En la madrugada del 17 de mayo de 1978, un grupo de militares de alto rango, vinculado al clan del general Nivar Seijas, se presentó a la sede principal de la Junta Central Electoral y de inmediato suspendió el conteo de los votos y desmanteló los equipos de transmisión en presencia de corresponsales de prensa, nacionales y extranjeros, acción que vino a confirmar los malos presagios que circulaban en todo el país antes de las elecciones. Esa acción militar ilegal fue llamada "El Juntazo".

Desde el alba de aquel mismo día, el país empezó a vivir largas horas de tensiones, reportándose de mucho lugares un estado de represión militar, que incluía principalmente la persecución y el arresto de funcionarios y empleados electorales, con fines de alterar los resultados de las urnas a favor del continuismo. Numerosas juntas electorales fueron ocupadas en todo el país por efectivos militares, aunque los jefes de las Fuerzas Armadas desmentían la ocurrencia de un golpe de Estado.

En tal ambiente de incertidumbre, comenzaron los llamamientos al Presidente Balaguer para que se respetara la voluntad popular. La presión internacional en ese sentido la encabezaron los presidentes Jimmy Carter, de Estados Unidos, su Secretario de Estado, Cyrus Vance; Carlos Andrés Pérez, de Venezuela y los gobiernos y líderes de la Internacional Socialista.

En los periódicos de la época se publicaron copiosos comunicados de todos los sectores de la vida dominicana exigiendo también respeto y continuación del conteo de las votaciones. El embajador estadounidense Robert Yost intentó conversar con Balaguer en su despacho, pero él "lo dejó dos horas esperando sentado en un banco rústico de madera".  Yost declaró después a la prensa que el interés del gobierno norteamericano era que las elecciones dominicanas fueran "libres y limpias".

Sólo el PLD y el PCD propusieron un gobierno de "unidad nacional", o una salida negociada a la crisis, en franco desconocimiento a la voluntad popular. Bosch había hecho varios pronósticos fallidos. Cuando abandonó al PRD en 1973 aseguró que ese partido había cumplido su misión histórica. Después juró que no creía en las elecciones. Durante la campaña declaró que era imposible derrotar a Balaguer y que el voto por el PRD era un voto perdido y cuando estalló la crisis propuso un gobierno de coalición, en vez se sumarse a la amplia corriente de opinión que exigía respeto a la decisión del pueblo expresada en las urnas.

Ante el cúmulo de telegramas y mensajes enviados al Palacio Nacional, Balaguer se dirigió a la nación la madrugada del 18 de mayo para denunciar las irregularidades en las elecciones, condenar la injerencia extranjera y expresar "que no aceptaría continuar en el poder sin la expresa voluntad de mis conciudadanos".

Asimismo acusó a sus partidarios de no actuar con eficiencia durante las elecciones para defender el voto reformista "y que ahora lloraban como mujer lo que no supieron defender como hombres". Balaguer le ordenó a las fuerzas policiales y militares su retiro de la JCE y al día siguiente se reanudó el conteo de las votaciones.

Tras el fracaso del el intento golpista, vinieron las impugnaciones a las elecciones en varias provincias y municipios y las recusaciones contra los jueces electorales. En medio de las dudas de los reformistas, que denunciaron una serie de irregularidades, el Presidente de la JCE, Manuel Joaquín Castillo, declaró que las elecciones fueron "limpias y libres", motivando que el Partido Reformista lo recusara por haber expresado juicio de valor, cuando debió mostrar su imparcialidad.

Joaquín Castillo era el Presidente de la JCE desde la muerte de Ángel María Liz, ocurrida el 18 de diciembre de 1973. Se recuerda que en las "elecciones" de 1974 Joaquín Castillo declaró "ganador" al Presidente Balaguer.

Al compás de las impugnaciones y recusaciones, el Presidente de la Refinería Dominicana de Petróleo y asesor legal del reformismo, Vinicio Marino Castillo Rodríguez, alias Vincho, sugirió la celebración de elecciones "extraordinarias y complementarias" para las personas que no pudieron votar, por las irregularidades cometidas en las mesas electorales.

