APUNTE.COM.DO.- Monseñor Nouel y Sánchez Ramírez, junto a La Vega, conforman el llamado “triángulo minero” de República Dominicana. Además de la inversión estatal, estas provincias reciben recursos derivados de la minería. Entre 2015 y 2025, ambas provincias recibieron RD$2,699 millones 999 mil, fondos que en teoría administra el Consejo Provincial para la Administración de los Fondos Mineros de Sánchez Ramírez (Fomisar).
La distribución de estos recursos se rige principalmente por la Ley General sobre Medio Ambiente y Recursos Naturales 64-00, que establece que los municipios donde se extraen recursos no renovables deben recibir el 5% de los beneficios netos de las empresas mineras. Según el marco legal, la empresa calcula ese porcentaje y lo deposita en la cuenta del consejo provincial, que luego lo reparte entre ayuntamientos y juntas distritales conforme a la ley. Los gobiernos locales deben invertir exclusivamente en proyectos de desarrollo y obras públicas en las comunidades impactadas.
No obstante, en la práctica el dinero sigue otro camino. Las empresas mineras pagan impuestos como el ISR y la participación de utilidades a la DGII. Luego, los fondos van a la Tesorería Nacional y a la cuenta única del Estado bajo el Ministerio de Hacienda. El monto que reciben las provincias no se calcula automáticamente sino que depende de la asignación presupuestaria del Congreso. El Gobierno central transfiere los fondos a los consejos provinciales mediante el Ministerio de Energía y Minas, y estos los desembolsan a los ayuntamientos cuando presentan proyectos aprobados.
Luis Humberto Vargas, investigador del Centro de Estudios Económicos y Sociales Padre José Luis Alemán de la PUCMM, afirma a Listín Diario que existe desconocimiento sobre el objetivo del 5%. Recuerda que la demanda fue impulsada por monseñor Juan Antonio Flores Santana tras un acuerdo con el presidente Joaquín Balaguer, y que el dinero no era para municipios o provincias, sino para comunidades campesinas afectadas por la minería. “El objetivo del cinco por ciento no era entregarlo al municipio ni a la provincia, era directamente a las comunidades, específicamente campesinas, y que ellos pudieran decidir en qué lo quisieran gastar”, asegura Vargas. También señala que no se creó una estructura institucional sólida para administrar los recursos y que el fondo se manejó sin infraestructura adecuada. Aun así, el reclamo sigue vigente, y el 5% corresponde a los beneficios del Estado, no de la empresa.
El exdiputado Cristian Paredes explica que la estructura para manejar los ingresos mineros se diseñó antes de que iniciaran las extracciones actuales. La Ley 91-05 que crea Fomisar fue aprobada en 2005, pero concebida entre finales de 2003 y principios de 2004. “Cuando todavía aquí (Sánchez Ramírez) no existía la explotación minera, o sea, todavía los contratos no se habían aprobado; ya nosotros estábamos preparando la plataforma para que, una vez entraran esos recursos, nosotros tuviéramos cómo se iban a manejar”, narra Paredes, quien representó la provincia durante 18 años como diputado y propuso la creación del ente. Fomisar administra los fondos del contrato entre el Estado y la minera Pueblo Viejo Dominicana Corporation (PVDC).
En los últimos 10 años, Fomisar debió recibir de la mina de oro de Barrick Pueblo Viejo unos RD$14,982 millones 349 mil, pero solo ha entregado RD$2,699 millones entre 2015 y 2025, dejando una deuda estimada de más de 12 mil millones a los 15 beneficiarios. Esta cifra equivale a casi el doble del costo del teleférico de Santiago. Rafael Eugenio Robles, docente e investigador, afirma: “Es el Estado Dominicano quien ha secuestrado el dinero”.
