APUNTE.COM.DO.- El Ministerio Público anunció este jueves el inicio de la Operación Cobra 2.0-A, una investigación sobre una presunta red de corrupción que involucra a ex empleados del Seguro Nacional de Salud (SeNaSa), médicos y otras personas, acusados de desfalcar al Estado mediante maniobras que habrían ocasionado pérdidas de miles de millones de pesos a la ARS pública.
El procurador adjunto Wilson Camacho, director general de Persecución del Ministerio Público, informó que los fiscales han ejecutado 37 allanamientos en el Distrito Nacional, la provincia Santo Domingo, Santiago, Cotuí y La Vega. Camacho reiteró el compromiso de la procuradora general de la República, Yeni Berenice Reynoso, de combatir la corrupción y la criminalidad organizada.
Camacho señaló que al menos 28 personas han sido detenidas en el marco de este caso, que comenzó con la primera fase de la Operación Cobra, destinada a desarticular una estructura de corrupción administrativa que se valió del SeNaSa para sustraer fondos públicos en perjuicio de los afiliados.
En el operativo participan equipos de fiscales de la Procuraduría Especializada de Persecución de la Corrupción Administrativa (Pepca), encabezados por la procuradora de corte Mirna Ortiz, junto con otras unidades del Ministerio Público.
De acuerdo con el Ministerio Público, en la operación intervienen 45 fiscales, 200 agentes de la Policía Nacional y 16 miembros de la Unidad de Investigaciones Criminales. También colaboró la Dirección Nacional de Investigación (DNI), bajo la dirección del Ministerio Público.
Las autoridades aseguraron haber incautado bienes, dinero en efectivo, vehículos y armas de fuego. La operación tiene entre sus objetivos procesar a médicos que, además de infringir el Código Penal y poner en riesgo los servicios de salud para sectores vulnerables, habrían perjudicado a colegas que actúan con ética profesional y conforme a las leyes.
En la primera etapa, el Ministerio Público arrestó a Santiago Marcelo F. Hazim Albainy, exdirector del SeNaSa y señalado como cabecilla de la trama. También fueron detenidos los coimputados Gustavo Enrique Messina Cruz, Francisco Iván Minaya Pérez, Germán Rafael Robles Quiñones, Rafael Luis Martínez Hazim y Ramón Alan Speakler Mateo.
El pasado 5 de agosto, el Séptimo Juzgado de la Instrucción del Distrito Nacional ratificó por segunda vez la prisión preventiva de 18 meses contra Hazim Albainy y los demás procesados. Asimismo, Ada Ledesma Ubiera cumple la misma medida bajo arresto domiciliario, después de que se le variara la coerción por razones de salud el 16 de julio.
El proceso judicial también involucra a los imputados Cinty Acosta Sención, Heidi Mariela Pineda Perdomo y Eduardo Read Estrella, a quienes en diciembre se les impusieron medidas de coerción consistentes en arresto domiciliario, garantías económicas e impedimento de salida del país.
También está siendo procesado Ángel Luis Guzmán Vásquez, a quien el 30 de julio el Primer Juzgado de la Instrucción del Distrito Nacional le ratificó la prisión preventiva de 18 meses que se le había impuesto en mayo.
La red criminal fue desmantelada con la Operación Cobra, tras lo cual el Ministerio Público inició la judicialización para buscar sanciones penales y el decomiso del dinero sustraído al patrimonio público.
Con sus acciones, los procesados afectaron a los afiliados al SeNaSa al defraudar a esa administradora de riesgos de salud (ARS) pública con miles de millones de pesos.
Al grupo se le imputan cargos de coalición de funcionarios, prevaricación, asociación de malhechores, cobro de soborno, estafa contra el Estado dominicano, desfalco, falsificación, uso de documentos falsos y lavado de activos.
Durante la investigación, el Ministerio Público ha recolectado evidencias de sobornos a gran escala, alteraciones de estados financieros y programas especiales sin sustento jurídico, utilizados para desviar fondos mediante maniobras fraudulentas.
El órgano acusador indicó que se trata de un esquema de corrupción sistemático instalado por el director ejecutivo del SeNaSa, en alianza con funcionarios de esa ARS y con la participación, en asociación criminal, de prestadores de servicios de salud, en perjuicio del Estado dominicano.
Como parte de las líneas de investigación, el Ministerio Público también lanzó en junio la Operación Onco14, que resultó en el arresto de tres personas por integrar la estructura que abusó del Patronato Cibaeño Contra el Cáncer para enriquecerse con maniobras fraudulentas que afectaron al Instituto Oncológico Regional del Cibao (IORC), a pacientes con cáncer y al SeNaSa.
Por este caso fueron detenidos Héctor Antonio Lora Cruceta, expresidente del Consejo de la asociación sin fines de lucro (ASFL) Patronato Cibaeño Contra el Cáncer y miembro de la junta directiva del IORC, y su esposa Luisa Yasiris Guzmán, presidenta de la fundación Tócate RD-Casa de Acogida, así como su exesposa Dilcia Isabel Vargas Sánchez, quien se divorció del imputado en 2014, ocupó la Vicepresidencia y fue auditora interna y externa del patronato que administra al Instituto Oncológico Regional del Cibao cuando el imputado era presidente de la citada ASFL.
Posteriormente, se procedió con su sometimiento a la justicia en el distrito judicial de Santiago. El caso fue declarado complejo y fueron enviados a prisión Lora Cruceta y su esposa Guzmán, mientras que su exesposa Vargas Sánchez cumple arresto domiciliario.