Mientras se discutían las quejas de los reformistas, la JCE seguía su labor de conteo y el 27 de mayo anunció los resultados preliminares de las elecciones, dando al PRD ganador, al superar con más de 170 mil votos al Partido Reformista. Ese mismo día, Balaguer felicitó a los candidatos ganadores y pidió a Dios "que los ilumine en sus empeños a favor del engrandecimiento nacional y de una mayor unificación de la familia dominicana".

El reconocimiento del caudillo reformista de ninguna manera apaciguó los ánimos de sus seguidores. El primero de junio, cientos de enfurecidos balagueristas montaron piquetes en las embajadas de Estados Unidos y Venezuela en protesta porque los presidentes de ambos países intervinieron en los asuntos internos dominicanos.

Días después, el pleno de la JCE admitió la recusación hecha por el reformismo contra Joaquín Castillo, quien fue sustituido interinamente por Hugo Vargas Suberví. Para calmar la agitación reformista, el nuevo Presidente del organismo electoral suspendió y sometió a la justicia a tres importantes funcionarios electorales, de quienes se sospechaba eran los responsables de las exclusiones de miles de electores, en tanto que dos técnicos chilenos, contratados por la JCE para investigar si eran ciertas o no las irregularidades denunciadas por el reformismo, abandonaron rápidamente el país, alegando que no pudieron resistir tantas presiones.

En medio de las acusaciones y contra acusaciones con relación a la limpieza o no de las elecciones, surgió el llamado caso de "El Gacetazo", que consistió en la diferencia advertida por un grupo de juristas en la Gaceta Oficial que publicó la Ley 600, que modificaba varios artículos de la Ley Electoral No. 5884. En una primera edición de la Gaceta No. 9434, del 23 de mayo de 1977, se le daba a la Junta Electoral del Distrito Nacional amplias atribuciones a fin de rodear al sufragio de las mayores garantías. Pero en otra impresión de la misma Gaceta, esas atribuciones fueron adjudicadas a favor de la Junta Central Electoral. Esa falsificación de escritura pública, denunciada por los juristas Rafael F. Bonnelly, Jottin Cury y Ramón Tapia Espinal, fue llamada "El Gacetazo".

El Consultor Jurídico del Poder Ejecutivo, José Rafael Álvarez Sánchez, atribuyó la existencia de ambos textos a "un simple error involuntario", pero, de haber pasado inadvertido tan insólita marrulla, la JCE hubiese tenido amplias facultades para anular los comicios recién pasados, o para convocar a elecciones complementarias, que eran las demandas preferidas de Vincho Castillo, fervoroso defensor de la causa reformista en aquellos días aciagos.

Mientras los abogados reformistas lidiaban en la JCE y en el ámbito de la opinión pública, Balaguer y el Presidente electo Antonio Guzmán Fernández, se reunieron en tres ocasiones durante el mes de junio, quedando claro la estrategia de "doble vía" del viejo zorro de la política dominicana. Por un lado, los abogados reformistas desacreditaban las elecciones, con sus denuncias y recusaciones, mientras un ansioso Balaguer procuraba alguna protección política con el candidato presidencial, ganador de las elecciones.

La JCE seguía siendo escenario de demandas y conflictos y no había proclamado oficialmente a ningún ganador, situación que impacientaba al Presidente electo que veía en tal dilación algo muy dañino para el país. Nada se sabe de lo tratado en las conversaciones entre Guzmán Fernández y Balaguer, aunque Peña Gómez denunció el 30 de junio la existencia de una trama para variar los resultados electorales recién expresados en las urnas.

Por fin, el 7 de julio de 1978 la Junta Central Electoral decidió fallar sobre todos los asuntos que le habían sometidos el PR, PRD, PDP, UCN y el MMP. En la mayoría de los casos fueron rechazados los recursos, pero se admitieron los del PR sobre las decisiones de las juntas provinciales de Bahoruco, La Altagracia, El Seibo y María Trinidad Sánchez, por considerar que en esas cuatro provincias se cometieron graves irregularidades que impidieron votar a miles de personas.

