APUNTE.COM.DO.- El pasado 2 de septiembre, la Cámara de Diputados recibió una iniciativa legislativa que busca establecer la enseñanza obligatoria del creole o criollo haitiano en todos los centros educativos de República Dominicana. La medida aplicaría a los niños desde los seis años hasta que finalicen la secundaria, aproximadamente a los 17 o 18 años.
El diputado Julio César Beltré, representante de Azua por el Partido Revolucionario Moderno (PRM) y proponente de la pieza, sostiene que es esencial que las nuevas generaciones puedan comprender y dialogar en ese idioma. En los considerandos, el legislador argumenta que, al compartir la isla con Haití, República Dominicana mantiene vínculos históricos, comerciales, migratorios y culturales de carácter estratégico que requieren el fortalecimiento de las herramientas lingüísticas de la población, facilitando la convivencia, la cooperación y el desarrollo fronterizo.
El congresista considera que esta formación debe ser prioridad para el Estado, ya que según sus palabras, “no solo optimiza el desarrollo cognitivo y el pensamiento crítico, sino que constituye una política pública necesaria para posicionar al país como un hub logístico y de servicios bilingüe o plurilingüe en la región”.
Además del creole, el proyecto incluye la obligatoriedad del inglés y el francés para los estudiantes dominicanos. Beltré explica que “el inglés se ha consolidado como la lengua franca del comercio, la tecnología y el turismo internacional, mientras que el francés desempeña un papel diplomático y cultural determinante”.
La medida impactaría tanto al sistema educativo público como al privado, por lo que los colegios también deberán adaptar sus currículos. El Ministerio de Educación (Minerd) dispondría de 12 meses, contados a partir de la promulgación de la ley, para diseñar el nuevo plan de estudios, definiendo contenidos, carga horaria e indicadores de logro acordes a los estándares internacionales de competencia lingüística. El diputado sugiere otorgar un plazo de cinco años al Minerd para asegurar la implementación completa del nuevo proceso de formación.
Hasta el momento, la iniciativa no ha sido asignada a ninguna comisión legislativa, donde un grupo de diputados deberá analizarla antes de someterla a votación. Si es aprobada en dos discusiones en la Cámara de Diputados, pasará al Senado para repetir el procedimiento. Luego quedará a la espera de que el presidente de la República decida si la promulga.