APUNTE.COM.DO.- Una controversia legal ha surgido en torno al traslado de una recién nacida a Haití, hecho que su familia paterna considera irregular. La menor, identificada como Alisleidi Altagracia Miguel Jovain, permaneció solo nueve días en territorio dominicano antes de ser llevada al vecino país, según consta en una acción de amparo interpuesta por sus parientes.
La niña nació el 24 de agosto de 2026 en el Hospital Docente Dr. Marcelino Vélez Santana. Su madre, de nacionalidad haitiana y solo 16 años, no está identificada en el documento. Por su parte, Miguel Miguel Grullón, ciudadano dominicano y mayor de edad, asegura ser el padre y afirma que intentó reconocer a la menor desde el momento de su nacimiento.
La acción de amparo sostiene que el centro de salud se negó a incluir el nombre de Grullón en la constancia de nacido vivo y, en su lugar, emitió un formulario destinado a hijos de extranjeros. Para la familia, esta decisión impidió que se acreditara de inmediato la filiación paterna y se reclamara la nacionalidad dominicana de la bebé.
El 1 de septiembre, la madre y la niña fueron trasladadas a instalaciones del Consejo Nacional para la Niñez y la Adolescencia (Conani) en Haina. Tanto Grullón como el abuelo paterno, Francisco Miguel José, acudieron al lugar y solicitaron la entrega de la menor, pero su petición fue rechazada, según su versión.
Posteriormente ocurrió un episodio que la familia cuestiona. Conforme al amparo, Conani citó a Josenie Jovain, abuela materna de Alisleidi, supuestamente para entregarle a su hija y a la bebé. Al presentarse, le retuvieron sus documentos y quedó detenida junto con ambas.
Horas más tarde, cerca de las 3:00 de la madrugada del 2 de septiembre, las tres fueron llevadas a Haití, siempre de acuerdo con la versión sometida al tribunal. La familia sostiene que no se siguió un procedimiento individualizado y que la recién nacida quedó separada de su padre y de su familia paterna.
Dos días después, Grullón y su padre presentaron una acción constitucional de amparo contra la Dirección General de Migración, el Servicio Nacional de Salud, el Hospital Marcelino Vélez Santana, Conani y la Junta Central Electoral, incluyendo también al Estado dominicano.
La Constitución dominicana establece que son dominicanos los hijos de padre o madre dominicanos. Sin embargo, en este caso, la paternidad reclamada por Grullón no quedó consignada antes de que la menor fuera sacada del país. La familia considera que esa omisión cambió el curso del caso.
En su recurso, piden al tribunal que ordene la localización y el retorno de Alisleidi junto a su madre, que el hospital expida una nueva constancia de nacido vivo con la paternidad declarada y que la Junta Central Electoral procese el reconocimiento y la inscripción de la niña.
En apenas nueve días, Alisleidi pasó de una sala de maternidad a un centro de protección y luego a Haití.