La JCE consideró que la abstención normal en esas cuatro provincias debió ser de un 10 por ciento solamente, pero que la misma alcanzó un 27 por ciento, considerada muy elevada. Dando por cierto que tan alta abstención se debió a las exclusiones de votantes, el organismo comicial le adjudicó el restante 17 por ciento al Partido Reformista, a pesar de que en las elecciones participaron otros doce partidos y agrupaciones políticas.

Esa decisión de la JCE, sin precedentes en la historia electoral dominicana, llamada "fallo histórico",  despojó al PRD de cuatro senadores y un diputado. Todo fue fríamente calculado por los genios del reformismo. En las cuatro provincias mencionadas las diferencias de votos obtenidos entre el PRD y el PR eran pequeñas, menos de mil votos en cada provincia.

En ellas fijaron su mirada los abogados y funcionarios reformistas que habían realizado una amplia campaña de opinión con sus alegatos de irregularidades para acorralar a los jueces del tribunal electoral y empujarlos a emitir un fallo que le dio el control al PR sobre el Senado de la República, encargado de nombrar a los jueces del país, sean judiciales o electorales, de acuerdo a la Constitución vigente.

El PRD intentó iniciar una "Jornada Cívica" de protesta que paralizaría el país, pero se decidió por elevar un recurso ante la Suprema Corte de Justicia tratando de anular el fallo. El alto organismo judicial se declaró incompetente, y para "equilibrar" su decisión, descargó a los tres funcionarios de la JCE que habían sido sometidos a la justicia "por perjurio, exceso de poder y otras infracciones a la ley". Posteriormente, el PRD acudió a la OEA, pero sin resultado alguno.

Varias reuniones efectuadas en la embajada de Estados Unidos en Santo Domingo, entre representantes del PRD, del Presidente Balaguer y los presidentes Jimmy Carter y Carlos Andrés Pérez, concluyeron en que había que acatar la fórmula del reparto del poder estatal  para acabar con la crisis post electoral.

Así, el PR se quedó con el control del Congreso y la Justicia y el PRD con el control del Poder Ejecutivo. Ese equilibrio de poder impediría que el nuevo gobierno investigara los crímenes y los escandalosos actos de corrupción ocurridos durante los doce años de gobierno reformista. Se trató de un pacto "desde arriba", entre las elites políticas, para garantizar una nueva transición hacia la vigencia de un régimen democrático, de origen legítimo.

El resultado definitivo de las elecciones, contenido en el "fallo histórico", confirmó que la mayoría de los dominicanos deseaban un "cambio sin violencia". De un total de 2,283,798 inscritos, votaron 1,655,707, para una participación electoral de un 73 por ciento. De los votos válidos emitidos, el PRD, unido a la Alianza Social Demócrata, sumó 866,912 votos, para un 52.3 por ciento; el PR, aliado a la Unión Cívica Nacional, obtuvo 711,878 sufragios, para un 42.9 por ciento.

La diferencia absoluta sería de 155,034 votos a favor del PRD. La "Oposición Unida", integrada por el Movimiento de Conciliación Nacional, Movimiento de Integración Democrática y Partido Quisqueyano Demócrata, alcanzaron 26,995 votos, para un 1.6 por ciento; el PLD apenas sacó 18,375 votos; el Movimiento de Salvación Nacional, 7,782 votos; el Partido Demócrata Popular, 5,956 votos; el Partido Comunista Dominicano, 9,828 votos y el Partido Revolucionario Social Cristiano, 7,981 sufragios.

En el Distrito Nacional, en Santiago y en Bahoruco participaron cinco movimientos municipales que apenas alcanzaron 9,226 votos. Por diversas razones, más de 628 mil electores no acudieron a las urnas, situando la abstención electoral en un 27 por ciento.

En las cámaras legislativas, el Reformista quedó con 16 senadores y 48 diputados, mientras el PRD ganó 11 senadores y 43 diputados. A nivel municipal, el Reformista ganó 52 sindicaturas y el PRD 32.

Muy pronto, el nuevo gobierno del PRD daría inicio al segundo ciclo democrático en la historia política contemporánea dominicana.