APUNTE.COM.DO.- Soledad Miranda, salvadoreña de 52 años, dice sentirse derrotada ante la inminente pérdida del Estatus de Protección Temporal (TPS, por sus siglas en inglés) que Estados Unidos otorgó a los salvadoreños en 2001 tras el terremoto que devastó su país. Entre lágrimas, empaca sus pertenencias en Washington, donde ha vivido por casi tres décadas.
Llegó a Estados Unidos en 1997, cruzando la frontera a los 19 años. Tras un período como indocumentada, el TPS le permitió trabajar legalmente, transformando su vida. Según datos del Migration Policy Institute, unos 260,000 salvadoreños se acogieron al programa en sus inicios; actualmente, alrededor de 170,000 aún cuentan con esta protección.
El TPS, creado en 1990, se renueva cada 18 meses. El primer gobierno de Donald Trump intentó eliminarlo en 2018, pero una demanda federal lo mantuvo vigente. Al final de la administración de Joe Biden, en enero de 2025, se autorizó la renovación hasta el 9 de septiembre de este año, sin que hasta ahora el segundo gobierno de Trump haya decidido extenderlo nuevamente.
Soledad es cosmetóloga con licencia, ha trabajado en limpieza y ha sido activista en la capital, luchando por permisos para vendedores ambulantes. Actualmente atiende a mujeres víctimas de maltrato en un programa de la alcaldía, además de emplearse en labores de limpieza. Su hija de 16 años vive con ella.
Cuestiona que el gobierno no valore el aporte de los salvadoreños, la comunidad con más beneficiarios del TPS durante dos décadas. "No solo aquí en la ciudad, también allá donde se hacen las siembras de tomate, chile, zanahoria. Ellos comen la ensalada fresca en su mesa. No ven eso. ¿Quién cuida a sus hijos? ¿Quiénes son los que están limpiando? Cuando van a los mejores hoteles, cuando tienen una emergencia, ¿quiénes están en los hospitales? Estuvimos enfrente del covid. Yo no dejé de trabajar", dijo.
La posible eliminación del TPS para los salvadoreños se enmarca en la política migratoria estricta del segundo mandato de Trump. Según la ley, la protección temporal se concede a quienes provienen de países con conflicto armado o crisis política, de salud o ambiental, pero no por razones económicas.
