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El Domingo de Resurrección había transcurrido en paz, mientras miles de dominicanos despedían el asueto de Semana Santa en las playas y balnearios. Los asesores del gobierno de Salvador Jorge Blanco pensaron que aquella era la mejor ocasión para seguir aplicando una dura política de ajustes que su equipo económico venía negociando con misioneros del Fondo Monetario Internacional, tratando de estabilizar la economía mediante la devaluación monetaria, el traspaso al mercado libre de divisas de todas las importaciones y la consiguiente alza en los precios de las medicinas, los combustibles y los productos de consumo masivo entre la población. Todos los platos rotos por los actos depredadores de la clase política dominicana eran cobrados violentamente a un pueblo entretenido entre oraciones y zambullidas.

Nadie imaginaría que al día siguiente se iniciaría una protesta que el Comité de Lucha Popular del barrio Capotillo había acordado el domingo en que Jesús subió a los cielos, en una asamblea efectuada en el Club "Florentino Santana", del sector El Manguito. En la asamblea participaron otras organizaciones de los barrios de la parte Norte de Santo Domingo.

El lunes 23 de abril había despertado risueño y la gran mayoría de la gente ignoraba lo acordado en la asamblea del pueblo, pero a partir de las 9 de la mañana era notable que todos los establecimientos comerciales de la zona empezaron a cerrar sus puertas, acogiendo el llamado a un paro de 12 horas hecho por el Comité de Lucha Popular.

Un autobús de ONATRATE que cruzó la línea de tolerancia trazada por los convocantes del paro fue incendiado en la avenida "Nicolás de Ovando", frente al hospital "Francisco Moscoso Puello", provocando que sus chispas se propagaran rápidamente por toda la pradera resentida por la política inhumana recetada al gobierno por el FMI.

Muy pronto, los convocantes del paro sectorial perdieron su control, mientras la protesta se extendía por toda la ciudad capital con su rostro cargado de violencia. En unas cuantas horas, ningún establecimiento comercial quedó a salvo del saqueo o el incendio de las masas, y rara era la calle o avenida donde no se incendiaran neumáticos que exacerbaban el espíritu público.

El gobierno reprimió con saña aquella rebelión popular. Varios dirigentes de izquierda, sorprendidos por los sucesos, fueron apresados por la Policía, mientras las centrales sindicales, tratando de pescar en río revuelto, amenazaban con llamar a una huelga general. El primer día de la "jornada" cerró con 8 muertos a tiros y cientos de heridos, entre ellos 20 policías, insuficientes para apagar la ira del pueblo que al día siguiente volvió a expresarse en casi todas las provincias y comunidades del interior.

Nuevos escenarios de protestas, con 46 nuevos muertos, con más de 200 heridos y cientos de detenidos en todo el país, eran motivos para la sospecha, y la gente del gobierno, del Partido Revolucionario Dominicano (PRD) y las Fuerzas Armadas empezaron a hablar de conspiración política, mientras la oposición, de izquierda y de derecha, agitaba tras la bambalina la tea de la insurrección que no pudo ser sofocada por la Policía y sus cascos negros. Hubo que lanzar a las calles a soldados del Ejército, de la Marina y la Fuerza Aérea para reprimir con más dureza una auténtica rebelión popular que sorprendió al país y al mundo.

En medio de nuevos disturbios, incendios y saqueos, el gobierno dispuso el cierre de varias emisoras de radio y canales de televisión, acusándolos de incitar a la violencia. Y para empeorar la situación, una misión del FMI arribó al país en medio de los desórdenes, con la encomienda de continuar las negociaciones con el gobierno dominicano que demandaba del organismo gendarme "suavizar" sus exigencias para seguir adelante con el programa de ajustes aprobado en enero de 1983.

Peña Gómez, Síndico de la capital y líder del PRD, en su discurso del 24 de abril manifestó que las alzas de precios decretadas unilateralmente por el sector comercial superaban ampliamente las dispuestas por la Secretaría de Industria y Comercio. Exhortó a los legisladores de su partido a aprobar con urgencia una ley que elevaría el salario mínimo a 200 pesos y aconsejó al gobierno a conversar con las centrales obreras porque entendía "que no era su propósito desestabilizar el orden constitucional".

Tras las propuestas de Peña Gómez, nuevos pronunciamientos retumbaron con fuerza ante la convulsa situación del país. Los jefes militares y policiales reiteraron su firme respaldo al gobierno, ante los sucesos violentos ocurridos en todos el país, "dirigidos con inspiración política", mientras los obispos exhortaban a no dejarse confundir "por los hijos de las tinieblas que nunca faltan". Por su parte, el Presidente Jorge Blanco, que había guardado un extraño silencio, se dirigió a la nación y dijo que los responsables de los disturbios fueron los reformistas y los izquierdistas. En su alocución advirtió que no le templaría "el pulso ni vacilará en ningún momento para continuar asumiendo todas las responsabilidades que el ejercicio del poder impone".

La reacción de los partidos opositores al discurso presidencial se hizo patético con las calificaciones de "falaz", "decepcionante", "frustratorio", "indignante" y otros epítetos que revelaban el grado de la confrontación, que siguió su agitado curso durante tres días de combates callejeros que ocasionaron la muerte de 107 personas, cientos de heridos y apresados y cuantiosos daños morales y materiales a la sociedad dominicana.

(Referencia: Poblada y matanza (1984). Tres días de protestas y otros relatos, del periodista Oscar López Reyes. Publicaciones del Banco Central de la República Dominicana, Santo Domingo, 2005).