APUNTE.COM.DO.- Santo Domingo.- El Séptimo Juzgado de la Instrucción del Distrito Nacional concedió este viernes al Ministerio Público un plazo adicional de cuatro meses para concluir las pesquisas y presentar la acusación en el caso del presunto desfalco de miles de millones de pesos en el Seguro Nacional de Salud (SeNaSa), en el que figuran como imputados Santiago Hazim y otras personas.
El juez Deiby Timoteo Peguero fijó la nueva fecha límite para el 11 de diciembre y programó para el próximo 25 de septiembre la lectura íntegra de su decisión.
La medida fue adoptada en un caso que ha generado amplia preocupación en la población dominicana por la magnitud de los fondos públicos que, según el órgano acusador, fueron manejados irregularmente dentro de la principal ARS estatal.
Ministerio Público asegura que la investigación sigue abierta
La procuradora de corte Mirna Ortiz, titular de la Procuraduría Especializada de Persecución de la Corrupción Administrativa (Pepca), afirmó que las indagatorias continúan activas y que podrían ampliarse a otras personas.
“Como todos ustedes saben, nuestras investigaciones son vivas, nuestras investigaciones son activas, y no se circunscriben a los imputados que se presentaron en la medida de coerción”, declaró Ortiz.
Añadió que será al momento de presentar la acusación cuando se conocerá el verdadero alcance del caso.
El Ministerio Público expuso ante el tribunal que existen varias líneas de investigación y que todavía deben examinarse cientos de miles de transacciones.
Entre las diligencias pendientes se encuentra el análisis de unas 15 mil cajas de documentos incautadas tras un allanamiento, luego de que una empresa privada presuntamente obstaculizara la continuidad de las pesquisas.
Imputados continuarán en prisión
El tribunal desestimó las solicitudes de algunas defensas y ratificó la prisión preventiva para los imputados que ya cumplían esa medida.
Entre ellos figura Santiago Hazim Albainy, exdirector ejecutivo de SeNaSa, señalado por el Ministerio Público como el cabecilla del supuesto entramado corrupto.
También permanecen privados de libertad Gustavo Enrique Messina Cruz, Francisco Iván Minaya Pérez, Germán Rafael Robles Quiñones, Rafael Luis Martínez Hazim, Ramón Alan Speakler Mateo y Ángel Luis Guzmán Vásquez.
En el caso de Ada Ledesma Ubiera, el tribunal le cambió la prisión preventiva por arresto domiciliario por motivos de salud.
Otros imputados, como Cinty Acosta Sención, Heidi Mariela Pineda Perdomo y Eduardo Read Estrella, ya cumplen medidas distintas, como arresto domiciliario, garantías económicas y prohibición de salir del país.
¿Qué se investiga?
El proceso se originó con la Operación Cobra, mediante la cual el Ministerio Público desarticuló el supuesto esquema de corrupción en SeNaSa.
Según las indagaciones, la trama habría empleado sobornos, alteración de estados financieros y programas especiales carentes de respaldo legal para desviar recursos de la ARS pública.
Los imputados enfrentan acusaciones por coalición de funcionarios, prevaricación, asociación de malhechores, soborno, estafa contra el Estado, desfalco, falsificación y lavado de activos.
Con la nueva decisión judicial, el Ministerio Público dispondrá de tiempo hasta el 11 de diciembre para completar las investigaciones y elevar la acusación correspondiente.