Santo Domingo, R.D. – Las proyecciones publicadas este jueves bajo el título
“Tendencia 2026–2028 del régimen contributivo”, confirman lo que diversos actores del
sector salud vienen advirtiendo: el sistema dominicano necesita ajustes estructurales
urgentes para garantizar su sostenibilidad y equidad.


El análisis, firmado por el especialista Pedro Ramírez Slaibe en el portal Acento,
advierte que, si el modelo actual de capitación única se mantiene sin cambios
significativos, el sistema enfrentará una brecha acumulada de financiamiento superior
al 15% en apenas tres años, producto de un crecimiento de costos médicos (estimado
en 10% anual) muy por encima del ajuste por inflación contemplado en el esquema
vigente.


Este tipo de advertencias técnicas refuerzan la validez de la reciente resolución del
Consejo Nacional de Seguridad Social (CNSS), que establece un ajuste al per cápita
del régimen contributivo, basado en criterios demográficos. La medida, aplaudida por
actores como la SISALRIL y respaldada por ADARS, marca el inicio de un proceso
correctivo histórico, que busca reequilibrar el sistema sin afectar a los afiliados.


“No se trata solo de cuánto gastamos, sino de cómo distribuimos ese gasto”, cita el
artículo, al tiempo que cuestiona la rigidez del modelo actual para responder a la
creciente complejidad del sistema. En ese sentido, plantea como urgentes medidas
como la capitación ajustada por riesgo, observatorios de costos, mecanismos de
compensación inter ARS y fortalecimiento institucional.


Las conclusiones del análisis coinciden con la postura técnica que muchas voces del
sector vienen reclamando: la necesidad de abandonar el modelo único de tarifa plana y
avanzar hacia esquemas diferenciados que reflejen la realidad epidemiológica y
demográfica de la población afiliada.


En este mismo sentido, la resolución emitida instruye a la SISALRIL a impulsar
acciones estratégicas para el control de costos relacionados con tecnologías y
medicamentos, alineándose con las recomendaciones del artículo. Entre los
principales retos estructurales identificados se encuentran:


(1) la redefinición del modelo de atención ambulatoria hacia redes de primer nivel más
resolutivas,
(2) la implementación obligatoria de un sistema de evaluación de tecnologías sanitarias
(ETS) para todo nuevo medicamento o procedimiento que se incorpore al Plan Básico,
y

(3) el diseño de una política farmacéutica nacional articulada con PROMESE/CAL, que
limite la dispersión de precios y fomente la prescripción racional.


Según estimaciones técnicas citadas en el artículo, la aplicación efectiva de estas
tres medidas podría reducir entre 1.5 y 2 puntos porcentuales la tendencia
médica anual, lo que representaría un ahorro acumulado del 5 al 6 % del gasto total
proyectado para 2028.


El respaldo a la resolución del CNSS por parte de ADARS se enmarca precisamente en
esta visión de largo plazo, en la que las decisiones técnicas, cuando se toman con
responsabilidad y visión de país, permiten corregir inequidades sin generar impactos
negativos para la población.