APUNTE.COM.DO.- San Cristóbal. Tres años han pasado desde la explosión que estremeció el centro de San Cristóbal el 14 de agosto de 2023, una tragedia que dejó 38 fallecidos, decenas de heridos y 12 desaparecidos que luego fueron declarados muertos por la vía legal.
El siniestro ocurrió en el antiguo Mercadito, en la intersección de las calles Padre Ayala y Francisco J. Peynado. Las investigaciones oficiales ubicaron el origen en Vidal Plast SRL, empresa dedicada al manejo, compra, venta y reciclaje de materiales plásticos.
La detonación generó una onda expansiva que afectó comercios, viviendas y vehículos cercanos. Según el expediente judicial del Ministerio Público, además de los fallecidos, 59 personas resultaron heridas y nueve edificaciones fueron destruidas.
El 15 de agosto de 2023, las autoridades reportaban 11 fallecidos, 59 heridos y 10 desaparecidos. Después, la documentación del Ministerio Público de septiembre de ese año elevó la cifra de muertos a 37.
La cifra definitiva llegó a 38 el 12 de septiembre de 2023, tras el fallecimiento de Carlos Geovanny Veras, quien estaba ingresado en la unidad de quemados Pearl F. Ort del Hospital Ney Arias Lora.
Entre las víctimas identificadas figuran Carlixto Feliz Jiménez, Cheirii Vizcaíno Sierra, Jorgelina Ravelo Encarnación, Esteisi Pinales Ferrer, Khaled Safa Harb, Jessica María Brito, Santo Manuel de Jesús, Delfín García Familia, Ana Iris Cruceta Henríquez, Karina Heredia Pérez, Francis Julián Mateo Encarnación, Reyes Soto Abad, Faustino Nivar Doñé, Griselda María Feliz, Andrés Valsaint, Emil Fanuel Figuereo Báez y José Vicente Dicent Rivera.
También están Milka Maribel Benzant Figuereo, Rogelio Arístides Benzant, Brendy Daril Toledo Benzant, Mariela Rosario Nova, Juan Mateo Casilla, Tico Manuel Cruz, Rafael Solano Mateo, Ana Anllelin Nivar Tineo, Julio Agustín Vittini Cuevas, Ángel Luis Uribe Méndez, Héctor Ramón Cuello Ramírez, Dionicio Guzmán Perdomo, Irma Isabel Dipre Miranda, Paulette Brea Solís, Luz Esther Mateo Germán, Eridania Jorge Alcántara, Alfonso Cuevas Cuevas, Gabino Aquino, Reina Heredia Mercedes, Víctor Manuel Hernández Pérez y Carlos Geovanny Veras.
La tragedia dejó a varias familias sin poder recuperar los cuerpos de sus parientes. Para el primer aniversario, el balance oficial mantenía 12 desaparecidos, quienes luego fueron declarados fallecidos mediante el procedimiento legal correspondiente.
La acusación del Ministerio Público señala a Edward Armando Vidal Garrido, Maribel Sandoval Almánzar de Vidal, Mercedes Altagracia Vidal Sandoval y a Vidal Plast SRL como persona jurídica.
Según la acusación, los imputados habrían incurrido en torpeza, imprudencia, inadvertencia, negligencia e inobservancia de reglamentos sobre el manejo y almacenamiento de materiales, así como de disposiciones sanitarias y medioambientales.
La tesis del órgano acusador sostiene que la explosión no tuvo origen eléctrico. El expediente identificó la presencia del químico Autofina-Luporox A 70S, un peróxido orgánico 5.2 utilizado en las industrias del plástico y el caucho.
El Ministerio Público plantea que la sustancia fue almacenada en un espacio cerrado, sin condiciones adecuadas y junto a residuos plásticos. Esas condiciones habrían provocado una acumulación de gases que alcanzó un punto crítico y desencadenó la explosión.
El 5 de septiembre de 2024, el Ministerio Público presentó formalmente la acusación ante el Segundo Juzgado de la Instrucción del Distrito Judicial de San Cristóbal y solicitó la apertura a juicio contra los tres procesados y la empresa.
Los cargos se basan en el artículo 319 del Código Penal, el artículo 153, numeral 2, de la Ley General de Salud 42-01 y disposiciones de la Ley 64-00 sobre Medio Ambiente y Recursos Naturales.
Más de un año después, el 13 de diciembre de 2025, la jueza Loyda Amador dictó auto de apertura a juicio contra los imputados y la empresa.
La decisión permitió que el proceso pasara a la etapa de juicio, tras ser admitidos los elementos de prueba del expediente.
El 22 de mayo de 2026 comenzó el juicio de fondo ante el Tribunal Colegiado de San Cristóbal. En las primeras audiencias, el Ministerio Público presentó a familiares de las víctimas como testigos.
Uno de los testimonios fue el de Rudelania Araujo, esposa de Juan Mateo Casilla, reportado como desaparecido y luego declarado fallecido.
