(CNN Español) - El gobernador del estado Miranda y excandidato presidencial venezolano Henrique Capriles fue inhabilitado para ejercer cargos públicos, lo que le impediría en teoría postularse de nuevo a la Gobernación del estado o eventualmente a la Presidencia de Venezuela.
La decisión fue de la Contraloría General en una resolución del 6 de abril (mira aquí la resolución).
El documento dice que se le impone "la inhabilitación para el ejercicio de funciones públicas por un periodo de quince años contando a partir de la fecha de ejecución de la presente resolución". La medida se toma por "irregularidades administrativas ocurridas durante los ejercicios fiscales 2011, 2012 y primer trimestre del 2013, en el desempeño de sus funciones como gobernador del estado bolivariano de Miranda".
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Capriles lo notificó en su cuenta en Twitter y dijo que la medida forma parte del "paquete del autogolpe".
URGENTE: Informo al país y la opinión pública internacional que se me está notificando en este momento de una INHABILITACIÓN por 15 años
— Henrique Capriles R. (@hcapriles) April 7, 2017
El secretario general de la OEA, Luis Almagro, dijo que "el único que inhabilita es el pueblo y por elecciones. Se trata de una medida típica de dictadura que viola los derechos civiles y políticos".
El único q inhabilita es el pueblo y por elecciones. C trata d medida típica d dictadura que viola los derechos civiles y políticos. https://t.co/xjDOYnizsl
— Luis Almagro (@Almagro_OEA2015) April 7, 2017
Capriles, una de las figuras de la oposición en Venezuela y derrotado en las urnas por Hugo Chávez y Nicolás Maduro, ha sido uno de los políticos más vocales contra el gobierno actual y un fuerte crítico de la decisión del Tribunal Supremo de Justicia de quitarle los poderes a la Asamblea Nacional, una medida luego suprimida por pedido del Ejecutivo pero que llevó a Capriles y a otros opositores a denunciar un "autogolpe".
La misma medida de inhabilidad se la aplicaron a Leopoldo López, el opositor que en septiembre de 2015 fue hallado culpable de los delitos de instigación pública, asociación para delinquir y determinador en daños e incendio en relación a los hechos de violencia desatados tras una manifestación opositora en febrero de 2014, que dejaron un saldo de 43 muertos. López condenado a 13 años.
