APUNTE.COM.DO.- Una auditoría de la Contraloría General de la República (CGR) identificó diversas irregularidades contables, patrimoniales, administrativas y de control interno en la Operadora Metropolitana de Servicios de Autobuses (OMSA) durante el período del 16 de agosto de 2020 al 30 de junio de 2024.
Entre los principales hallazgos del informe figura una diferencia de 204.9 millones entre los registros físicos y contables de inventarios, 47.5 millones entregados en viáticos sin la documentación justificativa correspondiente, una distorsión calculada en 126.7 millones en indemnizaciones laborales, 55.2 millones en ingresos no registrados y 96 millones en cuentas por pagar vencidas.
El documento señala que "la entidad presenta inconsistencias en los reportes de movimiento de inventarios, versus los registros mayores durante el período por un monto de RD$204,903,455".
La fiscalización, que abarca la gestión de Radhamés González, quien ocupó el cargo desde el 16 de agosto de 2020 hasta el 17 de agosto de 2025, también detectó deficiencias en la administración de activos, contrataciones públicas, manejo de combustible, nómina, tesorería y transparencia institucional.
El informe indicó además que la OMSA no disponía de estados financieros auditados de los años 2020-2023 y que parte de la información publicada en su portal institucional de transparencia estaba desactualizada.
La auditoría fue divulgada el viernes 2 de octubre, después de que el presidente Luis Abinader ordenara hacer públicos los informes de auditoría de varias instituciones del Estado. El mandatario instruyó al organismo a publicar los documentos luego de que Diario Libre revelara que cientos de informes de auditoría permanecían fuera del acceso público.
También se detectaron inconsistencias entre el Plan Operativo Anual, el Plan de Recursos Humanos y el PACC, lo que, según la fiscalización, dificultaba establecer una relación clara entre las metas institucionales y los recursos asignados para alcanzarlas.
Otro de los puntos observados por la auditoría fueron los inventarios. La comparación entre los registros físicos y contables arrojó una diferencia no conciliada de 204,903,455.
La fiscalización destacó que en el depósito de Las Caobas de la OMSA se identificaron descuadres adicionales por 107.9 millones en el balance de combustible y 2.7 millones en repuestos.
Asimismo, la auditoría encontró 30.7 millones registrados como inventario en tránsito, correspondientes a órdenes de compra cuyos bienes, según el informe, no habían sido recibidos en los almacenes.
El manejo del combustible presentaba otras debilidades. De acuerdo con la fiscalización, la OMSA utilizaba requisiciones manuales para registrar los despachos, sin un sistema informático que garantizara una trazabilidad adecuada.
Los auditores también establecieron que la persona encargada de medir los niveles de combustible en los tanques era a la vez responsable de despacharlo, lo que afectaba la segregación de funciones.
La situación patrimonial de la institución también mostró deficiencias, según el informe. De nueve terrenos ocupados por la OMSA, solo uno aparecía registrado ante la Dirección General de Impuestos Internos (DGII).
La auditoría reveló que los demás terrenos estaban bajo cesión de derechos o en procesos de levantamiento topográfico, sin que se hubiera completado su regularización.
Igualmente, el organismo de transporte mantenía contabilizados como construcciones en proceso proyectos por 45,763,469, pese a que esas obras habían sido demolidas y los terrenos transferidos al Ministerio de Vivienda, Hábitat y Edificaciones (Mived).
La auditoría contabilizó además 4,345 bienes muebles sin código o etiqueta física de identificación.
En cuanto a los viáticos, la Contraloría indicó que entre septiembre de 2020 y junio de 2024 la OMSA desembolsó 47,535,475 cuyos beneficiarios no presentaron los informes necesarios para acreditar las actividades realizadas o los resultados de las misiones.
"Se identificaron gastos de viáticos por un monto de RD$47,535,475 correspondientes en gran medida a traslados de funcionarios entre septiembre de 2020 y junio de 2024 para el levantamiento de información sobre áreas físicas, personal y otros aspectos relevantes de las regionales. Sin embargo, no se encontraron informes que evidencien la ejecución y resultados de dichos trabajos", señala el informe.
La institución también identificó 15 empleados que recibían simultáneamente salarios de la oficina de transporte y pensiones del Estado, así como otros 15 servidores que aparecían en las nóminas de otras instituciones públicas.
