantes, al tiempo que acusa al partido de izquierda radical La Francia Insumisa (LFI) de estar detrás de las protestas. Su líder y candidato presidencial, Jean-Luc Mélenchon, expresó su apoyo a los manifestantes, aunque llamó a usar métodos no violentos.

Las autoridades prevén manifestaciones en todo el país y entre 20.000 y 40.000 manifestantes sólo en París.

La oficina del primer ministro, el centroderechista Sébastien Lercornu, pidió que las concentraciones fueran «pacíficas» y volver a «una forma de oposición estructurada, legal y democrática».

– «Represión policial desproporcionada» –

El gobierno se encuentra bajo presión por su respuesta represiva.

Varios sindicatos y organizaciones de derechos humanos acusaron a la policía de emplear una fuerza desproporcionada contra los manifestantes, entre ellos Amnistía Internacional que llamó el lunes a «poner fin a la represión policial desproporcionada».

«Las imágenes y testimonios ampliamente difundidos en la última semana plantean preocupaciones alarmantes sobre el uso peligroso de gases lacrimógenos, porras y técnicas de intervención policial», declaró Anne Savinel-Barras, de Amnistía.

La líder del sindicato CGT, Sophie Binet, dijo que sus miembros estarían presentes para «proteger a los estudiantes de liceo».

La policía abrió 10 investigaciones internas por acusaciones de brutalidad desde el inicio de las protestas, informó el ministro del Interior, Laurent Nuñez, el lunes por la noche.

Desde el comienzo del movimiento, 24 centros escolares fueron incendiados o saqueados, y más de 5.000 personas, el 87% de ellas menores, fueron detenidas, según las autoridades.

El primer ministro busca abordar el problema de la falta de profesores y la renovación de los edificios deteriorados, al mismo tiempo que impulsa una ley para que los responsables de los daños a la propiedad pública paguen ellos mismos las reparaciones.