APUNTE.COM.DO.- Ambientalistas y miembros de la Comisión de Medio Ambiente y Recursos Naturales de la Academia de Ciencias consultados por Listín Diario consideran que la lucha contra el “terrorismo ambiental” en áreas protegidas debe comenzar por el propio Estado y aplicarse de forma escalonada, en respuesta al decreto 615-26 que establece medidas contra esas prácticas.
Expertos señalan que actividades humanas como la explotación minera, la extracción de arena de ríos, la deforestación y la facilitación de espacios en áreas protegidas para inversiones privadas con respaldo de las autoridades alteran los ecosistemas.
Enrique de León, miembro del Comité Nacional de Lucha contra el Cambio Climático, afirmó: “Estamos llamando al propio presidente de la República a ser consecuente. Porque no es aplicar este decreto de declarar como ecoterroristas a campesinos pobres, que de manera furtiva entran al Parque Nacional y tumban palos o siembran una tarea de habichuela, ya sea dominicano o haitiano. Eso no es; el gran peligro que corren los parques y las áreas protegidas proviene del gran capital, que incluso tiene el respaldo del Gobierno y del Ministerio de Medio Ambiente”.
De León mencionó como zonas afectadas el Refugio de Vida Silvestre Manglares Puerto Viejo, en la bahía de Puerto Viejo, provincia de Azua, y el Parque Nacional Manglares de Estero Balsa, en la bahía de Manzanillo, provincia de Monte Cristi. En el primero, denunció la operación de barcazas generadoras de electricidad que han provocado la mortandad de peces y otras especies marinas, además de enfermedades en la población. En el segundo, aseguró que con autorización de Medio Ambiente y por disposición del Gobierno se destruyeron más de medio millón de metros cuadrados de bosque seco en el área de amortiguamiento para edificar dos superplantas de gas natural de 860 megavatios, situadas a menos de 59 metros del corazón del parque.
“El activista calificó esas acciones de “barbaridad” y advirtió que provocarán la exterminación de la mayor concentración de manglares de las Antillas y de otras especies del país.
Adolfo José López Belando, miembro del Consejo Directivo de la Academia de Ciencias y de la Comisión de Ciencias Naturales y Medio Ambiente, aunque aprueba el decreto 615-26, propone medidas adicionales, como dotar al Ministerio de Medio Ambiente de recursos económicos y medios para un control efectivo, y apoyar firmemente al Viceministerio de Áreas Protegidas frente a las presiones de políticos, militares y empresarios que buscan violar la integridad de las áreas protegidas para sus inversiones.
López Belando puntualizó: “La regla número uno para proteger cualquier categoría de área protegida es que nunca se permita la edificación de apartamentos, hoteles, glamping o cualquier infraestructura turística de pernoctación dentro del área protegida. Mucho menos centros de diversión turística o cualquier infraestructura que modifique el paisaje natural”.
