Uno de los “descubrimientos” más bochornosos para la humanidad en este Siglo XXI es la gran cantidad de niños y niñas menores de edad abusados por sacerdotes católicos. En un principio, los casos se presentaban como aislados y propios de conductas individuales desviadas de los preceptos de una institución que tiene grandes deudas con la humanidad. 

Luego de los horrendos asesinatos y torturas de la Inquisición, más toda una época de obstrucción y descrédito de avances científicos relevantes y decisivos para el progreso de la humanidad, el abuso de menores por curas católicos se vislumbra como uno de los más grandes crímenes modernos de la Santa Iglesia. 

Crimen por dañar vidas que comienzan; crimen por usar la dignidad religiosa para engatusar, pervertir y traumatizar para siempre a niños que son aviesamente manipulados para que silencien la osadía perversa de otros; crimen por la débil defensa oficial de la Iglesia que ahora afirma que no dispone de archivos y que siempre ha atendido las quejas de sus fieles en torno a estos abominables casos; crimen por ocultar, crimen por defender con el silencio, crimen por obstruir los enjuiciamientos en masa de sus enfermos.

La realidad es que en todos los niveles de mando de la Iglesia, que son mandos rígidos, disciplinados y observados, están presentes los pedófilos. Por decenios no hemos tenido ninguna respuesta ni reacción seria de las autoridades de la Santa Sede. 

Ella esperó para reaccionar varios decenios, ante el dolor y los traumas irreparables a las víctimas y sus familias, hasta que los abusos se hicieron masivos y globales. 

Sufriendo la vergüenza de las duras y oportunas críticas de la ONU frente a su evidente despreocupación por la dimensión y consecuencias del problema, la Iglesia ha respondido, por boca Monseñor Charles Scicluna, el ex fiscal de la curia en materia de delitos sexuales, que “...Hay ciertas cosas que se deben hacer de otra manera”.  

Por su parte, monseñor Silvano Tomasi, representante de la Santa Sede ante las Naciones Unidas en Ginebra, en un tímido intento por justificar tanta vergüenza, afirmó que los abusadores “…Se encuentran…entre los miembros de las profesiones más respetadas del mundo y, más lamentablemente, incluso entre miembros del clero y otro personal de la iglesia”. 

Por lo menos logramos que la jerarquía de la Iglesia Católica, por primera vez en la historia, participara en un escrutinio público ante el Comité de la ONU sobre los Derechos del Niño y abusos sexuales contra menores cometidos por sacerdotes en todo el mundo. 

No se trata de delinear políticas y procedimientos o de terminar con las prácticas de transferir de una diócesis a otra a los sacerdotes enfermos, como prometiera Tomasi ante la ONU, sino de denunciar y someter, con la mayor responsabilidad y oportunamente, a la justicia terrenal a los abusadores, no importa el país donde se encuentren ni la posición que ostenten en la jerarquía de la Iglesia.

En este sentido, no nos parecen absolutamente ciertas las declaraciones del referido monseñor, dichas en los siguientes términos: “Frente a los casos comprobados de abusos sexuales de menores bajo custodia o influencia de clérigos, la posición de las autoridades de la Iglesia ha sido que, cuando se comprueba la comisión de un crimen, éste debe ser castigado aplicando las leyes del Estado donde ha ocurrido”. Se han comprobado muchos crímenes del tipo que nos ocupa y la Iglesia ha protegido a sus pastores corrompidos.

Como sucede en un país con los presidentes, las acciones de la Iglesia dependen de las características personales, trayectoria y convicciones del Papa de turno. Ahora tenemos  a un Papa Magno, hombre visionario, un verdadero revolucionario metido por el destino en las redes de una institución milenariamente conservadora y poco locuaz cuando de sus asuntos se trata. Para él, son más que una vergüenza los “números escándalos que han azotado a la Iglesia por los abusos sexuales cometidos por religiosos”.

Para terminar con esa vergüenza universal, que mancha nueva vez la reputación de la Iglesia y la marca con  nuevos quebrantamientos de su fe y de la moral que enarbola, no podemos dejar las cosas en manos de los responsables de las diócesis de origen, es decir, de las entidades donde ocurren los abusos. Con frecuencia esos responsables callan y se hacen cómplices de esas barbaridades.  

Es necesario alertar a las autoridades ante cualquier anomalía o comentarios quejumbrosos de los menores que frecuentan las iglesias, observar de cerca a los sacerdotes, no confiarles a los niños y niñas, reaccionar oportunamente y con la debida responsabilidad ciudadana. Este sería como una especie de Tribunal de la Inquisición, esta vez, contra la Iglesia misma.