APUNTE.COM.DO.- El comunicador entiende que los procesos de contrataciones vinculadas al sector hídrico están siendo excluyentes.-
APUNTE.COM.DO-SANTO DOMINGO,R.D. — El periodista y abogado Pedro Jiménez llamó la atención sobre las condiciones bajo las cuales se desarrollan los procesos de contratación vinculados a los proyectos de seguridad hídrica de Hatillo–Santo Domingo, bajo responsabilidad de la Corporación del Acueducto y Alcantarillado de Santo Domingo (CAASD), y el sistema integral de agua potable y saneamiento de Verón–Punta Cana, impulsado por el Instituto Nacional de Aguas Potables y Alcantarillados (INAPA).
Jiménez advirtió que una estructura de contratación que limite la participación directa de empresas dominicanas podría tener consecuencias económicas para el país, especialmente cuando se trata de infraestructura hídrica esencial y proyectos con períodos prolongados de operación.
“No se trata de cerrar las puertas a la inversión extranjera. Se trata de evitar que las reglas terminen cerrándole las puertas al empresario dominicano”, afirmó.
El proyecto Hatillo–Santo Domingo forma parte del Programa de Seguridad Hídrica de la Presa de Hatillo y Abastecimiento Sánchez Ramírez–Santo Domingo, desarrollado por la CAASD con acompañamiento del Banco Interamericano de Desarrollo (BID). La propia CAASD ha estimado la inversión del proyecto entre US$600 y US$700 millones.
Por su parte, el programa integral de agua potable, saneamiento y reúso de Punta Cana–Bávaro, identificado por el BID como DR-L1172, tiene un costo total de financiamiento de US$400 millones. Para Jiménez, precisamente por la magnitud y el horizonte de estos proyectos, el debate no puede reducirse a quién construirá las obras.
“Estamos hablando de infraestructura hídrica estratégica, por eso hay que preguntar quién tendrá la responsabilidad de operarla, bajo qué condiciones, durante cuánto tiempo y qué participación real tendrá el capital y la experiencia dominicana”, señaló.
El comunicador planteó que las condiciones de experiencia exigidas para la operación y mantenimiento deben ser examinadas desde la perspectiva de la competencia efectiva, de manera que una empresa dominicana con capacidad comprobada para construir grandes obras de infraestructura, pueda participar directamente y, cuando sea necesario, incorporar mediante contratos especializados la experiencia internacional que requiera.
“Si una empresa dominicana tiene capacidad financiera, técnica y experiencia para ejecutar grandes obras, no parece razonable que la única manera de acceder a estos proyectos sea necesariamente compartir la titularidad del contrato con un operador extranjero. El Estado puede exigir garantías de desempeño, certificaciones y experiencia, sin convertir esos requisitos en una barrera para la participación nacional”, expresó.
Jiménez advirtió además que las consecuencias de una estructura poco favorable a la participación local no serían únicamente empresariales.
“Lo que está en juego no son solamente contratos de construcción. Estamos hablando de décadas de operación de sistemas que serán fundamentales para el Gran Santo Domingo y para uno de los principales polos turísticos del país”, sostuvo.
A su juicio, la CAASD y el INAPA, como instituciones directamente vinculadas a estos proyectos, deben procurar que las grandes inversiones generen también transferencia tecnológica, formación de profesionales dominicanos, fortalecimiento de empresas nacionales y desarrollo de capacidades locales. En el caso de Hatillo, la documentación oficial también identifica la participación técnica de instituciones como el INDRHI, EGEHID y el Ministerio de Medio Ambiente, además del BID.
“Una inversión de esta magnitud debe dejar infraestructura, pero también debe dejar conocimiento, empresas fortalecidas y capacidades dominicanas. No podemos conformarnos con que el país sea solamente el lugar donde se construyen las obras”, afirmó.
Jiménez pidió a la CAASD y al INAPA, como instituciones responsables de los respectivos proyectos, explicar públicamente cuáles mecanismos contemplan los procesos, para garantizar una competencia amplia, la participación efectiva de empresas nacionales y evitar una concentración excesiva de la operación de infraestructura hídrica estratégica.
Asimismo, consideró importante que el BID, como organismo financiador y acompañante de estos programas, mantenga los más altos estándares de transparencia, competencia y participación democrativa e igualitaria en los procesos de contratación, dentro del marco de sus políticas y procedimientos.
“Mi llamado es a revisar y transparentar las condiciones antes de que los contratos sean adjudicados. Todavía estamos a tiempo de garantizar reglas que permitan la participación internacional, pero que al mismo tiempo protejan y fortalezcan al empresariado dominicano”, concluyó.
Pedro Jiménez aseguró que no cuestiona la participación de empresas extranjeras por su origen, sino que reclama que los procesos garanticen igualdad de oportunidades, competencia efectiva, transparencia y una participación sustantiva de empresas dominicanas en proyectos estratégicos para el desarrollo nacional.
