APUNTE.COM.DO.- El Programa de las Naciones Unidas para el Desarrollo (PNUD), en colaboración con el Poder Judicial dominicano, dio a conocer el informe "Justicia y Desarrollo Humano en la República Dominicana", durante un acto celebrado en la Pontificia Universidad Católica Madre y Maestra (PUCMM).

El documento destaca que la justicia dominicana ha logrado innovaciones importantes, como una mayor capacidad de respuesta, reducción de la mora, incorporación de servicios digitales y fortalecimiento de la transparencia y las políticas de inclusión. El siguiente paso, según el informe, es continuar expandiendo el acceso efectivo a la justicia para toda la población.

Ana María Díaz, representante residente del PNUD, señaló: "Los datos muestran una justicia que avanza: hoy el sistema alcanza una capacidad resolutiva promedio de 94,9 %, con diferencias territoriales; se han firmado digitalmente más de tres millones de documentos y aproximadamente el 66 % de los trámites se procesa de manera electrónica. El desafío es seguir consolidando estos avances para que sus resultados se traduzcan, cada vez más, en un acceso efectivo y equitativo a la justicia en todos los territorios y para todas las personas".

La actividad contó con la presencia del juez presidente de la Suprema Corte de Justicia, Henry Molina.

El reporte, elaborado a partir de registros, indicadores, encuestas exploratorias, entrevistas y revisión documental, identifica ocho hallazgos clave sobre el presente y el futuro de la justicia dominicana.

El primer hallazgo indica que una mayor eficiencia es indispensable, pero para lograr un mayor impacto debe ir acompañada de menos obstáculos para acceder a los servicios. El segundo muestra que los ingresos, el lugar de residencia, el nivel educativo, el género y las habilidades digitales aún pueden influir en las posibilidades de iniciar y sostener un proceso.

Un tercer hallazgo advierte que las necesidades de justicia varían entre territorios y que una menor cantidad de expedientes no siempre significa que existan menos conflictos. El cuarto reconoce los beneficios de la digitalización para reducir traslados, ahorrar tiempo y facilitar el seguimiento de los casos, al tiempo que recomienda mantener orientación y alternativas presenciales para quienes las necesiten.

El quinto plantea que la atención a mujeres víctimas de violencia, niños, niñas, adolescentes, personas con discapacidad y otras poblaciones vulnerables debe traducirse en protección y acompañamiento efectivos. El sexto destaca que la confianza también se construye mediante la escucha, las explicaciones claras y el trato respetuoso.

El séptimo hallazgo se refiere a la seguridad jurídica en aspectos cotidianos como empleo, ingresos, vivienda, patrimonio y negocios, señalando que una decisión tardía puede afectar directamente la estabilidad y los proyectos de vida de las personas. El octavo propone preparar al sistema para nuevos desafíos, incluidos los conflictos ambientales y los riesgos relacionados con el cambio climático.

A partir de estos hallazgos, el informe traza una ruta de 11 recomendaciones que dialogan con el Plan Decenal Justicia del Futuro 2034. Entre ellas se encuentran llevar los servicios a los territorios donde más se necesitan, ofrecer información en un lenguaje sencillo, fortalecer la mediación y la conciliación, combinar las herramientas digitales con apoyo presencial y mejorar la coordinación entre las instituciones.

Para alguien que necesita acudir a la justicia, importa recibir una decisión a tiempo, pero también saber dónde buscar ayuda, comprender lo que ocurre, poder dar seguimiento a su caso y ser tratado con dignidad. Por esa razón, el informe propone ampliar el análisis del progreso institucional con la experiencia de quienes utilizan los servicios para orientar la profundización del acceso a la justicia.

El informe forma parte de la colaboración entre el PNUD y el Poder Judicial. En un comunicado, destacan que durante los últimos años la alianza ha acompañado la transformación digital, el fortalecimiento de las capacidades institucionales, las políticas de igualdad e inclusión y la construcción del Plan Justicia del Futuro 2034.

El estudio confirma que la justicia dominicana cuenta hoy con mejores herramientas y una mayor capacidad de respuesta, y plantea elementos claves para la siguiente etapa: conseguir que cada avance institucional pueda sentirse con mayor claridad en la vida de las personas, en la protección de sus derechos y en la confianza de recibir una justicia cercana, oportuna y humana.