Quienes fuimos fans, a finales de la década de los ´60, del cantante argentino de la nueva ola, Palito Ortega, aprendimos de la canción “digan lo que digan”, que en este país los bochinches, dimes y diretes son la fórmula de zancadilla, lo más parecido a una ladilla, y al estilo de gobernar en esta media isla de pendejos domínicos/haitianos & domínicas/haitianas.

Al tigueraje político, enquistado entre gobernantes y “oposición”, no se le pasa una y por cada movimiento de carta tiene una en la manga de la camisa. Ahora el berrinche viene a propósito de unas mutilaciones en el reformulado Código de Procedimiento Penal.

¡Que pena!

Lejos de pensar en la inseguridad ciudadana, al momento de los legisladores enmendar los entuertos de la fotocopia importada de Código de Procedimiento Penal vigente, lo primero que se hace es lamberse de un sorbido el artículo 85, lo que representa un retroceso en el avance alcanzado en la creación de mecanismos legales comprometidos con la lucha contra lacorrupción administrativa, desde el ámbito de la sociedad civil.

En el pataleo, los políticos propensos a la corrupción defienden el corte de un tajo del artículo 85, los prósperos abogados del narco y el crimen organizado destacan diez puntos que entienden los perjudican a la hora de litigar a favor de sus clientes y de paso incluyen el cercenamiento del artículo 85 en virtud de que los priva también de defender a los corruptos de oficio.

El tigueraje político quiere vender la revisión y supuesta adecuación del vendito código, como la panacea para resolver la delincuencia que “encarnan los pobres”, porque este código no aplica para políticos, ni tampoco los códigos penales aplican para los ricos.

¡Que nadie nos engañe y mucho menos nos agarre asando batatas!

No hay Código Procesal Penal que supla la ausencia de una efectiva política de seguridad ciudadana. Antes que el código, hay que desmontar a una Policía Nacional y a una Dirección General de Control de Drogas corrompidas de arriba hasta quienes aspiran a ingresar. Igual con muchos jueces y tribunales penales. Naturalmente, siempre habrá honrosas excepciones.

El código no puede castigar las deudas sociales del Estado frente a las presentes y pasadas generaciones de jóvenes que no encontraron los espacios y escenarios para formarse como técnicos y profesionales e insertarse en una economía que los acogiera como sujetos activos y competitivos para la productividad.

Por el contrario, la política ha sido desentenderse de la juventud y dejarla suelta en banda, en un sálvese quien pueda y que ¡vivan los políticos y el tigueraje!

“Nosotros –diría un político–, nos la buscamos arriba y ustedes se la buscan abajo”, solo que tanta inacción desbordó el vaso y hoy no hay fórmula químicamente pura para frenar la delincuencia, que además recibe aportes de los medios de comunicación, de la delincuencia global y de los delincuentes dominicanos expatriados de Estados Unidos y otros países.

Lo demás es un Estado perverso que entretiene a sus ciudadanos –una media isla habitada por ignorantes y pendejos– con discursos, promesas y pólvora desperdiciada en garzas.

Igual ocurre en la otra parte de la media isla.

¡Viva el código, muerte al código!

No importa, con el nuevo y con viejo, de toda manera seguiremos jodidos y a merced de la delincuencia de cuello blanco y cuello pueblo pobre.

Ojalá que Dios –un señor tan viejo y con tantas obligaciones– no se haga de la vista gorda frente a los problemas de seguridad de este pueblo indefenso y desvalido.

Oremos.