APUNTE.COM.DO.- El Ministerio Público desplegó este jueves la Operación Cobra 2.0-A, una ofensiva que incluyó 37 allanamientos simultáneos y la detención de al menos 28 personas, como parte de la investigación de un entramado que habría desviado recursos públicos del Seguro Nacional de Salud (SeNaSa).
La operación se llevó a cabo en el Distrito Nacional, Santo Domingo, Santiago, Cotuí y La Vega, y fue coordinada por la Procuraduría Especializada de Persecución de la Corrupción Administrativa (Pepca), bajo la dirección de la procuradora de corte Mirna Ortiz, en articulación con la Dirección General de Persecución del Ministerio Público, encabezada por el procurador adjunto Wilson Camacho.
El órgano persecutor reafirmó la línea de tolerancia cero instruida por la procuradora general de la República, Yeni Berenice Reynoso, frente al crimen organizado y la malversación de fondos públicos.
El presidente Luis Abinader señaló que su administración no permitirá irregularidades que afecten los recursos destinados a la salud pública y a los afiliados de escasos recursos. Indicó que el caso debe llegar hasta las últimas consecuencias sin importar los vínculos personales o políticos de los implicados, y reiteró su postura de no proteger a nadie.
“Todo el que haya cometido un acto ilegal será sometido a la justicia y que caiga todo el peso de la ley, y que sirva de advertencia de que, no importa quién sea, va a ser sometido a la justicia”, expresó Abinader.
La Oficina Judicial de Servicios de Atención Permanente del Distrito Nacional autorizó los allanamientos y secuestros mediante la orden No. 2026-AJ0080347, tras acoger una solicitud de la Pepca en el marco de una investigación sobre una estructura que habría defraudado al Estado a través de SeNaSa.
Según el expediente, la red estaba integrada por empleados de la institución, médicos, empresarios y particulares que durante varios años habrían ejecutado maniobras fraudulentas con pérdidas millonarias para el sistema de seguridad social.
La investigación establece que entre enero de 2021 y septiembre de 2024 se realizaron más de 4,300 autorizaciones médicas falsas, utilizando datos personales de afiliados que nunca solicitaron ni recibieron los servicios, lo que generó un perjuicio superior a los RD$41 millones.
El principal imputado, Ángel Luis Guzmán Vásquez, exauxiliar del Departamento de Autorizaciones Médicas de SeNaSa, habría utilizado su posición y conocimiento de los protocolos internos para manipular el sistema de autorizaciones, valiéndose de familiares, allegados y médicos que prestaban sus códigos profesionales para legitimar reclamaciones inexistentes.
Las llamadas al call center de SeNaSa, realizadas desde números telefónicos vinculados a Guzmán y sus parientes, eran el punto de partida de un esquema que culminaba con la emisión de autorizaciones, la facturación de procedimientos médicos falsos y el pago de fondos públicos a prestadores de servicios de salud, quienes posteriormente devolvían entre un 40% y un 60% de los montos cobrados al grupo criminal.
El Ministerio Público documentó testimonios de afiliados que negaron haber recibido servicios, desconocieron las firmas en formularios y aseguraron que en las fechas de las supuestas consultas se encontraban en sus trabajos, hogares o incluso fuera del país, lo que confirma la falsificación de documentos y la suplantación de identidad. Peritajes caligráficos del Instituto Nacional de Ciencias Forenses (Inacif) corroboraron que las firmas en múltiples formularios no correspondían a las de los afiliados, evidenciando el modus operandi de la red.
Entre los vinculados figuran Ángel Luis Guzmán Vásquez, señalado como cabecilla de la estructura y exauxiliar del Departamento de Autorizaciones Médicas de la institución; su hermano Angeury Guzmán Vásquez; su esposa Adonay María Carrasco Heredia; así como Milagros Vásquez Gálvez y Ángel Guzmán Patricio, todos vinculados en las maniobras fraudulentas. También aparecen en la orden Ana Bélgica Arias Caro y Evelin María Vásquez de González, titulares de números telefónicos con los que se realizaron falsas autorizaciones médicas.
La investigación del Ministerio Público señala además la participación activa de médicos como Adriano Hernández López, Griselda Altagracia Basora Ramírez, Edwin Alberto Batista Cruz, Laura Altagracia Santana Evangelista, Rafael Mauricio Cabral González, Einstein Rafael Borrome Valdez, Wellington Aristides Ledesma Cáceres, Yocaira Antonia Méndez Beltré de Medina, Steven Alexander Rabssa Fernández y Eulalia Fiordaliza Castro López, quienes aparecen vinculados mediante transacciones financieras y reclamaciones médicas falsas.
La investigación también determinó que el grupo seleccionaba estratégicamente perfiles de afiliados con baja interacción institucional para reducir el riesgo de detección, y que operaba bajo una división clara de roles, con empleados internos que accedían a bases de datos, médicos que falsificaban diagnósticos y reclamaciones.
